Si el presidente Calderón y el PAN aceptan la remoción de los consejeros del IFE con la consiguiente desaparición del propio Instituto, estarán cayendo en una trampa política que será, para esta administración, el equivalente al Atenco de Vicente Fox, a la decisión de no construir el aeropuerto metropolitano por la oposición concertada de un grupo militante ligado a grupos armados. En aquella ocasión, con el argumento de la necesidad del diálogo y de no utilizar la legítima violencia del Estado, la administración Fox dobló las manos y mostró su debilidad. Nunca se volvió a recuperar el presidente Fox de ese hecho.
Si el presidente Calderón y el PAN aceptan la remoción de los consejeros del IFE con la consiguiente desaparición del propio Instituto, estarán cayendo en una trampa política que será, para esta administración, el equivalente al Atenco de Vicente Fox, a la decisión de no construir el aeropuerto metropolitano por la oposición concertada de un grupo militante ligado a grupos armados. En aquella ocasión, con el argumento de la necesidad del diálogo y de no utilizar la legítima violencia del Estado, la administración Fox dobló las manos y mostró su debilidad. Nunca se volvió a recuperar el presidente Fox de ese hecho.
Hoy la trampa es similar: nadie duda que el sistema electoral y el político necesitan cambios profundos; tampoco que los partidos y el Congreso sufren una profunda crisis de legitimidad social, pero en el contexto de la reforma electoral en ciernes, se pretende desaparecer el IFE, como una medida para remover a todos sus consejeros con el argumento de que es el Instituto el que debe recuperar legitimidad y asumiendo, de esa manera, que las elecciones del año pasado no fueron legítimas. Ese es el verdadero y único mensaje de esa negociación.
El IFE es una institución autónoma, cuyos miembros fueron elegidos por dos tercios de los miembros del congreso en la pasada legislatura hasta el 2010. Ahora se argumenta que no hubo unanimidad en la votación, pues tampoco la ha habido en la designación de la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial o de los integrantes del Banco de México. ¿Implica ello que cuando a un grupo de legisladores no les guste una decisión de la Corte, del Tribunal Electoral o la política monetaria destruirán esas instituciones para remover a sus integrantes?
Sin duda, el IFE cometió algunos errores puntuales; también es verdad que existen personajes en la vida política nacional que podrían tener mayor experiencia que algunos de los actuales consejeros. Pero resulta que éstos son los consejeros que eligió el Congreso, ésta es la institución que nos dimos a un altísimo costo social y político los mexicanos y resulta, además, que su accionar en las pasadas elecciones se ciñó estrictamente a la ley, que en la organización y conteo electoral participaron más de un millón de ciudadanos y otro millón de representantes de los partidos y que ninguno de ellos, incluyendo la Coalición para el bien de todos, presentó prueba alguna de que hubiera vicios de origen o en los comicios. ¿Cuál es entonces la legitimidad que debe recuperar el IFE?.
Si el PRD quiere vengarse por la derrota electoral, o el grupo priista que respalda al senador Manlio Fabio Beltrones, con sus remanentes del madracismo, quieren ajustar cuentas con Elba Esther Gordillo es su problema: en última instancia López Obrador perdió por la enorme cantidad de errores políticos que cometió y cuando se designó a este consejo general los priistas habían elegido, para bien o para mal, a Elba Esther como su secretaria general y coordinadora parlamentaria. Muchos de los que ahora abjuran de Gordillo deberían por lo menos recordar que sin ella Madrazo jamás hubiera ganado la presidencia del partido y ellos no ocuparían, hoy, esas posiciones. Mismas que, por otra parte, en el caso de los legisladores, son producto de la misma elección que ahora descalifican.
Desaparecer al IFE y remover a sus consejeros es legalmente cuestionable y terminará en la Suprema Corte (¿puede el congreso votar una reforma constitucional que vaya en contra de los principios de la propia Constitución?), pero ello no puede hacerse sin una reforma constitucional y si el PAN y Nueva Alianza, por lo menos, se oponen a esa decisión, no podrá darse ese paso que implicaría, insistimos, que el presidente Calderón asumiera que su elección no fue legítima y que hubo fallas fundamentales en e proceso electoral. La actual administración no se recuperaría jamás de ese golpe.
Se argumentará que si no se concede la cabeza de los consejeros del IFE entonces el congreso, o el PRD y el PRI, no dejarán gobernar a Felipe Calderón. Es lo mismo que se dijo para no actuar en Atenco. En realidad, de lo que se trata es de hacer política y asumir responsabilidades. ¿Qué no habrá reforma fiscal?, será responsabilidad de esos legisladores, que además la han convertido en una microreforma donde, paradójicamente, los que saldrán más damnificados serán los gobernadores del PRI y el PRD. ¿Qué no habrá reforma electoral?. Es responsabilidad de los partidos: es algo que debe resolver el congreso, no el ejecutivo. ¿Qué no habrá reforma en el régimen fiscal de PEMEX?. Sería una lástima pero esa, recordemos, es una propuesta del PRI no del PAN ni del gobierno. ¿Qué el gobierno no podrá gobernar?. No es verdad: el gobierno federal debe cumplir con su labor: combatir la pobreza, garantizar la seguridad, mejorar la economía, promover los empleos. Hacer que el gobierno funcione eficientemente, que el gabinete cumpla con sus responsabilidades. Allí está la verdadera batalla política, de eso dependerá el futuro de la administración Calderón. En algunas cosas llegará a acuerdo con sus oposiciones, en otras no, pero no puede ignorar la legalidad ni paralizar las políticas públicas en busca de consensos falsos.
La opinión pública está siendo distraída con la ceremonia del informe de gobierno, cuando ello no es más que un procedimiento de forma, donde no debería haber más negociación que atenerse estrictamente a lo que dice la ley y el reglamento del propio congreso (sobre todo cuando más del 70 por ciento de los ciudadanos rechaza la posición de impedir la ceremonia), y en el camino estamos perdiendo de vista un punto crítico para el futuro del país. Si el PAN y la administración federal aceptan refundar el IFE y remover a sus consejeros, estaríamos ante el Atenco del actual sexenio y los costos serían similares.