Washington DC, 7 de mayo.- Buena parte de los esfuerzos del gobierno mexicano, del estadounidense y de los líderes del congreso de ambos países están puestos en lograr una reforma migratoria antes de que concluya el año. Hay fuertes presiones y un compromiso público tanto de la Casa Blanca como de los partidos demócrata y republicano, para sacar una reforma migratoria que, en la agenda estadounidense, debe contemplar los capítulos de seguridad, sobre todo fronteriza con algún tipo de legalización de los millones de trabajadores actualmente indocumentados.
Washington DC, 7 de mayo.- Buena parte de los esfuerzos del gobierno mexicano, del estadounidense y de los líderes del congreso de ambos países están puestos en lograr una reforma migratoria antes de que concluya el año. Hay fuertes presiones y un compromiso público tanto de la Casa Blanca como de los partidos demócrata y republicano, para sacar una reforma migratoria que, en la agenda estadounidense, debe contemplar los capítulos de seguridad, sobre todo fronteriza con algún tipo de legalización de los millones de trabajadores actualmente indocumentados.
Sin embargo, no es fácil superar las dificultades que se presentan en este proceso, incluso, para muchos de los que participan en él, podría ser preferible que no haya reforma alguna en esta oportunidad, para que evitar que, dadas las actuales características de la negociación, lo que termine resultando sea una suerte de frankenstein legislativo que termine haciendo más compleja la situación migratoria y cerrando el debate hasta la próxima década.
En los hechos, el líder de la mayoría en el senado, Harry Reid ha establecido que la próxima semana, del 14 al 21 de mayo, se abrirá el debate migratorio en el pleno de esa cámara, en el marco de una negociación que inició prácticamente con esta legislatura. Primero se anunció una propuesta bipartidista presentada por los senadores John McCain, republicano de Arizona y actual precandidato presidencial por su partido y por Edward Kennedy, demócrata de Massachussets, una iniciativa que fue apoyada por un grupo de demócratas y republicanos en la cámara de representantes. Dos de ellos lograron presentar, a su vez, una iniciativa formal (apodada STRIVE act of 2007) que fue enviada para su discusión a los comités de asuntos legales y seguridad nacional y que cuenta, hasta ahora, con el apoyo explícito de 52 representantes, la gran mayoría de ellos demócratas. Como se ha conocido a través de los medios, el eje de la propuesta gira en torno a la seguridad fronteriza, un requisito que prácticamente todos los actores de la política estadounidense coinciden en que es imprescindible para avanzar en una legalización de los inmigrantes indocumentados y para abrir en el futuro nuevas plazas de trabajo. Incluso la legalización está marcada por una exigencia de seguridad interna, además de legitimar la fuerza de trabajo que el país requiere.
Pero allí nace uno de los grandes problemas para avanzar en la reforma: en lugar de establecerse un gran acuerdo de demócratas y republicanos en el centro del espectro político, pareciera que las propuestas presentadas han dado origen a una suerte de híbrido, donde coexisten las iniciativas más duras en el sentido de la seguridad fronteriza y la deportación de quienes no cumplan las reglas estrictas de migración, con las propuestas de legalización más amplias. En los hechos, aunque se presenten en forma conjunta, ambas estrategias parecen neutralizarse mutuamente, incluso si la misma fuera finalmente aprobada.
La mejor demostración de esa doble política, que trata de compensar, ante el electorado, con una mano dura una propuesta que para otros puede parecer muy blanda, es lo sucedido este cuatro de mayo. Mientras se celebraba en la Casa Blanca y el presidente Bush llamaba a aprobar antes de fin de año la reforma migratoria, mientras los líderes del congreso recibían a sus homólogos mexicanos, en la noche se realizaba una de las más grandes redadas para detener a los indocumentados que habían recibido una orden de salida del país y no la habían cumplido. La gran mayoría de ellos, por lo menos en Washington DC y su periferia, eran salvadoreños, pero sólo porque en esta ciudad son más numerosos y con una estancia más prolongada que los mexicanos. En última instancia, la reforma migratoria y su debate se aplicará por igual a unos y otros.
Lo cierto es que, hasta ahora, el comité de la cámara de representantes ha estado analizando los resultados de las reformas de 1986 y 1996 y los mecanismos de verificación a aplicar para que no se contrate trabajadores indocumentados. El debate sobre el tema, entre los representantes, que encabeza Nancy Pelosi, se cree que durará, por lo menos, durante todo mayo y podría generar un acuerdo: muchos representantes tienen el suficiente interés en el voto latino de sus distritos para que ello ocurra. Pero la situación en el senado es mucho más difícil: primero porque no representan distritos sino estados, y en ese nivel el tema migratorio suele dividir más que unir los apoyos potenciales. Se ha formado un grupo de unos ocho senadores, de ambos partidos, que buscan llegar a un acuerdo que tenga una visión un poco más amplia que las propuestas que se están viendo entre los representantes. Ya se ha presentado una iniciativa formal para encauzar la discusión con puntos y condiciones específicas que se impondrían para garantizar la legalización de los actuales indocumentados.
De todas formas el calendario juega en contra de la reforma. Si no se llega a un acuerdo entre ambas cámaras, los demócratas podrían enviar la propuesta STRIVE Act al senado. En cualquier casos habría que esperar que el senado aprobará su propia propuesta o la de los representantes, para compatibilizarla en una sola iniciativa que tendría que ser aprobada antes del 3 de septiembre (durante julio y agosto casi no hay actividad en el congreso) y someterla a la firma del presidente Bush antes de que concluya el 2007, porque en enero del 2008 ya se estará plenamente en campaña. No parece existir tiempo, aunque haya voluntad. Y paradójicamente, dados los intereses políticos en juego, quizás sería mejor esperar hasta el 2009, cuando asuma el nuevo gobierno, para sacar una propuesta más estructurada y benéfica para todas las partes involucradas. Claro, eso, hoy, nadie lo dirá públicamente en Washington porque nadie quiere aparecer como el responsable de abortar la reforma.