Partamos de un principio: el hijo de López Obrador, como cualquier persona, tiene todo el derecho a trabajar, de tener un ingreso decoroso y de avanzar en su carrera profesional. Nadie puede estar en desacuerdo con ello y sería profundamente injusto, como sí ha ocurrido en muchas otras ocasiones, que se cancelen esas oportunidades por un simple parentesco con un político en funciones.
Lo que no es justo y no es legítimo es que se nos quiera engañar, que se pregone y exija a los demás una cosa y se haga exactamente lo contrario en el ámbito familiar: eso se llama doble moral.
Partamos de un principio: el hijo de López Obrador, como cualquier persona, tiene todo el derecho a trabajar, de tener un ingreso decoroso y de avanzar en su carrera profesional. Nadie puede estar en desacuerdo con ello y sería profundamente injusto, como sí ha ocurrido en muchas otras ocasiones, que se cancelen esas oportunidades por un simple parentesco con un político en funciones.
Lo que no es justo y no es legítimo es que se nos quiera engañar, que se pregone y exija a los demás una cosa y se haga exactamente lo contrario en el ámbito familiar: eso se llama doble moral. López Obrador durante años fustigó a quienes tenían familiares en el gobierno pero resulta que su hijo trabajaba en el gobierno del DF, según la propia declaración de José Ramón López Beltrán, desde antes de que asumiera su actual responsabilidad, en enero de este año, como subdirector de área en la Procuraduría del DF. Pero López Obrador y las autoridades del DF jamás informaron al respecto. Resulta que el ex candidato presidencial que acusó a sus adversarios de enviar a sus hijos a universidades privadas, de no apoyar la educación pública, que creo un elefante blanco llamado Universidad del DF (hasta ahora inédita en el terreno académico), enviaba a su hijo a una de las cuatro universidades privadas más caras del país (y de muy bien nivel académico pero indiscutiblemente conservadora). Otra vez: no es ningún pecado que los hijos de un político vayan a una universidad privada, pero no se vale ocultarlo al tiempo que se critica a los demás por ello. Ahora nos enteramos que López Obrador, que dice vivir con 50 mil pesos mensuales, y que le alcanzan para mantenerse él y su familia (ahora de cuatro hijos) resulta que pagaba esa misma cantidad semestralmente de colegiatura para la universidad de su hijo mayor, fuera de los libros y toda la larga lista de costos que genera la educación superior en esos niveles.
El joven José Ramón dice que nadie lo conocía en el lugar donde trabajaba por quiere mantener un bajo perfil. Y dos reporteros los buscaron de sábado a lunes en las mismas oficinas donde apareció el martes, sin encontrarlo y sin que ni siquiera sus hipotéticos compañeros de trabajo supieran de su existencia. Pero la verdad es que José Ramón no ha tenido un perfil bajo: es uno de los principales operadores políticos de su padre y como tal debe ser considerado. Los ejemplos son públicos: el domingo José Ramón estaba en la primera fila del presidium durante el acto organizado por su padre en el Zócalo. Pero más allá de eso: el dos de julio del año pasado, López Obrador no envió a la principal empresa de televisión del país a ninguno de los dirigentes perredistas o de la coalición, sino a su hijo José Ramón: de ese nivel es la confianza personal pero también política. José Ramón estuvo en Televisa para “supervisar” desde allí el manejo informativo y los números que llegaban a la empresa. No lo dicen los adversarios de López Obrador, lo sostiene él mismo en su libro.
Por eso mismo no es siquiera creíble que Marcelo Ebrard o Rodolfo Félix Cárdenas, el procurador capitalino, no estuvieran informados de que el hijo mayor de su jefe político trabajara para ellos. Incorporar o no a la nómina a un personaje político, hijo de un señor que se dice “presidente legítimo” del país, no es una decisión menor. Tampoco lo es que todos los registros sobre José Ramón estuvieran borrados: se supo de que cobraba en la PGJDF porque apareció su ficha curricular, pero no aparecía en los listados de empleados, ni en las listas de nómina. Curioso error de sistema. Peor aún, quedó el desprestigiado (por su dependencia del gobierno capitalino) instituto de transparencia del DF, cuyo presidente, Oscar Guerra Ford, argumentó que esos datos “quizás” se habían borrado para garantizar “la seguridad” de López Beltrán. ¿Desde cuándo los datos de un funcionario público pueden ser borrados para esa razón si sus responsabilidades no lo ameritan?. El joven José Ramón es un funcionario administrativo como cualquier otro y resultaría inadmisible que se “borraran” sus datos por su parentesco. Que no haya figurado en los registros de la dependencia debería ser un motivo de indagatoria del instituto de acceso a la información del DF: las “explicaciones” de la omisión las deben dar otros, no el indulgente presidente del instituto.
Insistimos, el tema no es que López Beltrán trabaje en el DF o dónde haya estudiado, sino que el dirigente político que es su padre y las autoridades que de él dependen, tergiversaron u ocultaron información. Dijeron una cosa e hicieron otra.
La actitud se extiende a casi todo: López Obrador, que no detenta cargo alguno en el PRD o el Frente Amplio (incluso la llamada “presidencia legítima” es una autodesignación) ordenó el domingo a los legisladores de esas fuerza políticas que hubiera “cero negociación” respecto a la reforma fiscal. Desde entonces, los legisladores perredistas han estado haciendo acrobacias con el lenguaje para tratar de explicar su actitud de querer ser parte de la negociación y al mismo tiempo rechazarla. El hecho es que otra vez se quedaron, por decisión de su “líder”, afuera.
El PRD está estudiando la expulsión de Ricardo Monreal del partido por haber apoyado a candidatos de otras fuerzas en Zacatecas, pero lo cierto es que el senador jamás ha sido descalificado por ello por su jefe político. Y, al mismo tiempo, el supuestamente expulsado René Bejarano, preside públicamente las reuniones de la corriente Izquierda Democrática Nacional de cara al congreso del PRD, apoyando a López Obrador y a Alejandro Encinas, y nadie, salvo la corriente Nueva Izquierda, lo cuestiona. Luego se asombran de que en Yucatán, Zacatecas, Durango y Chihuahua, los resultados electorales del PRD hayan oscilado entre malos y catastróficos.