Ayer se reunieron la presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados, Ruth Zavaleta y el secretario de Gobernación, Juan Camilio Mouriño para hablar sobre la agenda legislativa del periodo ordinario que comienza el próximo viernes. No se dijo que acordaron pero ya en estos días, varios de los principales protagonistas de las negociaciones legislativas han intercambiado sus propuestas en distintos artículos periodísticos. Y todos están planteando, de alguna manera, la agenda común. Lo importante son los puntos de intersección entre ellos.
Ayer se reunieron la presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados, Ruth Zavaleta y el secretario de Gobernación, Juan Camilio Mouriño para hablar sobre la agenda legislativa del periodo ordinario que comienza el próximo viernes. No se dijo que acordaron pero ya en estos días, varios de los principales protagonistas de las negociaciones legislativas han intercambiado sus propuestas en distintos artículos periodísticos. Y todos están planteando, de alguna manera, la agenda común. Lo importante son los puntos de intersección entre ellos.
Apenas ayer Manuel Camacho escribió que el año definitivo para esta administración y para el futuro inmediato del país no era el 2009 sino el 2008, y se queja de las visiones maximalistas y de exagerado optimismo de algunos personajes, sobre todo del gobierno federal. Camacho propone un diálogo fructífero y la búsqueda de acuerdos para sortear este año y los peligros que lo acechan, entre ellos la posible recesión en los Estados Unidos. Sería difícil estar en desacuerdo con esas premisas. Lo que no queda claro es qué representa hoy en el lopezobradorismo el propio ex regente capitalino: López Obrador, en el FAP, se inclinó por Porfirio Muñoz Ledo, aún con el desconcierto no sólo de perredistas, sino también de Convergencia y el PT. Camacho, y Marcelo Ebrard, no parecen coincidir hoy plenamente con López Obrador. La declaración de éste destapándose a sí mismo como candidato presidencial para el 2012, no debe haber caído demasiado bien en las oficinas del gobierno capitalino.
Pero Camacho, en éste y en otros textos, fuera de algunas generalizaciones que deben entenderse como la cuota de obediencia debida al líder, está planteando la necesidad de diálogo y acuerdos con los distintos sectores políticos y con el gobierno. La pregunta es sobre qué deben versar los acuerdos y a quién representa para ello. No lo dice Manuel y todo queda, entonces, en una suerte de vacío de buenas intenciones. Quizás no puede recorrer ese camino sin salir lastimado internamente, como sucede con otros actores de la vida perredista. Pero de la misma manera que se debe registrar la insuficiencia se debería anotar la propuesta.
Al mismo tiempo, Manlio Fabio Beltrones, que ha tenido el buen tino de no llevarse a los senadores priistas para su plenaria previa al periodo de sesiones a algún destino turístico sino a trabajar en sus oficinas de la Torre del Caballito, ya hizo su propuesta. Su artículo de la semana pasada en El Universal destaca la necesidad de “no perder tiempo”. Y señala cuatro temas que son de su interés: primero un cambio “cualitativo” de la política social, buscando establecer una “política de Estado” en la misma. Manlio quiere desaparecer la Sedesol para transformarla en una suerte de consejo (tipo IFE) que rija la política social y maneje los programas. Como aquí dijimos, es improbable que esa propuesta se abra paso plenamente, pero se pueden establecer mecanismos que permitan llegar a una suerte de punto intermedio, sobre la política social. Ningún gobierno puede resignar plenamente su firma en las políticas sociales: eso es lo que hace la diferencia a la hora de evaluar a unos u otros. Pero ello no impediría que se pudiera institucionalizar mucho más su operación.
El segundo punto de Beltrones es el energético. Allí es transparente: cambios pero sin modificación del 27 constitucional y el rechazo a los contratos de riesgo como mecanismo de participación de la iniciativa privada. A partir de eso dice que su partido está dispuesto a lograr un consenso amplio y rápido para reformar la industria. El tema de los contratos de riesgo, sobre todo para la exploración en aguas profundas parecen ser un instrumento debatible y difícilmente suplantable (las empresas que cuentan con esa tecnología demandan esos contratos para obtener mayores beneficios y esa tecnología no se vende sin ellos). El tercer punto que plantea el líder del senado es político: habla de la necesidad de que el ejecutivo cuente con instrumentos para comunicarse de manera fluida y cotidiana con los otros poderes. En otras palabras, vuelve a colocar sobre la mesa el tema de la creación de una figura que oscile entre un jefe de gabinete y un primer ministro. Finalmente aborda un tema que también ya había presentado: “la regulación de los monopolios… de la infraestructura física, la educación…la eficiencia del sistema financiero y la certidumbre jurídica” son algunos de los principios para la modernización propuesta, que, como está planteada, parece hacer énfasis, sobre todo, en el tema de la regulación de los monopolios. No habla Beltrones en su texto de los capítulos pendientes de la reforma electoral ni de la laboral ni tampoco de la reforma a la seguridad y la justicia. Y se coloca en el medio, entre privatizadores e inmovilistas.
Mierntras tanto para el presidente de la comisión de Gobierno de la cámara de diputados, Diódoro Carrasco, según lo publicado el jueves en Milenio, lo prioritario es concluir de inmediato la reforma electoral, la elección de los Consejeros, la reforma de 18 leyes secundarias y sobre todo de la ley de radio y televisión. Pero pasado ese momento, señala que son tres los temas de la agenda que viene: la reforma del Estado, con puntos en parte coincidentes con lo planteado por Beltrones, y las reformas energética y laboral. Rechaza en la energética la privatización pero acepta la inversión en algunos campos, y en la laboral dice que se trata de flexibilizar en el derecho lo que ya se aplica en la práctica.
Si pudiéramos sintetizar todo esto en una agenda, tendríamos que, primero, hay voluntad de negociar; segundo que irá la reforma energética sin cambio constitucional; tercero, que la moneda de cambio de ésta pasará por los recursos de la política social. Y que la reforma política y la laboral tendrán su quid pro quo correspondiente.