Las reformas aprobadas van orientadas al pero de los mundos. Básicamente se concentra todo el poder en un grupo de partidos pero al mismo tiempo se debilita al sistema en su conjunto: nuestra aún endeble construcción democrática está siendo comprometida seriamente con las medidas que se están adoptando. No es un problema de fórmulas, sino de establecer mecanismos que hagan eficiente la función pública, los procesos electorales y que de allí parte la legitimidad del sistema.
Nuestros políticos gustan de hablar una y otra vez de la transición española o, algunos de ellos, del régimen político francés, hablan de grandes reformas y siempre de la democracia liberal, pero, a la hora de tomar decisiones, terminan asumiendo un modelo cerrado, con fuertes acentos antidemocráticos y alejado de los sistemas español, francés o de cualquiera de los europeos que dicen emular.
Las reformas aprobadas van orientadas al peor de los mundos. Básicamente se concentra todo el poder en un grupo de partidos pero al mismo tiempo se debilita al sistema en su conjunto: nuestra aún endeble construcción democrática está siendo comprometida seriamente con las medidas que se están adoptando. No es un problema de fórmulas, sino de establecer mecanismos que hagan eficiente la función pública, los procesos electorales y que de allí parte la legitimidad del sistema. No se está actuando así. Por ejemplo, el sistema electoral mexicano era (hasta que un grupo de políticos decidió lo contrario sin mostrar una sola prueba a favor de sus alegatos), uno de los más prestigiados del mundo: un sistema ciudadanizado, con un padrón confiable, con credencial de elector, listas nominales con fotografía, con la participación en las jornadas electorales de más de un millón de ciudadanos que acudían voluntariamente a organizar los comicios, con un tribunal electoral y una fiscalía especial. La calidad de la campaña la determinaban los participantes, los partidos, no las instituciones electorales que demostraron una y otra vez ser eficientes. Las tesis que hablan de malos manejos del IFE en cualquiera de los procesos electorales que le tocó organizar desde sus ciudadanización completa en 1996, están vacías de contenido y jamás se han sustentado con pruebas. No se trata de una cuestión de fe o de no querer ver los satélites de Júpiter, como argumentaba ayer José Antonio Crespo, sino de los datos duros de cada una de las elecciones.
No nos engañemos: se acabará con la verdadera autonomía del IFE no porque se mostrara en una película publicitaria, aunque no se sepa de donde salió, una boleta electoral sin doblar, sino porque esa institución castigo con multas de cientos de millones de pesos al PRI por el pemexgate, al PAN por amigos de Fox y porque no permitió que López Obrador hiciera lo que quisiera en el proceso electoral. Y ahora el IFE amenazaba con multas millonarias a los partidos porque había descubierto que un tercio de los anuncios de radio y televisión que se utilizaron en la campaña del 2006 no fueron reportados por los partidos, sobre todo anuncios del PRI y de la coalición por el bien de todos. Había que impedirlo. Era preferible arrojar por la ventana el agua con el niño y aprovechar la oportunidad para establecer mecanismos tales que nunca más permitieran que una institución electoral fuera realmente autónoma.
Ningún sistema electoral en una democracia es como será el nuestro después de que se establezcan las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en ningún país democrático se colocan tantos mecanismos de censura a los medios, dejando las faltas que se pudieran cometer en el terreno de la subjetividad; en ninguna democracia del mundo se establece un mecanismo de encuestas “oficial” que deberán respetar todos los encuestadores; en ningún país democrático del mundo se impide que personas físicas puedan contratar espacios para establecer sus opiniones sobre cualquiera de los candidatos; en ninguno se trata reglamentar la llamada publicidad “negra”, confundiendo ésta concientemente con la crítica y por lo tanto limitándola. En las democracias, estadounidense o europea, lo que se sanciona (y nuestro código penal, civil y electoral también lo contempla) es la difamación, no la opinión.
Pongamos un ejemplo, si se dice que López Obrador es un peligro para México, si se dice que Felipe Calderón es el candidato del continuiso, o si se pregunta si usted le cree a Madrazo, ¿se trata de propaganda difamatoria? Si se dice que un candidato puede provocar con sus propuestas una crisis económica en el futuro, ¿es publicidad negra o es una advertencia para que los electores no apoyen esas medidas? Si un grupo de ciudadanos quieren expresar su opinión sobre cualquiera de las plataformas en juego en una elección o sobre los antecedentes de un candidato ¿por qué no pueden hacerlo?¿desde cuándo la libre expresión es una prerrogativa absoluta de los partidos políticos. Se habla de que hay que privilegiar las propuestas ¿qué ocurre entonces cuando una propuesta puede resultar atractiva electoralmente pero descabellada en términos reales? Si un candidato dice que podrá recortar el presupuesto en cien mil millones sólo reduciendo salarios de altos funcionarios, ¿cómo se hace para decirle que eso es mentira?
Cualquiera ha leído como todos los periódicos importantes de Estados Unidos hacen explícita, en editoriales institucionales, su opinión sobre quién consideran el mejor candidato en una elección. En los últimos comicios la mayoría apoyo a Kerry y ganó Bush. No pasó nada. En la España que dicen imitar, El País siempre ha apoyado al PSOE, y en las pasadas elecciones el ABC, El Mundo y La Razón al PP. Nadie impugnó las elecciones por ello. En todo caso cambiaron de periódico.
Lo más grave es que el sistema que se está planteando no es operativo, no servirá porque, como siempre, cuando se quiere controlar todo no se controla nada. ¿Cómo hará el IFE para tener control sobre todas las emisoras de radio, canales y repetidoras de televisión, sobre los sistemas y canales que vienen del exterior, sobre todos los medios impresos, incluyendo, dice la ley, carteles, folletos y trípticos? Se ha plasmado el sistema electoral más antiliberal posible y el más ineficiente. Desgraciadamente parece ser un adelanto de lo que resta de la reforma del Estado.