Apenas ayer Pablo Hiriart recordaba que Marcelo Ebrard no ha aparecido en todo el sainete de la reforma petrolera.
Dentro de unas dos semanas, el gobierno del DF tendrá que dar cuenta de las observaciones presentadas por la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 2006, incluyendo obras, como los distribuidores viales, que habían estado reservadas y que aún hoy no sabemos a ciencia cierta como fueron operadas.
Apenas ayer Pablo Hiriart recordaba que Marcelo Ebrard no ha aparecido en todo el sainete de la reforma petrolera. Es verdad, tampoco es novedad decir que Ebrard desea ser candidato presidencial en el 2012 y que la situación interna en su propia administración es tensa, sobre todo porque Martí Batres, el secretario de desarrollo social local ha puesto todo los recursos y apoyos de esa dependencia a disposición de López Obrador. Es, quizás por ello mismo, una de las áreas más oscuras y con menor control del gobierno local. Pero de las que cuenta con mayor presupuesto para ser gastado a discrecionalidad.
Para Ebrard, que tiene un secretario de finanzas como Mario Delgado (sin duda eficiente y serio) y que en los mismos días que el lopezobradorismo estaba tomando la tribuna para impedir la reforma petrolera anunciaba que las principales obras viales de la capital se realizarán con capital privado y se pagará peaje por su utilización, el tema de los recursos públicos es clave para sus aspiraciones futuras. Una de las cosas que pueden diferenciarlo de otros políticos cercanos a López Obrador es mostrar una buena administración. Y sin embargo, en eso también tendrá que tomar decisiones y rendir cuentas. De ello dependerá su futuro.
Dentro de unas dos semanas, el gobierno del DF tendrá que dar cuenta de las observaciones presentadas por la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 2006, incluyendo obras, como los distribuidores viales, que habían estado reservadas y que aún hoy no sabemos a ciencia cierta como fueron operadas. Pero incluso con esas limitaciones las conclusiones a las que llega la auditoria de la cuenta pública del DF sobre esas obras dejan en un problema grave al gobierno capitalino: ellos no realizaron esas obras, pero fueron parte de esa administración y por sobre todas las cosas, si responden aceptando las observaciones, dejarán al descubierto los malos manejos de López Obrador y de la responsable de las mismas, Claudia Sheimbaum. El tema no es menor: de lo auditado respecto al distribuidor vial de San Antonio hay 16 recomendaciones y tres pliegos de observaciones que implicarían falta de explicación por lo menos de 52.5 millones de pesos. La Auditoria Superior de la Federación le pide al GDF, sólo respecto al distribuidor de San Antonio que explique porqué no cumplió con la medidas de mitigación establecidas en la manifestación de impacto del proyecto. Asegura que realizó pagos indebidos por poco más de 26 millones de pesos, ya que los elementos estructurales de cada uno de los viaductos no cumplieron con la separación de colindancia mínima requerida. Además, rebasó los costos de operación.
En el llamado segundo piso, en el tramo Sen Jerónimo-Las Flores, la auditoria superior encontró muchas más irregularidades, poco más de 40, que implican 71.2 millones de pesos. Una vez más, no se cumplió con las medidas de mitigación del proyecto. Se realizaron pagos indebidos por 27 millones 725 mil pesos porque en la adjudicación de contratos, los contratistas presentaron sus propuestas sin acreditar rubros indirectos, directos, factor de salario real, financiamiento y utilidad. Las trabes colocadas no cumplen con la calidad especificada con un costo de 14 millones 500 mil pesos. En los trabajos de drenaje pluvial, y en el proceso constructivo de los elementos estructurales de la obra tampoco se cumple con la calidad especificada. NI tampoco lo cumplen las llamadas zapatas, ni los torones de postensado de los elementos estructurales. Ni se entregó oportunamente el finiquito de la obra, entre otras varias irregularidades. Casualmente, en ambos casos las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación, son de aproximadamente el 10 por ciento del valor declarado de la obra. Y estamos hablando de los recursos de origen federal que son los que pudieron ser auditados por la ASF. En total, con poco más de 600 observaciones, el DF fue la entidad con mayor cantidad en el país, a pesar de que por su propio régimen administrativo fue la que menos auditorias recibió.
Le quedan al GDF unos 15 días hábiles para responder. Algunas observaciones podrán ser, sin duda, solventadas, pero otras, como la falta de proyectos de mitigación ambiental o vial, o las fallas estructurales detectadas en la construcción de esas obras, no podrán ser resueltos fácilmente.
El punto es que en algún momento se tendrá que dar una respuesta. Y habrá que responsabilizar o no a la administración de López Obrador por esos malos manejos financieros y de operación. Si no es así, terminarán siendo sus sucesores los que pagarán los costos.
Un costo inadmisible
El camino al infierno parece estar sembrado de blackberrys. Rafael Quintero Curiel, era hasta la semana pasada uno de los coordinadores de logística de la avanzada del presidente Calderón en sus giras. Según las autoridades estadounidenses Quintero Curiel fue filmado mientras se robaba dos blackberrys del salón donde habían estado reunidos los mandatarios de México, EU y Canadá en New Orleáns. Quintero, separado de su cargo desde el jueves pasado, alega que sólo las tomó porque habían quedado olvidadas y las regresó con una conductora al hotel cuando él llegaba al aeropuerto. Será la justicia la que dirá la última palabra, pero resulta ahora que Quintero ya tenía malos antecedentes previos de trabajo en la Junta de Caminos del Estado de México, donde había trabajado con gente del profesor Hank González y como funcionario menor con Arturo Montiel. Hay denuncias de malos manejos durante su trabajo en la Junta, posteriormente en la refinería de Salamanca e incluso en un negocio privado. En Los Pinos ya habían tenido un grave problema con Nahum Acosta el sexenio pasado. ¿No se debería implementar, por lo menos, un estricto mecanismo de control de confianza para trabajar Los Pinos, aunque sea en una posición menor como ésta?