Luego de los atentados en Salamanca y Querétaro, se han tenido pocas noticias del EPR, incluso luego de su imposibilidad de transformar el boicot a la Guelaguetza y las elecciones en Oaxaca, como habían adelantado, en una suerte de referéndum político en contra tanto del PRI como del PAN. Les fue mal: la fiesta, no sin inconvenientes, se realizó, y el PRD, que iba aliado con un sector de la APPO, se derrumbó electoralmente, tanto que casi fue alcanzado por el siempre tímido panismo oaxaqueño.
Luego de los atentados en Salamanca y Querétaro, se han tenido pocas noticias del EPR, incluso luego de su imposibilidad de transformar el boicot a la Guelaguetza y las elecciones en Oaxaca, como habían adelantado, en una suerte de referéndum político en contra tanto del PRI como del PAN. Les fue mal: la fiesta, no sin inconvenientes, se realizó, y el PRD, que iba aliado con un sector de la APPO, se derrumbó electoralmente, tanto que casi fue alcanzado por el siempre tímido panismo oaxaqueño.
Pero el tema tiene otras derivaciones: el EPR prácticamente no ha vuelto a insistir en el tema de las desapariciones de sus muy importantes dirigentes Raymundo Rivera Ramos y Edmundo Reyes Anaya, supuestamente secuestrados en la zona de El Tule, Oaxaca, el 25 de mayo y desde entonces desaparecidos. Es verdad que ha habido comunicados y algunas expresiones públicas, encabezadas en el congreso por Rosario Ibarra de Piedra, pero recordemos que para destacar el tema el EPR había volado dos gasoductos que podrían haber arrojado costos humanos y económicos muy altos, aún mayores a los ocurridos. Pero el mismi no parece estar nuevamente sobre la mesa.
Lo que sucede es que la supuesta detención y desaparición de Rivera y Reyes (junto con una tercera persona no identificada que sería quien los habría entregado, según el EPR) no checa en la forma ni en el fondo. Nadie niega que pudieran ocurrir reales desapariciones: se han dado en el pasado y podrían darse ahora. Pero lo que nadie entiende, desde la óptica gubernamental, es porqué realizar esa acción, ya que localizando a esos dos personajes del EPR y dándoles seguimiento se hubiera podido tener a la mano prácticamente toda la estructura de la organización: uno es de los fundadores del partido y el jefe de uno de los tres grupos en que se divide el EPR, y el otro era el encargado de las relaciones y comunicaciones entre esos tres grupos y los numerosos desprendimientos eperristas. El hecho no le convenía la gobierno federal, tampoco al local y esa no ha sido la norma en las acciones de control de estas organizaciones en muchos años.
Las dudas crecen porque a principio de la semana pasada, la regidora del municipio de Atoyac de Alvarez, Rocío Mesino, sufrió un atentado en su domicilio, del que salvó la vida y terminó protegida por fuerzas de seguridad estatales y federales. Rocío es, además, la líder de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), que se diera a conocer en 1995 por la masacre de Aguas Blancas (donde un año después hizo su primera aparición pública el EPR). Y Rocío es también la hermana y sucesora de Miguel Angel Mesino, asesinado el 18 de septiembre del 2005, también en Atoyac. Miguel Angel era uno de los líderes del EPR en la región, bajo el control de su padre, un hombre ya mayor llamado Hilario Mesino. Cuando fue el asesinato, su hermana Rocío y su otra hermana Norma (también dirigente del movimiento), acusaron al gobierno y a los grupos paramilitares del asesinato. El asesinato se había dado al mismo tiempo que el de otro dirigente campesino, también cercano a Mesino, Tomás Cruz. Este era un opositor a la construcción de la presa La Parota, mientras que Mesino se había convertido, con su organización en un protector de grupos de narcotraficantes y talamontes. Mesino, además, era el jefe de un denominado Comando Justiciero 28 de junio, al que se atribuía varios asesinatos, sobre todo de rivales internos y de los distintos desprendimientos armados.
Luego de algunos días de intensas denuncias una de las principales escisiones del EPR, denominada Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), a través de una de sus organizaciones de aliadas, el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP), había asesinado a Mesino acusándolo de traidor. Desde entonces, una y otra vez ha habido ajusticiamientos y secuestros entre militantes de las dos grandes tendencias, a la que habría que agregar el ERPI, más cercano a la TDR que al EPR. Los enfrentamientos son políticos, pero básicamente pasan por los recursos de los secuestros realizados sobre todo en el pasado (aunque se siguen realizando algunos en la actualidad: 2 millones de dólares en el 2007, más de 73 millones comprobados en los ocho años anteriores) y por armas. También por los increíbles grados de infiltración en todos los grupos, tanto de agentes gubernamentales como del crimen organizado.
En agosto del 2001, estallaron unos explosivos en unos bancos. El día 13 del mismo mes, se desactivaron dos casas de seguridad del EPR en el DF donde fueron detenidas 5 personas, entre ellos los hermanos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, hijos del fundador del partido (y sobrinos de uno de los presuntos desaparecidos). En las casas se encontró equipo para explosivos, armas y 171 mil dólares en efectivo. El detalle es que los explosivos habían sido colocados, según los comunicados, por un grupo diferente al EPR: las FARP, cuyo centro de operación está en Morelos y el poniente del área metropolitana. Pero más sugerente es aún saber cómo se llegó a la casa de los hermanos Cerezo, uno de los cuarteles generales del EPR: por una denuncia anónima que se considera realizada por un grupo disidente de la organización. A Miguel Angel Mesino lo mataron, como a muchos otros, disidentes internos, a Rocío también trataron de matarla esta semana esos mismos grupos. A Rivera y Reyes (y al misterioso tercer personaje a quien acusan de entregarlo) dicen que los detuvieron en Oaxaca, comandos llegados de Chiapas…donde el control de estos grupos los tiene la TDR y sus aliados duros del zapatismo y de otros grupos armados. ¿Fueron grupos paramilitares, como se dijo con Mesino, para cuyo caso se formó hasta una comisión legislativa con el fin de investigar el crimen “de Estado”? ¿o estamos ante un nuevo ajuste de cuentas interno?