Ya quedará para los fiscalistas analizar a detalle las diferentes propuestas que incluye la reforma hacendaría presentada la semana pasada, pero luego de una revisión de la misma se pueden sacar conclusiones sobre lo que se busca, qué se logra y qué no a partir de ella.
La primera, es que ésta no es la reforma fiscal de la que tanto se ha hablado y que llevamos más de doce años sin poder sacar adelante; lo que se ha hecho en esta ocasión es tomar una serie de decisiones que permitan en primera instancia, incrementar la recaudación como porcentaje del PIB de forma tal de contar con mayores recursos para el gasto social de los gobiernos.
Ya quedará para los fiscalistas analizar a detalle las diferentes propuestas que incluye la reforma hacendaria presentada la semana pasada, pero luego de una revisión de la misma se pueden sacar conclusiones sobre lo que se busca, qué se logra y qué no a partir de ella.
La primera, casi obvia conclusión, es que ésta no es la reforma fiscal de la que tanto se ha hablado y que llevamos más de doce años sin poder sacar adelante. En todo caso, lo que se ha hecho en esta ocasión es tomar una serie de decisiones que permitan, en primera instancia, incrementar la recaudación como porcentaje del PIB de forma tal de contar con mayores recursos para el gasto social de los gobiernos (porque una parte sustancial de ese incremento, un tercio, se destinará a los estados y municipios). Es, en este sentido, una suerte de estrategia de acercamientos sucesivos que en la medida en que se vayan dando cada uno de los pasos podrá continuar avanzando. Tiene el mérito, si se logra sacar adelante, de romper el estancamiento en el que se había caído ante la imposibilidad de avanzar en una reforma más de fondo. También el de aparentemente castigar más a los sectores de mayores ingresos pero en particular a aquellos que mediante mecanismos fiscal logran eludir (que es distinto que evadir) el pago de los impuestos. En un país con desigualdades tan marcadas como el nuestro, no es un tema menor para comenzar una reforma fiscal. Tiene un tercer mérito: comienza a establecer mecanismos para controlar, así sea muy indirectamente, a la economía que se mueve en la informalidad y que es un poco más de un tercio del total. Y finalmente, está imbuida de un espíritu federalista que debería llevar no sólo a entregar mayores recursos a los estados y municipios sino también a que éstos se comprometan mucho más con la recaudación y con la rendición de cuentas.
Tiene grandes carencias también. La primera y obvia es que, una vez más, se dejó de lado la implementación de un impuesto universal que incluya a todos en el esfuerzo fiscal. Demagogias aparte, ese impuesto, en todo el mundo, es el IVA: existe una inocultable tendencia internacional a establecer impuestos al consumo rígidos y altos que universalicen la recaudación mientras que se establecen tasas relativamente bajas de ISR para impulsar el consumo y la inversión, capitalizando ese crecimiento en una mejoría del nivel de vida y una recaudación mayor, vía los mecanismos de fiscalización del consumo. Ese paso no se ha podido dar, ni siquiera estableciendo una canasta básica de medicamentos y alimentos exentos. La oposición al IVA no tiene ninguna racionalidad económica, pero funciona políticamente y por ello es utilizada. Esa oposición es la que hace más complejo todo el proceso y obliga a buscar caminos indirectos que aumenten la recaudación y sensibilicen a la sociedad y los partidos sobre la necesidad de avanzar en esos impuestos universales.
Por eso, llama la atención la falta de sensibilidad de ciertos sectores empresariales que hace apenas un año estaban dispuestos a lo que fuera con tal de que no llegara a al poder una alternativa populista-autoritaria, como la que representaba López Obrador, y ahora no quieren sacrificar nada para consolidar un sistema más democrático. Le memoria, ya lo sabemos, nunca ha sido el fuerte de nuestra sociedad.
Ello no quita que la reforma, como dijimos, no tenga puntos oscuros o carencias manifiestas. La primera, la ausencia de un mecanismo de tributación universal. Porque sigue trabajando sobre la base de causantes cautivos: modifica la estructura fiscal, en unos casos para bien, en otros para mal, pero no aumenta significativamente el número de quienes pagan impuestos, y ese sigue siendo un porcentaje escandalosamente bajo de la población. Tampoco parece simplificar el pago: al contrario, con alguno de los mecanismos establecidos, sobre todo para medianas y pequeñas empresas y para los profesionistas independientes, el pago de impuestos se torna más complejo.
Y finalmente no ha incluido un cambio en el régimen fiscal de PEMEX, un capítulo central en el esquema hacendario del país, desde el momento en que el 40 por ciento de los ingresos fiscales provienen de la paraestatal y la sangría es tan severa que le ha impedido crecer y trabajar como lo que debería: una de las petroleras más grandes del mundo. No se ha explicado porque el régimen fiscal de PEMEX no está incluido en la reforma: muy probablemente, ello puede o debe ser parte de una reforma ulterior que incluye el resto del sector energético o puede ser, también, uno de los capítulos que quedan a disposición del congreso para operar en las negociaciones subsecuentes. Pero debería quedar claro que sin reformas en Pemex, todo lo demás sigue siendo parte de un sistema inestable y endeble.
La idea que subyace en la reforma termina siendo lo más importante. Insistir en que la reforma beneficiará a los que menos tienen es central pero debe reflejarse, también, en hechos. No estaría nada mal que desde el propio gobierno federal (y en los locales que apoyen la reforma) se establecieran compromisos concretos de acuerdos a los incrementos fiscales que se obtengan. Las buenas intenciones no pueden quedarse, cuando se habla del dinero de los contribuyentes, sólo en eso.
Benjamín Hernández y Murat
La semana pasada escribimos, en relación con lo que sucede en Oaxaca, que el empresario Benjamín Hernández Ruiz había sido uno de los socios del ex gobernador José Murat. Sus familiares han sido insistentes en establecer que nunca hubo tal sociedad. Lo hemos vuelto a investigar y es verdad: no hubo sociedad, lo que no impidió que la empresa Cimaplas haya tenido una muy buena relación con la anterior administración oaxaqueña y que existan investigaciones que han puesto al descubierto peculiares relaciones de poder entre ciertos empresarios y la anterior administración. Aún queda mucho por ver.