En toda negociación se da y se recibe, se tienen puntos de partida y de llegada. Y también hay capítulos, aspectos, que pueden ser no negociables por los distintos actores. No está mal: es así en todos los ámbitos de la vida y no tendría porqué ser diferente en la política. Tampoco es cuestionable que se ate una negociación a otra: en el terreno parlamentario sucede en muchas ocasiones aunque todos los actores deben ser conscientes que ello dificulta todo el proceso y lo lleva a verse todo amenazado por cualquier discordia en aspectos que pueden parecer menores.
Para mi amigo Víctor Ronquillo, porque medio siglo no es nada.
En toda negociación se da y se recibe, se tienen puntos de partida y de llegada. Y también hay capítulos, aspectos, que pueden ser no negociables por los distintos actores. No está mal: es así en todos los ámbitos de la vida y no tendría porqué ser diferente en la política. Tampoco es cuestionable que se ate una negociación a otra: en el terreno parlamentario sucede en muchas ocasiones aunque todos los actores deben ser conscientes que ello dificulta todo el proceso y lo lleva a verse todo amenazado por cualquier discordia en aspectos que pueden parecer menores.
Pero existe una diferencia crucial entre negociación y chantaje. Cuando los puntos inamovibles de una negociación son demasiados y muy terminantes en uno de los actores y para avanzar en lo que demanda el interlocutor se pide cada vez más sin dar nada a cambio no estamos ante una negociación, sino ante un chantaje, en este caso un chantaje político. La negociación de la reforma electoral que ha sido unida en su destino a la reforma fiscal, está en ese difícil momento en que puede pasar de ser eso, una negociación compleja a convertirse en un simple chantaje. Hay, decíamos ayer y lo reiteramos un numeroso grupo de abajofirmantes en el desplegado que apareció ayer respecto a la hipotética remoción de los consejeros del IFE, numerosas salidas posibles para renovar el Instituto y las leyes electorales de forma tal que no salgan vulneradas la autonomía del IFE y las normas legales con las cuales se rige. Pero la negociación se ha topado con un capítulo que sobre todo el PRI ha decidido no transigir: la salida, desde ya, de todos los consejeros, su remoción y reemplazo por otros. Incluso el PRD, que sería el mayor beneficiario de una decisión de ese tipo, se ha mantenido, por lo menos en sus declaraciones públicas, más abierto a explorar otras opciones. Finalmente en el PAN y en el gobierno también han puesto un límite a los términos de su negociación: la remoción completa de los consejeros no es aceptable. El PRI (y se supone que el PRD) subieron entonces la apuesta: si no hay remoción de los consejeros no hay reforma fiscal. Y ahí estamos, por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas.
Es una manera absurda de estrechar los círculos de una negociación cuando existen una serie de acuerdos de fondo sobre distintos temas que podrían ser muy benéficos en lo fiscal y lo electoral. Pero el PRI ha ido aumentando su apuesta y colocando mayores exigencias cada semana. Se podrá decir que están haciendo su juego, pero deberían recordar que también pueden estrecharlo tanto que podrían resultar ahorcados en él. ¿Realmente creen en el PRI que no hay otra salida que la remoción, el despido de todos los consejeros?¿de verdad los senadores priistas que impulsan esa medida le podrán decir a sus gobernadores que se perdieron una reforma fiscal que hubiera sido enormemente benéfica para las entidades federativas por no moverse ni un centímetro de esa posición respecto a los consejeros?. De la misma manera que el gobierno y el PAN aparentemente han terminado comprendiendo que no pueden, para sacar la reforma fiscal, entregar tanto, en el priismo deberían entender que su cerrazón en este tema les terminará acarreando pérdidas altas. El PRI no termina de comprender que cuando aparece como mediador entre posiciones extremas, acrecienta sus posibilidades, pero cuando se endurece y es el responsable del estancamiento es, siempre, el que pierde. En 2006 se equivocó con la candidatura de Madrazo, pero comenzó a equivocarse desde el 2005, cuando rechazó la reforma fiscal y de la mano con ella la energética, cuando volvió a paralizar la agenda legislativa por la confrontación Madrazo-Gordillo. Ahora está a punto de hacer lo mismo: y terminará pagando los mismos costos, porque en vez de mirar hacia el futuro vuelve a mirar hacia el pasado. Incluso esa pretendida remoción de los consejeros es, en sí misma, una mirada al pasado, un regreso a aquellos buenos tiempos en los cuales, de una u otra manera, las autoridades electorales estaban bajo el control de los partidos y sobre todo de el partido. Y todos sabemos cuánto se parece, sobre todo el lopezobradorismo, al viejo PRI.
Existen salidas sencillas para destrabar el tema del IFE. El presidente de la Comisión de Gobernación de la cámara de diputados, Diódoro Carrasco decía el martes en México Confidencial que hay una propuesta que sería una salida aceptable para todos. Ampliar, por única ocasión, el número de consejeros electorales: sumarle a los actuales nueve otros cuatro, elegidos por el actual congreso y a partir de 2010, o incluso antes, si existe un acuerdo específico para ello, comenzar a reducir el número y a operar la gradualidad de los reemplazos. De esa manera se preservaría la legalidad, se mantendría la autonomía del IFE y al mismo tiempo se lo renovaría. En ese esquema hay muchos ajustes y derivaciones que podrían implementarse sin costo para los partidos y para el propio IFE.
Otro tema delicado es la contraloría externa que los diputados quieren establecer para el IFE. No porque sus recursos no deban ser controlados, al contrario, sino porque el contralor sería designado por los propios partidos: ¿con quién estaría el compromiso del contralor, con el Instituto o con los partidos que lo designaron?. ¿No sería más sencillo derivar esas labores de contraloría a la Auditoría Superior de la Federación?¿no sería un mecanismo idóneo, si lo que se quiere es preservar la autonomía del IFE que ese contralor o incluso los propios consejeros del Instituto, fueran designados no por los partidos sino, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia?. Propuestas hay muchas y los acuerdos son posibles. Pero se requiere, para ello, más voluntad y menos chantaje.