Sin política interior, una inteligencia desintegrada
Columna JFM

Sin política interior, una inteligencia desintegrada

Los atentados realizados por el EPR en gasoductos de Guanajuato y Querétaro, han puesto en el centro del debate político las capacidades del CISEN para estar informado e impedir este tipo de acciones. Tanto comunicadores como políticos de diferentes partidos han responsabilizado a Centro de Investigación y Seguridad Nacional de no haber podido prever los acontecimientos y se han reiterado las opiniones respecto a que su director, Guillermo Valdés Castellanos, no tenia experiencia en materia de seguridad.

Los atentados realizados por el EPR en gasoductos de Guanajuato y Querétaro, han puesto en el centro del debate político las capacidades del CISEN para estar informado e impedir este tipo de acciones. Tanto comunicadores como políticos de diferentes partidos han responsabilizado a Centro de Investigación y Seguridad Nacional de no haber podido prever los acontecimientos y se han reiterado las opiniones respecto a que su director, Guillermo Valdés Castellanos, no tenía experiencia en materia de seguridad.

En parte tienen razón, pero el problema es mucho mayor: el CISEN desde hace tiempo ha perdió atribuciones, personal y recursos para cumplir con sus responsabilidades originales. En los hechos no tenemos una instancia centralizadora de las actividades de investigación y seguridad. Y muchos de los mismos que ahora demandan que el Cisen estuviera informado de lo que planeaba el EPR, en el pasado reciente lo han criticado por haber intervenido en investigaciones internas, relacionadas con la política nacional.

Los problemas comenzaron con el sexenio anterior. Uno de los principales críticos del Cisen fue el ahora fallecido Adolfo Aguilar Zinder, quien al inicio de la administración Fox, como consejero de seguridad nacional, planteó la necesidad de transformar al Centro hasta prácticamente hacerlo desaparecer o que dependiera directamente de la instancia que él coordinaría y que nunca pudo funcionar como tal. Adolfo no logró esa transformación pero sí logró, con el apoyo del presidente Fox, impulsar una serie de modificaciones estructurales que, hasta el día de hoy, dañan severamente el trabajo de seguridad: no sólo se quitó a la secretaría de Gobernación lo que ahora es el área de seguridad pública sino que se le quitaron al Cisen sus facultades operativas. En los hechos, y con el paso del tiempo, el Cisen se convirtió mucho más en un centro de análisis que en un verdadero generador de inteligencia y dejó de ser, hace ya años, una institución con capacidad operativa real.

Esos movimientos provocaron una dispersión de esfuerzos e impidieron la consolidación del Cisen, como el centro de seguridad nacional, inteligencia, información y de amplios márgenes de operación con que había sido concebido en sus inicios, sobre todo por Jorge Tello Peón. Esa estructura creada por Tello, adscripta a Gobernación y conservando dentro de esa dependencia las áreas de seguridad, fueron las que mejor funcionamiento han tenido en mucho tiempo, sobre todo cuando fueron secretarios de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa y luego Diódoro Carrasco. En esos años, por ejemplo, las organizaciones armadas fueron prácticamente desarticuladas, en especial el EPR, luego de los ataques a La Crucecita y Tlaxiaco.

Ese esquema fue el que se rompió con los cambios realizados al inicio del gobierno de Vicente Fox, incrementados por las divergencias entre los distintos mandos en las áreas de seguridad de entonces.  El Cisen, durante el periodo de Eduardo Medina Mora, pudo mantener parte de su capacidad de gestión, pero cuando el actual procurador pasó a la SSP se llevó a parte del equipo del Centro; casi toda el área operativa ya se había ido con Genaro García Luna a la AFI; área operativa de la cual Alejandro Gertz Manero se había desecho por diferencias con Wilfredo Robledo Madrid y el propio García Luna y, en los hechos, el Cisen quedó desarticulado. Durante el periodo de Carlos Abascal en Gobernación, el Cisen perdió aún más protagonismo, personal y presupuesto. Hoy sus recursos económicos son comparativamente menores a los que tenía hace siete años, y su presupuesto no sobrepasa los cien millones de dólares. La información y la inteligencia se han dividido entre la SSP, la AFI, el ejército, la marina y algunas agencias estatales.

Nadie debería, entonces, extrañarse de que el Cisen no hubiera podido prever los atentados del EPR. Primero, porque cuidar 60 mil kilómetros de ductos es imposible, pero sobre todo porque la labor de inteligencia que sobre el propio EPR y otros movimientos armados se había realizado durante años en ese ámbito, hoy está fragmentada entre cinco o seis dependencias.

Pero hay algo más delicado en todo esto: es el papel de la secretaría de Gobernación. También desde el inicio del sexenio anterior, Gobernación pasó de ser una suerte de ministerio del Interior a una secretaría de concertación política, con graves daños a la gobernabilidad y el control de la seguridad interna del país, en un marco de profunda indisciplina gubernamental. En este sexenio, Los Pinos logró recuperar el control y la disciplina del gabinete, pero la secretaría de Gobernación no ha hecho lo propio. No se puede reclamar una mayor presencia del Cisen, aunque sea necesaria, cuando la operación desde las propias oficinas de Bucareli ha estado ausente en estos temas. La mejor analogía de esta situación es que en el contexto de los atentados del EPR, el secretario Francisco Ramírez Acuña se fue de vacaciones y no regresó hasta que hubo un pedido expreso de Los Pinos para que lo hiciera. Por eso no apareció en aquellos días.

Si hay una carencia en el esquema de gobierno de Calderón, esa es la del control interno, la de la inexistencia de un fuerte ministerio del Interior, imprescindible para operar el diseño que el propio presidente Calderón ha planteado. Sin ese componente, ese protagonismo y esa capacidad de operación, la inteligencia siempre seguirá siendo débil y estará dispersa. Se debe reforzar toda la estrategia de política interior, y esa es una decisión política, operativa, que trasciende las atribuciones legales de la propia SG o del Cisen. La administración Calderón necesita una base mucho más firme en ese ámbito. Está a tiempo para realizar los ajustes que sean necesarios, en lo político y en lo institucional.

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