Que se haya aprobado en la cámara de diputados, con cambios menores, la reforma al sistema de seguridad y justicia es una buena noticia. Que esos cambios menores estén referidos a modificar el párrafo que permitía los cateos sin orden judicial previa también es una buena noticia.
Que se haya aprobado en la cámara de diputados, con cambios menores, la reforma al sistema de seguridad y justicia es una buena noticia. Que esos cambios menores estén referidos a modificar el párrafo que permitía los cateos sin orden judicial previa también es una buena noticia. No precisamente porque, como se dijo, se estaría abriendo una enorme brecha de discrecionalidad para que las fuerzas de seguridad de cualquier nivel pudieran ingresar a un domicilio sin justificación alguna (esa es una simplificación excesiva de lo planteado, sobre todo si recordamos que esos capítulos podían aplicarse exclusivamente en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y por ciertas áreas específicas de seguridad, además de que ya existe legislación previa al respecto), sino porque se corría el serio peligro de que una reforma que es positiva en muchos ámbitos (un reforma que permite articular sobre todo a las fuerzas de seguridad con mucha mayor certidumbre y con un proyecto de largo plazo; que permite, además, dotar a las instituciones de seguridad y justicia con mejores instrumentos para enfrentar la inseguridad y delincuencia, sobre todo la organizada) fuera cuestionada y hasta abortada por un punto controversial, que generó preocupación y demandas, algunas sinceras, otras interesadas, pero en última instancia menores en el contexto de toda la reforma.
Es mucho lo que se podrá avanzar en el ámbito de la seguridad. Un juez puede decretar el arraigo de una persona a solicitud del ministerio público y no podrá pasar de 40 días, prorrogado en casos especiales, por un periodo similar. Se ordena la prisión preventiva de oficio para delitos graves o violaciones. Se crearán centros especiales de detención para delincuentes peligrosos. Es clave la obligatoriedad del proceso de certificación de las policías para elevar su profesionalización y otorga nuevas atribuciones al ministerio público para que pueda convertirse en un verdadero ente investigador, función que ahora podrá cumplir también la policía bajo control de aquel. Y se establece la extinción de dominio, es otras palabras, la pérdida de la propiedad a favor del Estado, de todo medio o producto que provenga de recursos de origen ilícito. Estas reformas cambian radicalmente los instrumentos de lucha contra el crimen organizado: disciplinan y colocan estándares generales para la policía, le quita a los delincuentes y a sus descendientes recursos, se aísla a los más peligrosos, la policía y el ministerio público pueden investigar a profundidad. El escenario que se abre, después de la reforma, es otro.
En el ámbito judicial las reformas son también muy importantes, aunque falta por hacer en ese ámbito. Los más importante es que se instituye la oralidad de ciertos procesos judiciales, otorgando mayor rapidez y transparencia a la justicia, en un cambio que llevará tiempo, según la ley ocho años, para implementarse completamente. Además se establecen mecanismos de solución de controversias a través de la conciliación y la reparación del daño.
Pero hay muchos otros cambios importantes: se establece como precepto constitucional la presunción de inocencia, en otras palabras que nadie puede ser detenido para ser investigado. Por lo tanto la prisión preventiva sólo podrá utilizarse como excepción y sólo cuando no se puedan garantizar otras medidas cautelares. Además, la víctima de un delito podrá aportar pruebas e impugnar las resoluciones del ministerio público, así como las omisiones de la investigación. Hoy la víctima es sólo un testigo más del proceso. Las confesiones ya no serán consideradas por sí solas una prueba. Y ya no será el poder ejecutivo sino el judicial el que garantizará la ejecución de las sentencias. Faltan, sin embargo, varios capítulos que tendrán que ser abordados en el futuro para una verdadera modernización del poder judicial, pero es un avance considerable lo aprobado, sobre todo lo referido a la oralidad de los procesos.
En el proceso legislativo se pusieron de manifiesto, nuevamente, los amplios márgenes de acuerdo que se pueden lograr cuando existe voluntad de negociación. Los argumentos sobre los cateos esgrimidos por el perredismo y un sector del priismo, fueron atendidos; la reforma fue elaborada por la comisión de justicia que encabeza el priista (ex gobernador del estado de México) César Camacho Quiroz y se basó en las propuestas de los organismos de seguridad y justicia, con una participación importante de los legisladores de la propia comisión; hasta la última hora los líderes legislativos mantuvieron contacto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para sacar adelante la reforma con los cambios necesarios.
La reforma ya aprobada por la cámara de diputados regresará ahora al senado para una última aprobación (que se daría el mismo jueves) y pasará a las legislaturas locales para que sea a su vez respaldada por la mayoría de éstos. Por primera vez en años, el tema de la seguridad y la justicia ha sido atendido como lo exigió la sociedad, en la marcha contra la inseguridad de hace ya casi cuatro años.
Semanas atrás, el senador Manlio Fabio Beltrones, me decía en una entrevista para el programa México Confidencial, que los priistas apoyarían esa reforma, que equivalía, decía, casi a un Acta Patriótica, similar a la aprobada por el congreso de EU después del 11-S y que ahora le tocaba al gobierno rendir cuentas. En buena parte es verdad. Pero el Acta Patriótica es una medida de excepción en un sistema jurídico y de seguridad consolidado. Estas reformas dotan al Estado mexicano de una serie de instrumentos básicos para combatir a la delincuencia y hacer más eficiente la justicia. Algunas medidas pueden ser de excepción, pero la mayoría implican la transformación de un sistema obsoleto y que fomenta la inseguridad y la justicia.