Se ha informado que un grupo de senadores demócratas y republicanos, han logrado un acuerdo para iniciar el debate, sobre una base común, de una propuesta de reforma migratoria que conjuga las preocupaciones, de los sectores más liberales del partido demócrata con los más conservadores del partido republicano. El resultado, aceptó el senador Edgard Kennedy, no es el que hubiera esperado, pero permitirá iniciar el debate sobre el tema en la cámara alta. En realidad, es, probablemente, uno de los peores escenarios posibles: el de la reforma frankenstein, donde se conjugan aspectos contradictorios y que pueden lesionar seriamente los derechos y la seguridad de los migrantes.
Se ha informado que un grupo de senadores demócratas y republicanos han logrado un acuerdo para iniciar el debate, sobre una base común, de una propuesta de reforma migratoria que conjuga las preocupaciones, dice la prensa estadounidense, de los sectores más liberales del partido demócrata con los más conservadores del partido republicano. El resultado, aceptó el senador Edward Kennedy, no es el que hubiera esperado, pero permitirá iniciar el debate sobre el tema en la cámara alta. En realidad, es, probablemente, uno de los peores escenarios posibles: el de la reforma frankenstein, donde se conjugan aspecto contradictorios y que pueden lesionar seriamente los derechos y la seguridad de los migrantes.
Si bien se dice que la iniciativa podría abrir la puerta a la legalización de 12 millones de migrantes, la premisa es falsa: en realidad, con base en lo que se ha conocido, el acuerdo no impulsa la reunificación o la consolidación familiar, sino la calificación profesional. Como habrá un número limitado, aún sin definir de personas que podrían acceder al nuevo status de trabajador migratorio, esos espacios se definirán con base a la preparación profesional: cuanto más alta sea su educación, más facilidades tendrá para acceder a la legalización y menores, por lo tanto las posibilidades para quienes no llenan esos requisitos. Ese, dicen las fuentes estadounidenses, es el argumento que permitió convencer a los sectores más conservadores. Y sin duda es un argumento atractivo si se quiere privilegiar una migración de mayor nivel académico y profesional, pero termina siendo profundamente contradictorio con la situación de los propios migrantes en la Unión Americana. La mayoría de quienes están indocumentados son trabajadores agrícolas o de servicios, aunque existe una tendencia creciente de migrantes con mayores niveles de educación que terminan ocupando esas posiciones pero, también paradójicamente, los puestos de trabajo que requiere llenar el sistema laboral es precisamente el de los niveles más bajos en el campo y las ciudades, de allí es la mayor demanda de mano de obra.
Por supuesto, si esos puestos, siendo bajos, pueden ocuparse con personas con un nivel mayor de educación, la ganancia crece. Pero si, al mismo tiempo, no se toma en cuenta o no se privilegia la reunificación familiar o el tiempo de estadía en el país, se dañará el entramado quizás más importante de miles y miles de migrantes, que podrían ver cómo se desintegran sus familias y relaciones.
Se asegura también que quienes están ilegales en los Estados Unidos podrían recibir una visa especial que les permitiría trabajar durante ocho años y solicitar luego la residencia para su familia. No queda claro si, como se había contemplado originalmente, para ello se requeriría que la visa se tramite fuera del país y tampoco la penalización que se establecerá: se dice que será de 5 mil dólares por persona y habrá que pagar, además, una cuota de inscripción al programa, además de pasar una revisión de no antecedentes penales. Habría un mecanismo, mediante el cual las visas se podrían renovar pero existiría la intención de que, para ello, la persona que solicite la renovación tendría que regresar a su país a vivir por un tiempo determinado antes de poder regresar legalmente, como trabajador, a la Unión Americana.
Existe un acuerdo, además, de que cualquier reforma de este tipo tendría que echarse a andar después de que se implemente el plan de seguridad en la frontera que implicaría la incorporación de 18 mil nuevos agentes y la construcción de 500 kilómetros más de bardas y controles fronterizos.
Nada asegura que esta propuesta sea finalmente aprobada, pero difícilmente podrá entenderse como una propuesta que termine siendo benéfica para la mayoría de los migrantes. Es una propuesta que afectará a los trabajadores manuales del campo y la ciudad, que dificultará su legalización e inserción, que privilegiará la migración de personas con mayor nivel de educación (lo que terminará afectando a las naciones que, como México, financiarán esa educación y la exportarán sin beneficio alguno para el país), dificulta las posibilidades de obtener las residencia permanente y la naturalización. Es, como se había dicho, una reforma frankenstein, que para sacar adelante una iniciativa con intereses electorales contradictorios, ha incluido las demandas de los sectores más conservadores y de los más liberales pero que no compatibiliza ambos.
Y debemos insistir en un tema: si se aprueba una reforma de estas características, se cancelará la posibilidad de volver a debatir el tema por lo menos en la siguiente década. Es políticamente correcto hablar a favor de la reforma migratoria. Pero la verdad es que si la reforma se llegara a aprobar en estos términos, serán muchos más los daños que los beneficios.
Nada como la coherencia
En la campaña electoral Andrés Manuel López Obrador, su partido el PRD y la coalición por el bien de todos, coincidieron e hicieron pública la propuesta de que el ejército se hiciera cargo de la lucha contra el narcotráfico, se incrementaran sus facultades y atribuciones, garantizando con su “espíritu de servicio” su incorruptibilidad. Las policías, según el candidato, el partido y la coalición, estaban rebasadas y corrompidas. Ahora esa misma táctica es calificada, dice López Obrador, como el regreso a “la fuerza bruta” y la posibilidad de que el ejército se corrompa y se convierta en un violador de los derechos humanos, dice Carlos Navarrete ya está aquí, al reclamar que la policía reemplace al ejército en esa tarea. Incluso el también senador Ricardo Monreal, llega a decir que el asesinato de Nemesio Lugo se produjo porque éste, desde inteligencia de la PGR, tenía información de cómo el narcotráfico había infiltrado al ejército. ¿Cuándo se equivocaron, habrá que preguntarse, en la campaña o ahora?