Quizás fue, como se dijo, demasiado optimista, Jesús Reyes Heroles, el director de PEMEX cuando afirmó en entrevista con Excélsior que habría reforma petrolera antes de septiembre. Pero no está tan lejos de la realidad. En los últimos días, mientras transcurre el farragoso debate petrolero en el senado, han avanzado por otros caminos una serie de acuerdos que pueden llevar a ese resultado.
Quizás fue, como se dijo, demasiado optimista, Jesús Reyes Heroles, el director de PEMEX cuando afirmó en entrevista con Excélsior que habría reforma petrolera antes de septiembre. Pero no está tan lejos de la realidad. En los últimos días, mientras transcurre el farragoso debate petrolero en el senado, han avanzado por otros caminos una serie de acuerdos que pueden llevar a ese resultado.
Existen como base para ello, dos acuerdos básicos entre el PAN y el PRI: primero, dejar fuera del debate el tema de la constitucionalidad de la iniciativa legislativa; segundo, no se aceptará la idea de López Obrador, instrumentada por Marcelo Ebrard, de organizar consultas o referéndums, no sólo porque la ley no lo permite, sino también porque la pregunta que se sometería a consulta: ¿está usted de acuerdo o no con la privatización de PEMEX? es una burda manipulación que no tiene sustento. Por eso no será seguida por los gobernadores, ni siquiera los del PRD, ya que, como señaló Enrique Peña Nieto, el único objetivo de la misma sería impulsar una causa partidista. Si el Instituto Electoral del DF no ha terminado ser controlado por el GDF no podría, tampoco, organizar una consulta que no cumple ningún precepto legal.
Lo cierto es que para llegar a esos acuerdos, existirían ya otros que podrían incorporar a sectores de otros partidos, además del PRI y el PAN, incluso con la posibilidad de que el PRI presente su propia iniciativa, o iniciativas complementarias, como dijo Francisco Labastida y de allí surja una nueva legislación. Hasta ahora los acuerdos de los grupos parlamentarios pasarían por el mantenimiento de parte de la iniciativa presidencial, pero sin dos capítulos fundamentales: el de la posibilidad de que la iniciativa privada pueda invertir en refinerías y en oleoductos. Tampoco avanzaría la propuesta de Fidel Herrera de las empresas estatales pero sí la posibilidad de la creación de empresas “espejo” o sea de empresas desligadas orgánicamente de PEMEX que tuvieran capacidad de operación autónoma respecto a la paraestatal, aunque seguirían siendo propiedad del propio Estado.
Existen debates sobre la propuesta priista de que sean ratificados por el senado el director y el consejo de administración de la empresa, lo que podría tener una salida intermedia, ya que el PAN considera que la designación del director de la empresa debe seguir siendo una prerrogativa del Ejecutivo. Se están analizando los mecanismos para la explotación de los yacimientos en aguas profundas y los acuerdos transfronterizos que pudieran realizarse en ese sentido, quizás uno de los temas más delicados en toda esta negociación.
En los hechos la reforma petrolera va de la mano con una serie de acuerdos que trascienden la misma. Está pendiente el tema de los consejeros del IFE; ya terminaron las comparecencias de los aspirantes y el nombramiento de los tres nuevos consejeros debe estar definido antes del 15 de agosto próximo. También están pendientes muchos temas relacionados con la reforma del Estado, que no fueron concluidos por la cámara de diputados. En torno a esas negociaciones y a las fechas para procesarlas, gira buena parte de los acuerdos que se puedan lograr o no en la reforma petrolera.
En el capítulo de los consejeros, uno de los temas pasa por la selección o no de Jorge Alcocer, sin duda uno de los más capacitados para esa labor, que llega con el aval de personalidades tan disímiles como José Woldenberg, Jorge Carpizo y Miguel Angel Granados Chapa, pero que goza también de una fuerte oposición, particularmente de sectores perredistas y de algunas de las corrientes más conservadoras del PAN. Sería lamentable que Alcocer quedara fuera prácticamente por caprichos o ajustes de cuenta del pasado pero también es verdad que su activa participación en la reforma electoral le ha creado muchos enemigos. Está también el tema de la cuota de género en el IFE, porque en los hechos dejarían entre los reemplazos anteriores y los futuros, tres consejeras sus responsabilidades, y algunos impulsan la idea de que sean reemplazadas por tres mujeres. Nada lo estipula así legalmente, pero podría ser una posibilidad política viable.
Respecto a la reforma del Estado, hay varios pendientes que interesan, sobre todo a Manlio Fabio Beltrones, impulsor original de la misma. Hay temas relacionados con el informe presidencial, ya que lo aprobado en la cámara de diputados se aleja de los acuerdos que se habían adoptado originalmente; están los relacionados con las preguntas legislativas que el ejecutivo se vería obligado a responder; la desaparición de los permisos para los viajes presidenciales y los mecanismos para que el ejecutivo tenga la posibilidad de presentar un cierto número de iniciativas en cada periodo legislativo, que el congreso en un plazo determinado tuviera que dictaminar y votar, si no ocurriera así las iniciativas se convertirían automáticamente en leyes. Otro tema pendiente es la transformación del derecho a veto del presidente, eliminando el llamado veto de bolsillo (o sea cuando el ejecutivo no publica una ley y por lo tanto ésta en los hechos no se aplica) y ampliando facultades para un veto público, sobre todo en temas presupuestales.
Y todo eso debe girar en torno a las fechas de aprobación de esos paquetes. Existe un acuerdo para tener un extraordinario en junio. Y la idea sería tener otro en la primera quincena de agosto, que incluiría el tema energético. Pero el PRI quiere que en lugar de en un segundo extraordinario en agosto se pase a votación el tema petrolero en el periodo ordinario en septiembre, cuando presidirá la cámara alta Manlio Fabio. El tema aún está en un proceso de negociación.