Cuando se registró como candidato presidencial ante el IFE, en la primera fila de los invitados de Andrés Manuel López Obrador no estaban los dirigentes del PRD ni de la Coalición por el Bien de Todos, tampoco muchos de los intelectuales que hicieron suya la causa del tabasqueño. En la primera fila estuvieron los representantes de un grupo de constructores que realizaron todas las grandes obras de ese sexenio, obras otorgadas sin licitación, por adjudicación directa y sin que se rindieran cuentas de las mismas.
Cuando se registró como candidato presidencial ante el IFE, en la primera fila de los invitados de Andrés Manuel López Obrador no estaban los dirigentes del PRD ni de la Coalición por el Bien de Todos, tampoco muchos de los intelectuales que hicieron suya la causa del tabasqueño. En la primera fila estuvieron los representantes de un grupo de constructores que realizaron todas las grandes obras de ese sexenio, obras otorgadas sin licitación, por adjudicación directa y sin que se rindieran cuentas de las mismas. El distribuidor vial de San Antonio y el famoso segundo piso del Periférico capitalino, paradigmas de la improvisión y la mala factura urbanística, obras que llevan meses en funcionamiento y ni siquiera están, aún hoy, plenamente terminadas, fueron el estandarte de una campaña que en buena medida fue financiada por esos constructores privilegiados con contratos, permisos, candidaturas.
Parecía que Marcelo Ebrard iba a terminar con esa práctica pero ya hemos visto que no es así: la sujeción a López Obrador se da también con sus antiguos socios. La mejor demostración es la llamada torre del Bicentenario. No siendo suficiente la ocurrencia de adelantar la fecha de la Independencia para iniciar las celebraciones dos años antes, la primera acción en relación con ella es una torre monumental de 260 metros de alto y más de setenta pisos, ubicada a unos metros de la residencia oficial de Los Pinos. La obra anunciada por el propio Marcelo Ebrard tendría una inversión de 600 millones de dólares de parte del grupo Danhos, casualmente uno de los privilegiados con obras públicas y permisos de construcción de todo tipo (parque Delta, parque Lindavista, parque Alameda, entre otros muchos) durante el sexenio pasado.
La noticia no tendría nada de malo, al contrario, si no fuera por unos pequeños detalles. El principal es que en la zona, según el plan regulador, aprobado por la propia asamblea legislativa del DF y respaldado por el GDF, no se pueden construir más de siete pisos y la torre en cuestión multiplica por diez esa cantidad. Un segundo problema, es que se anunció la construcción, pero nadie se ha molestado siquiera en solicitar el permiso respectivo en la delegación Miguel Hidalgo. Y un tercer problema adicional: en el predio donde se plantea construir la torre ya existe un edificio considerado patrimonio nacional por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y obviamente no se los puede derribar sin el permiso correspondiente del INBA, al que no se le ha solicitado el mismo y que no tendría porqué otorgarlo, ya que ello sería una acción que haría irrecuperable ese patrimonio. Olvidemos otros problemas adicionales, como que no existen las vialidades para dar cauce al tránsito que generaría esa obra, que estéticamente el edificio es un adefesio o que incluso obligaría a cambiar las rutas aéreas de ingreso al aeropuerto de la ciudad de México, como han advertido los pilotos. El problema es otro: una vez más, como ocurrió en todo el sexenio pasado, el GDF es el primero que viola su propia normatividad. La leyes son para los otros, no para los gobernantes.
Así, las marchas y plantones se desarrollan con toda impunidad aunque violen las normas expedidas por el gobierno capitalino; así el nuevo reglamento de tránsito es inflexible con los conductores, pero generoso con los grupos clientelares que van desde los peseros a los taxis piratas; así a los trabajadores de la Setravi (y del GDF todo) se los obliga a pagar un diez por ciento de su salario para apoyar el “gobierno legítimo” de López Obrador. Y ocurre con los permisos, donde se ha permitido a los amigos todo tipo de abusos en la edificación de edificios donde no existía autorización para realizarlos: allí están todos los nuevos edificios sobre la calle de Arquímides, la torre Optima Tres, el edificio de Reforma y Periférico, muchos de edificios construidos en colonias como la Del Valle o la Nápoles, donde ya no son suficientes los servicios para abastecer el ritmo de construcción.
Dice Ebrard que la Torre del Bicentenario “molestó a los panistas”. Me imagino que sí, como debería molestar a cualquiera que viera que las normas y las leyes son ignoradas con tanto desparpajo. Más aún cuando la relación política de los constructores con el gobierno capitalino (el actual y el pasado) es obvia: tuvieron permisos para todo y hasta se les dio la candidatura del PRD en la Miguel Hidalgo, con Elvira Daniel, hermana del principal accionista de grupo Dahos.
Ni la ciudad, ni sus trabajadores ni quienes transitan por ella son propiedad de sus gobernantes, no pueden hacer lo que se les ocurra con ella. No pueden anunciar con bombos y platillos una obra que no cumple con los requisitos legales mínimos, aunque sea de un amigo y financista de campaña; no pueden imponer un reglamento de tránsito que se aplica selectivamente (una vez más los amigos no están obligados a cumplirlo) y ni siquiera se nos informa a dónde irán a parar las millonarias multas resultantes de la estricta fiscalización policial; no pueden obligar a los trabajadores a financiar las aventuras de López Obrador; no pueden prometer que erradicarán el comercio ambulante del centro histórico aplicando la misma medida que aplicaron esos mismos funcionarios, comenzando por Ebrard, a principios de los 90: expropiaciones para crear plazas comerciales, con los mismos resultados de aquella época: elefantes blancos que sirven como depósitos del ambulantaje. No pueden clausurar estéticas o restaurantes porque no le gustó el servicio a la reciente esposa de un alto funcionario. Si el GDF no comienza por tomar en serio su propia legalidad, será difícil que la gente pueda tomar en serio a esos gobernantes.
PD: nos tomaremos unos días de descanso. Estas razones volverán a publicarse el lunes 6 de agosto. Gracias.