La declaración pasó prácticamente inadvertida pero el miércoles el legislador perredista Raymundo Cárdenas (un político muy cercano a la gobernadora Amalia García) dijo que a fin de julio se podría votar en comisiones el sacar adelante un periodo extraordinario en el que se abarcaran diferentes temas, desde la reforma fiscal hasta la electoral, pasando por la modificación del informe presidencial del primero de septiembre.
En estos días se han acelerado las consultas respecto a la reforma hacendaría y resulta evidente que los gobernadores priistas están dispuestos a apoyar la medida: una reforma como la propuesta implicaría un incremento en los ingresos directos en la mayoría de los estados sucedería lo mismo: sean PRI, PAN o PRD.
La declaración pasó prácticamente inadvertida pero el miércoles el legislador perredista Raymundo Cárdenas (un político muy cercano a la gobernadora Amalia García) dijo que a fin de julio se podría votar en comisiones el sacar adelante un periodo extraordinario en el que se abarcaran diferentes temas, desde la reforma fiscal hasta la electoral, pasandoo por la modificación del informe presidencial del primero de septiembre.
La declaración es importante por el declarante y porque esa posibilidad es real. En estos días se han acelerado las consultas respecto a la reforma hacendaria y resulta evidente que los gobernadores priistas están dispuestos a apoyar la medida: Ney González, el mandatario nayarita fue explícito luego del encuentro de los mandatarios del PRI con el presidente Calderón: una reforma como la propuesta implicaría para su estado un incremento de 30 por ciento en sus ingresos directos. Y en la mayoría de los estados sucedería lo mismo: sean del PRI, del PAN o del PRD los gobernadores ven algo más que atractiva la propuesta porque en todos los casos implica recursos extras.
El principal tema a debate es el famoso CTU. Todo indica que el mismo resulta un buen mecanismo con dos objetivos claros: establecer una suerte de impuesto mínimo obligatorio que afectaría sobre todo a los sectores que gozan de regímenes especiales (particularmente a ciertas empresas del ramo agropecuario y de transportes) y a las que logran compactar sus cuentas reduciendo sustancialmente los montos de lo que deberían pagar. En realidad, es un ajuste que la gran mayoría de las grandes empresas podrán absorber con algunas modificaciones.
Según lo que se dice el eje de la negociación podría pasar por una reducción del CTU en su primer año al 12 por ciento en lugar del 16 propuesto y en un mecanismo que permitiera deducir inversiones previas al 2008. Falta establecer el mecanismo y el periodo de deducibilidad de las mismas. El impuesto del dos por ciento a las operaciones en efectivo parece pasar sin mayores problemas y los demás podrían ser ajustes menores. En el ámbito empresarial la demanda es que se amplíe el número de causantes, que sean más quienes aporten. En este sentido habrá algunos avances pero no los suficientes porque el CTU no alcanza para eso y el impuesto de las transacciones en efectivo tiene límites aunque puede ser un mecanismo que, desarrollado ulteriormente, con otras medidas adicionales puede dar resultados interesantes. Existe una demanda amplia, y justa, en otros dos sentidos: primero, que el gobierno federal (y asumiendo el alto porcentaje de recaudación que iría a los estados, también las administraciones locales) realice un verdadero ajuste al gasto público. También se demanda mayor claridad respecto a en qué se gastarán esos recursos: está bien que se diga que la reforma hacendaria se hace en beneficio de los pobres y que se presione, sobre todo, a los sectores de mayores ingresos pero ello no evita la pregunta respecto a en qué se van a gastar los mismos. El gobierno federal anunciará en estos días el plan nacional de infraestructura que contendrá muchos de esos elementos, pero quizás habría que colocar aún más el acento en esos temas. El ejemplo quizás no sirve porque se trata de una economía y sobre todo de una clase política más seria que la nuestra, pero en Chile el principal argumento del entonces presidente Ricardo Lagos para aumentar el IVA fue que esos márgenes adicionales se destinarían por completo a mejorar la educación y estableció mecanismos de medición autónomos para ello. Claro que en Chile se pueden dar ese lujo porque sus índices de recaudación, como porcentaje del PIB, son el doble que en México. Y allá, como en el resto del mundo, nadie duda que el IVA es el instrumento idóneo para universalizar la recaudación.
Entonces los términos estrictamente económicos de la reforma parecen estar bastante acotados. El problema mayor son los políticos. Y ello reside, sobre todo, en los legisladores. De la misma manera en que los gobernadores están más que interesados en que salgan las reformas, en el congreso existe mayor reticencia, porque se quieren aumentar los costos de la negociación, ampliándola a otros temas que poco o nada tienen que ver con el objetivo central. El tema pasa, prioritariamente, por el priismo, que una vez más debe definir su perfil y decidir a qué va a apostar. Puede, y lo está haciendo, estirar la liga pero si la rompe pagará costos muy altos. En estos momentos tiene márgenes por la automarginación del perredismo, pero pareciera que está llegando a ese límite: si deja las reformas para el periodo ordinario comenzará a pagar costos que se pueden acrecentar con el paso de los días y con el inicio de una nueva parálisis legislativa. Con todo, parece que existe conciencia en el priismo de hasta dónde se puede llegar. El problema es que el frente interno y las diferencias entre gobernadores y legisladores tienen, también, un perfil demasiado futurista.
Tres preguntas sobre seguridad
Primero. Está bien que se exija más capacidad y operación al CISEN pero ¿no son los mismos legisladores que lo exigen los que le han reducido el presupuesto?¿no son los mismos que rechazan las medidas de seguridad imprescindibles para avanzar con mayor certidumbre en la lucha contra del crimen organizado, difícil de deslindar de ciertos grupos armados? Segundo. ¿de dónde sacó Beatriz Pagés que los casos Ahumada y Ye Gon son similares porque “ambos llegaron a México para ligarse a grupos de poder para hacer negocios ilegales”? Ahumada llegó a México cuando era un niño, como asilado. Ye Gon hace apenas una década para dedicarse finalmente al narcotráfico: ¿tiene Beatriz algún indicio de que Ahumada se haya dedicado al narcotráfico? Tercero: ¿por qué no aparece la secretaría de Gobernación cuando se presentan ataques como los atribuidos al EPR?