Ayer en la mañana, en torno al mensaje que se había anunciado que ofrecería el presidente Calderón se desataron innumerables rumores: el más generalizado el de cambios en el gabinete. No fue así, el presidente prefirió allí, contestar a las bancadas del PRI y del PRD, que le habían pedido que el aumento a las gasolinas de dos centavos mensuales que los propios diputados aprobaron hace apenas quince día y que debía entrar en vigor en octubre, se aplazara hasta enero. Calderón anunció que se aplazarían esos aumentos como los de todos los energéticos, introduciendo la energía eléctrica e incluyendo alimentos básicos como el bolillo, que aseguró que en un esquema similar al de la tortilla, se seguirá vendiendo en las tiendas de autoservicio a un peso la unidad.
Ayer en la mañana, en torno al mensaje que se había anunciado que ofrecería el presidente Calderón se desataron innumerables rumores: el más generalizado el de cambios en el gabinete. No fue así, el presidente prefirió allí, contestar a las bancadas del PRI y del PRD, que le habían pedido que el aumento a las gasolinas de dos centavos mensuales que los propios diputados aprobaron hace apenas quince día y que debía entrar en vigor en octubre, se aplazara hasta enero. Calderón anunció que se aplazarían esos aumentos como los de todos los energéticos, introduciendo la energía eléctrica e incluyendo alimentos básicos como el bolillo, que aseguró que en un esquema similar al de la tortilla, se seguirá vendiendo en las tiendas de autoservicio a un peso la unidad.
Los detalles importantes de esta presentación, son los que giran en torno a la misma. Primero se debe destacar la irresponsabilidad de los legisladores: aprobaron el aumento a la gasolina hace apenas quince días. No pueden argumentar ahora que no leyeron la iniciativa. Más aún, como aclaró el propio mandatario, esos recursos provenientes del aumento a la gasolina iría, como aquí hemos dicho, a los gobiernos estatales, incluyendo el DF, no le tocará ni un peso a la Federación y la introducción de ese impuesto, que presentó públicamente el PAN en el congreso porque PRI y PRD no querían pagar el costo político del mismo, fue una de las condiciones de esos dos partidos y de sus gobernadores para quedarse con mayores recursos en el reparto de los nuevos recursos fiscales. No deja de ser sugestivo como las oposiciones presionan en la negociación para sacar adelante un impuesto que beneficia claramente a sus gobernadores, obligan al gobierno federal a presentarlo como suyo para apoyar el resto de la reforma y luego, pese a que ellos mismos votaron el nuevo impuesto, argumentan que en realidad no lo leyeron y piden entonces que se postergue su aplicación. En otras palabras no quieren pagar los costos pero pretenden quedarse con todos los beneficios de un impuesto que no asumen como suyo y con el cual terminan armando una maniobra publicitaria para tratar de que el gobierno pague aún mayores costos. Por cierto, no se pueden obviar las diferencias de tono del perredismo sobre el tema: mientras Carlos Navarrete y López Obrador repetían aquel absurdo de que quitando las pensiones a los presidentes y reduciendo salarios del ejecutivo se podrían ahorrar los 12 mil millones de pesos que generaría el impuesto de dos centavos a la gasolina y el diesel en el primer año (en el segundo año el incremento sería de 23 mil millones ¿cómo lo reemplazaría?¿cómo harían para que esos recurso fueran a los estados en forma directa?), Cuauhtémoc Cárdenas, con el que se puede o no estar de acuerdo pero que es un hombre coherente, sobre todo en el tema energético, fue mucho más directo: el incremento a las gasolinas es responsabilidad de los legisladores; ellos lo propusieron, ellos lo aprobaron y le dieron fuerza de ley. Tendrían que haber hecho su trabajo, dijo, y buscar otros mecanismos para obtener esos recursos para sus estados. No lo hicieron. Y tiene toda la razón.
En ese sentido fue un acierto que el presidente saliera a dar respuesta, e indirectamente estableciera que ese impuesto no beneficiaba al gobierno federal sino a las entidades federativas y que incluyera en la postergación de los aumentos al resto de los energéticos y a productos como el bolillo. Pero también en señalar que eso implica un costo económico alto: una porción significativa de la reforma fiscal se irá a pagar el aumento de los precios del trigo y de otros productos agrícolas en el mercado internacional para seguir manteniendo bajos los precios internos de sus derivados. Y otra cantidad, cada día más significativa, se irá a pagar las gasolinas que por falta de reformas (planteadas hace ya doce años, cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de energía) que permitan la refinación en gran escala y con participación de capital privado de gasolinas en nuestro país. Hoy el esquema, con precios del petróleo que rondan los 80 dólares por barril, de enviar crudo a Estados Unidos para que allí sea refinado y enviado a México como gasolinas a un precio más alto de lo que se comercializa en nuestro país es inviable y dilapidador. Así no ganamos con nuestro petróleo: perdemos y de continuar la tendencia toda la factura petrolera no alcanzará para pagar la importación de combustibles y otros derivados. Implícitamente, Calderón volvió a pedir una reforma energética que no tiene nada que ver con la privatización de PEMEX o la CFE sino con abrir las inversiones en sectores en donde el rezago es tan inocultable como la sarta de lugares comunes que repiten la mayoría de los legisladores cuando se aborda el tema. La reforma energética es urgente y no puede ser ocultada o postergada por banalidades como la comisión investigadora del caso Fox (¿con qué cara pueden decir algunos legisladores perredistas que hasta que no se resuelva ese caso bloquearan las reforma?, que hagan las denuncias bien, no con recortes periodísticos y que sea la justicia la que decida si hubo o no irregularidades, pero ¿qué tiene esto que ver con el destino de millones de mexicanos?). Dice el senador Francisco Labastida, que la reforma energética podría estar lista para ser debatida en noviembre. Ojalá, porque sin esas modificaciones al marco legal de PEMEX y la CFE, que permitan acceso a la inversión privada en ciertos sectores, sobre todo en la refinación, la explotación de gas y la exploración y explotación de crudo en aguas profundas, seguiremos retrocediendo en el mundo energético, en el cual ya estamos lejos de ser la potencia de antaño, y cada vez será más difícil tener recursos para solventar la economía popular.
Por cierto, el sentido del mensaje no canceló las versiones sobre cambios en el equipo de gobierno. El tiempo es inexorable.