Hoy inicia formalmente, el análisis de la reforma de seguridad y justicia, una propuesta que ha tardado demasiados meses en ser tema del congreso. La reforma que se discutirá, no es lo mismo que planteó Felipe Calderón hace unos meses. El problema es si saldremos de este con una reforma que sea realmente operativa en sus principales capítulos, como es, por ejemplo la lucha contra el crimen organizado, la reconstrucción de un sistema policial.
Para mi hija Ana, felicidades, pese y por la distancia
Hoy inicia formalmente, el análisis de la reforma de seguridad y justicia, una propuesta que ha tardado demasiados meses en ser tema del congreso. La reforma que se discutirá y lo que pueda salir del congreso no es lo mismo que planteó Felipe Calderón hace unos meses. Y como en lo electoral habrá de todo: el problema es si saldremos de este trance con una reforma que realmente sea operativa en sus principales capítulos, como es, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado o la reconstrucción de un sistema policial, en los tres niveles de gobierno, que pueda desprenderse de la profunda corrupción que hoy suele carcomerlo.
Uno de los puntos principales que se analizarán será la implementación de los juicios orales, una reforma a la que muchos abogados se han opuesto, más por conveniencia o porque ello modifica un sistema que les viene demasiado a modo, que por racionalidad jurídica. Generalizar los juicios orales no parece ser una vía práctica en el corto plazo, pero pueden realizarse avances en muchos delitos menores y en algunos considerados graves que permitan agilizar la justicia y hacerla mucho más transparente. En todo caso, la otra cara deberá estar en los procesos relacionados con delincuencia organizada, que deben estar en manos y tribunales especializados: hoy eso es una suerte de realidad de hecho, pero debe transformarse en un instrumento legal que permita darle mayor peso y certidumbre a esos procesos y también garantizar mejor la seguridad de los jueces (y, aunque sea desagradable para algunos, para impedir también las posibilidades de corrupción). Lo cierto es que el sistema no funciona adecuadamente y ello es obvio: hay narcotraficantes reconocidísimos que llevan casi una década sin que se pueda establecer una sentencia definitiva. En otros casos para acelerar sus extradiciones a Estados Unidos, se debieron desistir las autoridades de ciertas acusaciones en nuestro país. En ese terreno, la verdadera modernización de los ministerios públicos para que puedan ser una suerte de fiscales eficientes para combatir el delito, otorgándole mayor transparencia a su accionar, es un paso imprescindible.
Luego están los temas relacionados directamente con las policías: no habrá una unificación de cuerpos policiales, pero la coordinación y el llamado nuevo modelo policial deben permear a los estados y municipios. El 98 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero local pero el dos por ciento restante, los federales, son los que suelen tener en estas fechas mayor preeminencia. No hay razón alguna para que las policías locales no puedan, por ejemplo, hacer frente al narcomenudeo o al tráfico de personas, y por el contrario, es en esos ámbitos donde mayor corrupción se registra y termina relacionándose con los ajustes de cuentas contra jefes policiales locales.
Ello es más urgente si se materializa la propuesta que están planteando algunos legisladores de retirar al ejército de la lucha contra el narcotráfico. En el plano teórico es correcto. En la realidad, hoy resulta imposible, por la sencilla razón de que no existe ninguna fuerza de seguridad federal con una capacidad de despliegue siquiera similar y los legisladores no han hecho nada por ayudar a crearla en el pasado. El narcotráfico, como cualquier otro delito, debe ser combatido por fuerzas de seguridad civiles, pero ¿qué hacer cuando éstas sencillamente no existen o están apenas, como ahora sucede, en una etapa embrionaria?¿quién reemplazará a los 20 mil soldados que están en tareas erradicación?¿cómo hacer para que en los territorios del Filo Mayor de Guerrero, la Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, la sierra sinaloense o el triángulo de oro, haya presencia del estado y esas zonas no queden como un virtual territorio liberado en manos de los narcotraficantes?. El mejor ejemplo de cómo se pueden perder esos territorios lo tuvimos en 2006, cuando por las condiciones político-electorales, se abandonaron buena parte de esas tareas, para concentrar fuerzas en las ciudades. Ha costado más de un año tratar de recuperarlos y centenares de vidas. Debemos tener una fuerza policial federal lo suficientemente capacitada para ocuparse de esa tarea, pero ese será el resultado de varios años de trabajo, incluso con el buen modelo que ha desarrollado la SSP. Mientras tanto, la presencia militar seguirá siendo imprescindible.
Existen otros puntos en la reforma que son muy controvertidos. Por ejemplo, los legisladores han dicho que se opondrán a los sistemas de escuchas telefónicas y otros mecanismos de espionaje o de persecución en caliente, si no constan con el aval de un juez. La propuesta original buscaba evitar algunas situaciones ridículas que hemos vivido recientemente como residencias ocupadas por narcotraficantes, rodeadas por fuerzas militares y policiales que no pueden ingresar a ella porque el juez tarda algunas horas en emitir la orden. Por supuesto que se deben evitar y tomar medidas contra los excesos que pudieran cometerse, pero por eso deben buscarse los mecanismos más eficientes, similares a los que aplican la mayoría de las democracias del mundo. Pero, paradójicamente, como consecuencia indirecta del caso Lydia Cacho, se propone en el Congreso que las grabaciones clandestinas sí puedan aceptarse en los juicios cuando sean aportadas por particulares. Es absurdo: los legisladores se oponen a que la autoridad haga escuchas, pero impulsa que lo hagan los particulares cuando consideren que puede beneficiarlos en un proceso. Lo cierto es que hoy son más los particulares, desde políticos hasta empresarios, pasando por policías privadas, que hacen escuchas clandestinas que las fuerzas de seguridad. Pero se supone que el control y el uso de la fuerza es una prerrogativa exclusiva del Estado. Por lo menos eso dice la Constitución.