Publicada ya la reforma electoral, lo importante ahora pasa por la elección de los nuevos consejeros electorales y la reglamentación de la misma vía el Cofipe. En el primer terreno, la decisión la tomará, finalmente, la Junta de Coordinación Política de la cámara de diputados, o sea que, por encima de cualquier discurso, la tomarán los partidos mayoritarios, como ha ocurrido con toda la reforma. Parece casi decidido que, además de Luís Carlos Ugalde saldrá Alejandra Latapí, más otro consejero o consejera que se definirá en los próximos días. Pero mucho más complejo será definir quiénes los reemplazarán.
Publicada ya la reforma electoral, lo importante ahora pasa por la elección de los nuevos consejeros electorales y la reglamentación de la misma vía el Cofipe. En el primer terreno, la decisión la tomará, finalmente, la Junta de Coordinación Política de la cámara de diputados, o sea que, por encima de cualquier discurso, la tomarán los partidos mayoritarios, como ha ocurrido con toda la reforma. Parece casi decidido que, además de Luis Carlos Ugalde saldrá Alejandra Latapí, más otro consejero o consejera que se definirá en los próximos días. Pero mucho más complejo será definir quiénes los reemplazarán.
La decisión adoptada en principio para modificar los requisitos que deben llenar los consejeros, cambiando el punto de que no deben haber sido presidentes de un partido, por uno que especifica que se habla de partidos que actualmente tengan registro, parece ser la puerta para que acceda a esa posición Jorge Alcocer, quien tendría el apoyo del PRI y del PAN, y en esta ocasión no generaría oposición en el PRD, como ocurrió en el pasado. En realidad, Alcocer puede ser un muy buen presidente del IFE. Pudo haberlo sido incluso en el pasado, pero siempre se atravesaron circunstancias coyunturales que impidieron su elección. Se habla también de Jacqueline Peschard y de Mauricio Merino, ambos integrantes del pasado consejo general y dos especialistas íntegros y eficientes que, paradójicamente, fueron en el anterior proceso de selección descartados para la presidencia del Consejo porque, en aquella bancada del PRI se tomó la decisión de que no se apoyaría la reelección ningún consejero, un error que se terminó pagando caro. En todo caso, no se puede designar como consejero presidente, a alguien sin experiencia política en el tema electoral y sin un estrecho contacto con los partidos.
Un tema que atrapará a los legisladores es el de los medios, la publicidad y las campañas negativas. Los legisladores se equivocaron al no dejar abierto ningún espacio para la publicidad pagada en los medios y ello se extendió al atribuirle al IFE la tarea de distribuir todos y cada uno de los espacios publicitarios (48 minutos diarios por cada medio de comunicación del país es más de lo que ha manejado jamás cualquier agencias de medios del mundo), pero ahora también buscan que sea el IFE quien sancione a los medios que rompan las normas.
Es una trampa que los propios legisladores han construido a partir de su controvertida legislación. Primero, la estructura del IFE tendrá que crecer en forma notable para poder cumplir con esa tarea atendiendo los requerimientos de cada uno de los partidos y sus candidatos: compatibilizar, por ejemplo, los espacios y anuncios que quieran realizar los candidatos a diputado de ocho o nueve partidos en 300 distritos de todo el país será titánico. Lo de prohibir la publicidad pagada, sin dejar siquiera una ventana para canalizar las necesidades de candidatos y partidos, es un error grave.
Pero ahora los legisladores parecen que quieren profundizar en el error al tratar de reglamentarlo. Y se han topado con un problema evidente: si se prohíbe la publicidad pagada pero al mismo tiempo se dice que se garantiza la libertad de expresión ¿cómo evitar que no se caiga en la censura?. Algunos de los legisladores que están construyendo la reforma al Cofipe han terminado enredándose en un verdadero galimatías al tratar de explicar el tema y al adelantar que se establecerían sanciones que podrían ir desde un día a un mes de suspensión al medio que viole la norma establecida.
El problema es que se cae en la subjetividad total para decidir si se violó o no la norma. Se dice, por ejemplo, que nadie impedirá que un comunicador exprese su opinión pero que si esa opinión se repite, entonces se podría estar en presencia de una campaña prohibida. Es ridículo: ¿alguien cree por ejemplo, que un comunicador podrá estar en desacuerdo o de acuerdo con alguien sólo en algunas oportunidades a la semana o al mes?¿cómo diferenciar la libertad de expresión de las opiniones interesadas?¿cómo diferenciar la toma de posición sobre un tema de una real o supuesta publicidad a favor o en contra de un candidato?
Es ridículo e inviable, pero lo es más que se decida que sea el IFE el que pueda castigar a los medios con la suspensión de sus emisiones. No es un tema para el IFE: olvidemos por un momento que esa contradicción entre el respeto a la libertad de expresión e identificación de campañas ocultas se resolvería con criterios subjetivos. El hecho es que una sanción de esas características no puede estar en las manos del IFE desde el momento en que los medios no son instituciones electorales ni partidarias. En todo caso sería un tema para la fiscalía de delitos electorales, porque de la misma manera que el IFE no puede castigar a un ciudadano porque cometió un delito electoral (esa es una prerrogativa exclusiva de la fiscalía especializada, que depende de la PGR) lo mismo tendría que suceder en este caso.
Lo mismo ocurre con la pretensión de regañar o hasta destituir a los consejeros por “manifiesta ineptitud”. ¿Quién lo decide, quién lo establece, qué se considera “manifiesta ineptitud”?. Peor aún: ¿quiénes son los diputados para efectuar ese regaño?¿cómo siendo parte interesada, porque sólo se puede llegar a esa posición vía los partidos, pueden regañar al árbitro?. Si un consejero se equivoca el instrumento allí está y se llama juicio político. Por cierto, ¿se podrá regañar y hasta destituir a los diputados que reflejen una “ineptitud manifiesta”?.
Hay en todo esto un error de origen. Y es el intento de los partidos por tener un control excesivo sobre el proceso electoral, incluyendo capítulos que, lisa y llanamente, son imposible de aceptar en una sociedad abierta, plural y democrática.