Ya sabemos que para nuestro sistema de partidos hay una ciudadanía, con ciertos derechos y atribuciones que es a la que pertenece a la dirigencia de esos partidos, y otra, en la que estamos incluidos todos los demás, que por ley no puede hacer pública su opinión política, controlada, como dice bien Jesús Silva Herzog Márquez este lunes, por una suerte de gran censor, que es en lo que se ha convertido el IFE.
Cuando los legisladores declaran que los resultados del periodo extraordinario de sesiones fueron “excelentes”, uno no puede menos que preguntarse si la lógica que utilizan para medir sus resultados tiene alguna relación con la del resto de la ciudadanía. Ya sabemos que para nuestro sistema de partidos hay una ciudadanía, con ciertos derechos y atribuciones que es a la que pertenece a la dirigencia de esos partidos, y otra, en la que estamos incluidos todos los demás, que por ley no puede hacer pública su opinión política, controlada, como dice bien Jesús Silva Herzog Márquez este lunes, por una suerte de gran censor, que es en lo que se ha convertido el IFE. Veremos qué tiene la Suprema Corte de Justicia que decir respecto a esta división ciudadana en dos categorías, una con derechos y la otra con obligaciones en el ámbito político. Pero, incluso así, cuesta comprender que los legisladores consideren como grandes éxitos reformas que sirven sólo para sus juegos políticos internos.
¿Qué se aprobó en el periodo extraordinario?. Se designaron los tres nuevos consejeros del IFE. Se reformó, y se lo vendió como una gran reforma, el formato del informe presidencial. Se decretó que los funcionarios que contesten preguntas del congreso deberán responder “con la verdad”. Se aceptó que el presidente puede salir del país por un periodo de siete días sin solicitar permiso al congreso. Se había aprobado en el senado la posibilidad de la “iniciativa preferente” del ejecutivo, o sea la posibilidad de que enviara dos iniciativas por periodo y que éstas tuvieran que ser dictaminadas y votadas en el mismo periodo, y si no fuera sí se convertirían en ley inmediatamente, para evitar la llamada “congeladora legislativa”. Ello iba de la mano con la obligación de publicar las nuevas leyes en un plazo máximo de 30 días para evitar el llamado “veto de bolsillo” presidencial. Estos dos temas, que quizás eran, en términos prácticos, los más importantes, fueron bloqueados en la cámara de diputados por los legisladores del FAP y un grupo de priistas, y volvieron a comisiones. Nadie sabe cuál podrá ser su destino.
Algunos legisladores al aprobarse estas reformas fueron muy elocuentes. Dijeron que con ellas se crean “nuevas instituciones legislativas”, que se “equilibran los poderes”, que se acabó (ellos y los medios utilizaron una y otra vez la frase sin comprender que estaba vacía desde hace años) el “día del presidente”. Nada de eso es verdad, o en todo caso es una verdad a medias. Las instituciones o los equilibrios sirven de poco, si no se modifican con ellas las conductas políticas. Y vimos como en la cámara de diputados, un grupo de hooligans del PRD volvieron a tomar la tribuna, a desplegar mantas, a realizar “marchas” por el recinto legislativo porque no se habían incorporado al temario del periodo extraordinario lo que ellos querían y los demás partidos no. Y amenzan volver a hacerlo si se aprueba la reforma petrolera.
El informe presidencial es un buen ejemplo. El “día del presidente”, como pomposamente se lo llamó, estaba muerto desde el primero de septiembre de 1988, hace exactamente 20 años, cuando el entonces senador Porfirio Muñoz Ledo, interrumpió en su último informe a Miguel de la Madrid para intentar hacerle una pregunta. Ese, con todo, fue un acto civilizado. Lo que vino después fue vergonzoso, no por el informe en sí (que rápidamente se fue despojando de todos sus atributos “presidencialistas”, desde el famoso “besamanos” posterior hasta las mínimas atenciones legislativas al visitante en turno de San Lázaro) que en última instancia era un evento que la ciudadanía podía o no seguir, sino por los reiterados espectáculos que dieron los legisladores transformando un acto cívico, compartible o no, en un circo que sólo provocaba pena ajena y deterioró como muy pocas cosas la imagen de los propios legisladores. Ahora cambia la ceremonia, y quizás sea lo correcto, pero ¿quién cambiará la cultura política de nuestros legisladores?¿no estaban realizando marchas en el propio recinto al mismo tiempo que aprobaban esta ley?.
Lo mismo sucede con el IFE. Los nuevos consejeros son personas, tenemos entendido, preparadas y honestas. Pero todo el proceso de selección sirvió para una cosa: para que con más transparencia que nunca se designara una por el PAN, otro por el PRI y el tercero por el PRD. ¿Son mejores o peores ellos que los consejeros que dejarán su responsabilidad?. Ni peores ni mejores: los que se van también son preparados y honestos. Y también tienen, de origen, un sello partidario. La única diferencia es que ahora los nuevos reflejan el nuevo equilibrio interno de los respectivos partidos. Puede ser útil, pero que nadie nos diga que eso en algo favorece a la ciudadanía.
Sí hubieran transformado algo del equilibrio de poderes y la marcha política, la aprobación de la iniciativa preferente. Por lo menos hubiera obligado a que los temas se discutieran, se aprobaran o desecharan y que por lo menos los legisladores tuvieran que decir porqué daban luz verde o no a una iniciativa. La excusa que se utilizó en San Lázaro para frenar lo aprobado en el senado es por lo menos ridícula: porque, dijeron en el FAP y una parte del PRI, los legisladores no tenían la misma opción “preferente” que el ejecutivo. Olvidan un detalle: los que programan las agendas y dictámenes del congreso son ellos mismos. Pueden dictaminar una ley cuando quieran. Lo que se busca es otra cosa: obstruir lo más posible la gestión pública y limitar, legal y políticamente, los espacios de operación cotidiana del Ejecutivo.
Lo único que queda de manifiesto después del extraordinario es que los partidos no han variado en nada su cultura política pero tienen una gran capacidad de ponerse de acuerdo…para fortalecer sus espacios, prerrogativas y posiciones de poder. Todo lo demás puede esperar.