El viernes entrevisté en Monterrey al gobernador José Natividad González Parás, al finalizar la entrevista le hice una pregunte que, creo, lo sorprendió. Le pregunté si aceptaría un cargo en el gobierno federal si se lo propusieran. Me dijo, en otras palabras, que ser parte del gobierno federal siempre es un honor pero que él quiere quedarse en Nuevo León, porque todavía le falta más de un tercio de su mandato. La pregunta parecería ociosa si no fuera porque en los dos últimos viajes que he hecho a la capital regiomontana, por lo menos tres personas supuestamente bien informadas me preguntaron cuándo se iría Nati al DF.
El viernes entrevisté en Monterrey al gobernador José Natividad González Parás, al finalizar la entrevista le hice una pregunte que, creo, lo sorprendió. Le pregunté si aceptaría un cargo en el gobierno federal si se lo propusieran. Me dijo, en otras palabras, que ser parte del gobierno federal siempre es un honor pero que él quiere quedarse en Nuevo León, porque todavía le falta más de un tercio de su mandato. La pregunta parecería ociosa si no fuera porque en los dos últimos viajes que he hecho a la capital regiomontana, por lo menos tres personas supuestamente bien informadas me preguntaron cuándo se iría Nati al DF.
Que se sepa no hay plan alguno para que González Parás deje el estado. Pero sí hay una gran operación que incluye a grupos políticos y empresariales para provocar esa salida. Es verdad que para ciertos sectores que lo apoyaron en su llegada al poder, Natividad ha sido una decepción, a pesar de que el crecimiento económico en el estado ha sido sólido: hay molestia, sobre todo, con algunos temas relacionados con el inicio de los trabajos del Forum, sobre todo durante la gestión de Gastón Melo. Y las críticas se agudizaron con la ola de violencia, menor que en otros lugares de la república pero inaudita para una ciudad como Monterrey, que envolvió a la capital en los meses pasados. Y a lo que perciben como una distancia del gobernador con la política cotidiana.
Pero el tema va más allá: el acoso que incluye al gobernador, su familia y algunos de sus colaboradores, tiene origen en un sector del PRI y del PAN que no sólo buscan el reemplazo del gobernador (primero buscaron propiciar su caída, ahora su “ascenso”al gobinete) para colocar un interino en ese cargo que a su vez dé paso a un sector del panismo paradójicamente afín, y que, al mismo tiempo, diluya algunas de las relaciones que se propiciaron en el pasado muy reciente con algunas de las organizaciones del narcotráfico, relaciones que en buena medida originaron los enfrentamientos recientes entre bandas armadas.
La historia de los enfrentamientos políticos (insistimos, independientemente de las críticas legítimas que se puedan hacer al gobierno de González Parás) tiene orígenes claros e interrelacionados: por una parte, el proceso interno de selección de candidato dentro del PRI. González Parás fue un fuerte impulsor del TUCOM, mientras que Roberto Madrazo era respaldado por el entonces alcalde de Monterrey, Ricardo Canavati. Ese enfrentamiento, agudizado porque en el caso de Nuevo León, Elba Esther Gordillo apoyó la candidatura de González Parás y en sectores del priismo se ha incrementado una campaña destinada a erradicar todo lo que huela a Gordillo (difícil de implementar sobre todo entre los gobernadores del norte del país), se ha sustentado también en otra relación: la de los sectores cercanos a Canavati con el líder de congreso local, el diputado panista Fernando Larrazábal, aspirante al gobierno del estado y un hombre que en la precampaña panista también se equivocó de candidato: apoyó decididamente a Santiago Creel. Larrazabal, un hombre muy cercano a la familia Fox Sahagún, en el DF es más conocido por haber sido el responsable de la construcción de la Megabiblioteca, con todas las secuelas que devienen de ello, desde las fallas que han impedido su apertura hasta los manejos financieros que están siendo investigados por la Auditoria Superior de la Federación. Sin solucionar el tema de la Megabiblioteca, a Larrazábal se le dificultará ser candidato en Nuevo León. Los términos del acuerdo tácito con un sector del priismo, dicen en Nuevo León, pasarían por el respaldo para lograr un interinato en el estado, que a su vez le habrá paso a su candidatura en el PAN, al mismo tiempo que se gestiona con el PRI en la cámara de diputados que la ASF cierre las investigaciones sobre la megabiblioteca, algo a lo que, hasta ahora, el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa, se ha negado.
El sustrato de la historia tiene también componentes empresariales y mediáticos (como casi siempre en Nuevo León). Existe un viejo conflicto entre la familia del gobernador González Parás y el empresario Alfonso Romo. Hace diez años, Romo, cuando era todavía uno de los empresarios más poderosos del estado, fue de los principales impulsores de Fernando Canales en contra de González Parás. Pero no era sólo un conflicto político: uno de los hermanos del ahora gobernador, Luis, encabezó, desde su despacho jurídico, acciones legales contra Romo en diferentes pleitos legales, uno relacionado con British Tabacco; otro impulsado por Alejandro Garza Lagüera (Romo es su yerno). Más recientemente Luis González Parás representa a la señora Matilde González Zambrano y a las albaceas de María Zambrano Hellion, quienes han demandado al empresario por un presunto fraude en Estados Unidos por 85 millones de dólares en su contra. La red de intereses incluye la participación del empresario en medios, las relaciones políticas (¿recuerda cómo Romo, después de la derrota de Santiago Creel en las primarias panistas, intentó construir una candidatura alterna que giraría en torno al partido Convergencia y un sector del PRI y del PAN?), los conflictos empresariales. Y la ola de violencia, en cuyos orígenes no son ajenos los mandos policiales de la ciudad, encabezados por Pedro Pablo Treviño, cuando Canavati fue alcalde.
En Nuevo León, como nunca lo son en la política, las cosas no pueden mostrarse sólo en blancos y negros. Existe una amplia gama de grises a considerar. Los que ponen y quitan gobernadores no deben ser los grupos de poder sino los ciudadanos con su voto, más aún cuando los intereses personales, empresariales, mediáticos, incluso de seguridad, se entremezclan con las ambiciones políticas que, como en este caso, trascienden las banderas partidarias. En Nuevo León hay muchas historias por contar, pero ésta parece ser parte del telón de fondo de las mismas.