La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido con la parte medular de su análisis sobre las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones. Se ha hablado mucho al respecto y se ha explicado poco, incluyendo a la propia Corte, a quienes respaldan esa ley y quienes la rechazan.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido con la parte medular de su análisis sobre las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones. Se ha hablado mucho al respecto y se ha explicado poco, incluyendo a la propia Corte, a quienes respaldan esa ley y quienes la rechazan.
Una querida amiga, especialista en el tema y una de las actuales coordinadoras para la reforma del Estado (que incluye muchos capítulos relacionados con los medios), María Amparo Casar, me preguntaba por qué no había escrito sobre la ley y si había censura o autocensura en los medios respecto a ese debate. En mi caso no ha habido ni una ni la otra. No escribí sobre la ley de radio y televisión porque me parece un tema que se ha politizado y partidizado hasta la exageración, y donde muchos de los participantes en este debate tienen posiciones tomadas pero muy poca o nula información (y formación) real sobre él.
Debo reconocer que las posiciones políticas alrededor de la reforma no dejan de sorprenderme en una etapa en la cual uno pensaría que ya no se sorprende de nada. Primero, porque ninguno de los principales protagonistas en todo el proceso de discusión y aprobación de esa ley sentaron una posición pública y ello incluye a los entonces candidatos Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, tampoco lo hicieron sus partidos o coaliciones. Sorprende, porque uno de quienes respaldaron esa ley en su momento, el actual coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel, reconoce ahora que se sufrieron presiones para aprobarla. Sorprende porque la ley fue aprobada por unanimidad en el senado y por amplísima mayoría en la cámara de diputados. Y se supone que diputados, senadores, partidos y candidatos cada vez que aprueban o rechazan una ley saben qué presiones soportarán.
Me sorprende finalmente que estén felicitándose, festejando, los resolutivos de la Corte, sean éstos justos o no, vea a intelectuales absolutamente respetables con personajes que nada tienen que ver con el sector, que han cambiado en múltiples ocasiones de camiseta al respecto, incluso algunos que fueron responsables de férreos controles y censura de los medios desde posiciones de poder, incluso acusados de instigar la muerte de algún célebre comunicador. Y que son los mismos que también participan activamente en el debate energético y que proponen continuar con una legislación que en el mundo sólo nos une con Corea del Norte. No se trata de campaña de difamación alguna, sino de hechos comprobables: simplemente no me gustaría, en este tema u otro, ser compañero de ruta de alguno de esos personajes que representan mucho de los estilos y formas de la política que pensábamos desterrada. Pero ya sabemos que en demasiadas ocasiones, en nuestro país, las tendencias más regresivas pueden disfrazarse e incluso ser aceptadas como progresistas.
Con la decisión de la Corte prácticamente se tendrá que redactar una nueva ley de radio y televisión y realizar innumerables reformas a las reformas. Habrá en la parte técnica, en los mecanismos de convergencia, en el llamado triple play, en muchos otros capítulos, mucho por ver y analizar y deben hacerlo más los expertos que los políticos que defienden otro tipo de intereses. Se haya equivocado o no la Corte en su decisión, debe ser aceptada y lo cierto es que ha cumplido con su papel y abre un espacio nuevo para el debate y el análisis de un tema medular. Espero que no quede abierto tanto tiempo que la realidad nos avasalle.
Con todo quizás las reformas de la reforma, fuera de aspectos técnicos que no conozco en profundidad, deberían abordar dos capítulos claves para la verdadera expansión del sector, en forma similar a cómo lo han hecho otros países. Porque si de lo que se trata es de generar nuevas opciones, de diversificar y ampliar la oferta y no sólo de disputar espacios o negocios, el punto decisivo está en abrir, por ley, una parte de la programación de televisión a producciones independientes, como hicieron Estados Unidos o la Comunidad Europea. Desde entonces buena parte de los grandes éxitos de las cadenas de esos países han surgido de productoras independientes, desde Los Sopranos hasta Big Brother, productos que en muchas ocasiones han sido luego adquiridos por las grandes cadenas. En algunas legislaciones se obliga a incluir de un diez a un 30 por ciento de producciones independientes en la programación, en algunas eso se hizo por un periodo de tiempo específico. Y tiene lógica, porque son muy pocos los empresarios con capacidad para comprar o lanzar una gran cadena de televisión, pero no es difícil tener una buena idea y lograr apoyos para una productora que ofrezca su producto al mercado de las grandes cadenas (si ese mercado tiene una puerta abierta). De la mano con ello, sería imprescindible, también, el mecanismo que haga obligatoria la emisión de todos los canales de televisión abierta en los sistemas satelitales o de cable, sobre todo cuando se aproxima una etapa de obligada digitalización de todos los sistemas y éstos irán reemplazando a las señales abiertas. En ese sentido, México y Turquía (que está revisando su legislación por sus intentos de incorporarse a la Unión Europea) parecen ser los países más atrasados del mundo. A ello se podría agregar una relación mucho más estrecha de los grandes medios con el mundo del cine y la producción de éste, con apoyos financieros y fiscales.
Sin duda debe haber mucho más que se puede hacer, pero desde la perspectiva de agilizar y aceptar la competencia, de generar alternativas y fuentes de trabajo, de opciones, en lo personal me conformaría con esas reformas. Después el mercado, si se garantiza seguridad jurídica y el Estado no actúa discrecionalmente, determinará el número de cadenas, las posibilidades financieras y las capacidades de los grandes jugadores en el sector.