La próxima semana se presentará la iniciativa de reforma energética y, si la operación se ha llevado correctamente, no tendría porqué encontrarse con escollos serios en su cámara de origen que será la de senadores. El priismo, desde tiempo atrás había establecido varias condiciones para apoyar al gobierno federal y al PAN en la modernización de PEMEX.
La próxima semana se presentará la iniciativa de reforma energética y, si la operación se ha llevado correctamente, no tendría porqué encontrarse con escollos serios en su cámara de origen que será la de senadores. El priismo, desde tiempo atrás había establecido varias condiciones para apoyar al gobierno federal y al PAN en la modernización de PEMEX que, hay que reconocerlo, es parte, también de su propia plataforma: que no fuera una modificación constitucional porque no tendría consensos internos para ello; que la iniciativa se presentara después del 18 marzo, para no influir en la elección interna del PRD (o mejor dicho para que ésta no influyera en el debate de la iniciativa); que se le diera un lugar en la misma al sindicato petrolero, que sigue teniendo peso e influencia en el PRI a pesar de la aparente distancia que existe hoy entre Carlos Romero Deschamps y sus actuales dirigentes; y que la iniciativa, por lo menos en esta etapa, no incluyera contratos de riesgo. Una condición adicional no estaba planteada pero era obvia, es que los estados con potencialidad energética se vieran beneficiados por la misma.
Todas esas condiciones se han ido cumpliendo y son las que han hecho compleja la elaboración de la iniciativa, ya que los márgenes para operar son estrechos. Se repite de alguna manera lo de la reforma hacendaria: si el PRI insistía en que no pasaría una reforma que incluyera aumentos al IVA pero sí alguna que permitiera aumentar la recaudación hubo que buscar fórmulas heterodoxas que permitieran cumplir con ambas condiciones. Ahora sucede lo mismo. Todo indica, sin embargo, que la iniciativa que contempla todos esos elementos ya está lista y se presentará la próxima semana. Si es así tendrá respaldo del priismo (lo que no implica que vaya a ser aprobada en fast track o que no haya modificaciones sobre la propuesta original), de los partidos pequeños y dejará en una circunstancia difícil a varios legisladores del FAP, porque resulta obvio que nadie está planteando ni la privatización de PEMEX ni tampoco una reforma constitucional de fondo.
Ha habido voces sensatas que han opinado que mejor no se debería presentar esa iniciativa ahora porque incitaría a las acciones violentas del lopezobradorismo. Pero eso sería como aceptar un chantaje. En los hechos, López Obrador está dispuesto a llegar lo más lejos que pueda, mientras las autoridades y la sociedad se lo permitan, en un camino de violencia: esa es su carta y su opción y lo es dentro y fuera de su propio partido. ¿Alguien cree que López Obrador modificará su posición desestabilizadora porque no haya reforma energética?. Lo asumirá como un triunfo personal e irá por más. Por otra parte, si recurre a la violencia terminará de hundir a su movimiento político, cada día más aislado y radicalizado. Cuando un senador serio como Carlos Navarrete, anuncia como estrategia política que el PRD hará “espectáculo”, no cabe espacio para el optimismo.
El temor no es el circo, sino la posibilidad de que los grupos radicales, algunos de ellos armados que giran en torno a las alas más violentas del lopezobradorismo monten una provocación mayor. En ese caso los costos serán altísimos para todos, pero sobre todo para ese movimiento que no cuenta con el respaldo de más del 13 por ciento de la población, según todas las encuestas serias, para sus acciones de “resistencia civil”.
Pero la base para avanzar en la reforma energética paradójicamente pasará, muy probablemente, por otros ámbitos. Por ley, el 10 de abril concluyen los trabajos de la ley para la reforma del Estado. Existen varios capítulos relacionados con mecanismos de gobierno y operación del Estado que son claves para distintas fuerzas políticas pero en este caso sobre todo para el priismo y en particular para quien ha sido el principal impulsor de esas reformas, Manlio Fabio Beltrones. Al mismo tiempo esos trabajos en la cámara de diputados los está encabezando Ruth Zavaleta, quien también tiene la intención de avanzar en esas y otras reformas para consolidar el positivo perfil que ha logrado ante la opinión pública. No sería nada descabellado, incluso sería casi obligado, que mientras en la cámara de senadores se dé entrada a la reforma energética, en la de diputados se deba comenzar a tomar decisiones en torno a la reforma del Estado. Habrá quien diga que se trata de una maniobra de distracción. No es así: se trata de operación legislativa: de la misma manera que la reforma hacendaria fue de la mano con la electoral y que la de justicia y seguridad lo hizo con la elección de los consejeros del IFE, muy probablemente veremos en estos días cómo los cambios energéticos coincidirán con los políticos derivados de la reforma del Estado.
El último día de abril tampoco será una fecha fatal para todo este proceso. Seguramente se debe concluir con él antes del primero de septiembre, pero se debería recordar que en agosto se debe renovar un tercio del IFE y que eso obligará a que se establezca un periodo extraordinario de sesiones en junio o julio, donde se podría terminar de aprobar (como ocurrió con la reforma a la seguridad y la justicia) lo que pueda quedar pendiente en abril, sea energético o político, sobre todo si ya cuenta con el voto de por lo menos una de las cámaras en cada una de estas iniciativas. Y quizás para esa fecha, el PRD o los distintos grupos que lo conforman, tengan definido su futuro y el de su partido.
No olvidemos otra cosa: para esa fecha, pasado mayo, también habrá concluido sus labores la llamada comisión Mouriño, que se ha dado dos meses para establecer la legalidad o no de los contratos firmados por Ivancar con PEMEX. Y la operatividad o no de Mouriño para el presidente Calderón se establecerá precisamente en estas semanas y meses.