Marcelo Ebrard tuvo que hacer justicia con los responsables de la muerte de 12 personas en la discoteca News Divine, y necesariamente, debió comenzar por hacer suyas las conclusiones de la única investigación independiente sobre el caso: la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que encabeza Emilio Alvarez Icaza. Y por ende debió dejar de lado la investigación light , destinada a absolver de responsabilidades a los mandos altos del gobierno capitalino, que realizó la procuraduría del DF, exculpándose a sí misma, por cierto, de todo el proceso.
Marcelo Ebrard tuvo que hacer justicia con los responsables de la muerte de 12 personas en la discoteca News Divine, y necesariamente, debió comenzar por hacer suyas las conclusiones de la única investigación independiente sobre el caso: la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que encabeza Emilio Alvarez Icaza. Y por ende debió dejar de lado la investigación light , destinada a absolver de responsabilidades a los mandos altos del gobierno capitalino, que realizó la procuraduría del DF, exculpándose a sí misma, por cierto, de todo el proceso. La sola diferencia entre la investigación de la procuraduría y la que dio a conocer ayer la CDHDF, hubiera justificado la renuncia de Joel Ortega, de Rodolfo Félix Cárdenas y que no regrese jamás de su licencia el delegado Francisco Chíguil. Que Ebrard se haya demorado casi tres semanas en tomar una decisión que era obvia desde el mismo 20 de junio demuestra también la forma en que se trató de defender a los funcionarios ahora caídos en desgracia. Ebrard hizo lo correcto al aceptar la renuncia de los funcionarios, pero podría haberlo hecho mucho antes, con un costo mucho menor.
La investigación de la CDHDF permite comprender lo que sucedió y desmiente o rectifica buena parte de la indagatoria de la justicia capitalina. En primer lugar coloca en contexto lo ocurrido: fue un operativo, como hemos dicho en muchas oportunidades, que no estaba destinado a revisar las irregularidades que pudieran estar cometiéndose en la discoteca, sino a detener a la mayor cantidad posible de jóvenes, con mayor premeditación porque la acción se realizó a las cinco y media de la tarde, cuando se sabía que la enorme mayoría de los asistentes eran menores de edad. No es verdad, como dijo la procuraduría, que se trató de una suma de errores y negligencias, encabezadas por el jefe de la UNIPOL en la Gustavo A. Madero, Guillermo Zayas, sino de una acción planeada con días de anticipación e incluso se comprobó que Zayas (lo que no lo absuelve de responsabilidades, pero le evitará la condena por homicidio doloso) estuvo todo el tiempo en contacto con el subsecretario de la SSP-DF, Luis Rosales (apodado modestamente en la red de radiofrecuencia policíaca como Apolo) y que fue el subsecretario Rosales quien le ordenó detener a los jóvenes y cuando éstos ya no cabían en los autobuses, le dijo que detuviera a “los que pudiera” y a los demás los “revisara” cuando fueran saliendo. Allí está la razón del “embudo” y de que se cerraran las puertas de la discoteca. Así estaba pensado y así se actuó. No fue producto de las circunstancias. La idea era detener y registrar jóvenes en forma ilegal. La investigación de la Comisión no deja lugar a dudas: el operativo a eso estaba destinado, buscaba ingresar además a la discoteca sin una orden judicial, fue planeado con anterioridad bajo esos parámetros (un día antes “agentes encubiertos” de la SSP-DF fueron al News Divine) y las muertes, concluye la Comisión, eran “absolutamente evitables”. Incluso desmiente algo que se planteó desde el inicio de la indagatoria: que en el News Divine se vendían drogas. No se encontraron rastros de drogas ni en el local ni en los detenidos: el único delito que estaban cometiendo los jóvenes, como confirmó Alvarez Icaza, era divertirse y “en el peor de los casos tomarse una cerveza”.
La SSP-DF, concluyó la Comisión, obstruyó las indagatorias y no entregó las pruebas completas sobre su accionar con el fin, dijo, el ombudsman capitalino, de impedir una investigación objetiva de lo sucedido. También recordó las amenazas de las que fueron objeto funcionarios de la Comisión que investigaban el caso, víctimas y sus familiares e incluso servidores públicos que estuvieron en el lugar de los hechos, para que no testificaran.
Pero la Comisión también ahonda en un punto clave que quería ser ignorado. La actuación de la delegación. La discoteca operaba irregularmente, las autoridades lo sabían y son tan responsables como la SSP-DF y la Procuraduría capitalina de lo ocurrido. El News Divine no tendría que haber estado funcionando y la delegación es responsable de ello.
En síntesis, la Comisión de Derechos Humanos capitalina demanda al gobierno de Ebrard que tome medidas contra la secretaría, la procuraduría y la delegación porque su responsabilidad en lo ocurrido es “ética e ineludible”. Y Ebrard optó por cumplir con su palabra y tomar medidas contra los responsables y no escudarse en la investigación de la procuraduría que se exculpa a sí misma, a los altos mandos de seguridad pública y de la delegación. Aunque, insistimos, se tardó quizás demasiado.
Pero el tema va más allá: fuera del discurso sobre los jóvenes, las becas o apoyos, lo grave es confirmar que lo que estaba detrás del operativo era criminalizar a los jóvenes y reducir sus espacios de expresión y esparcimiento. Hubo varios antes, la única diferencia en el caso del News Divine fue que ahora hubo muertos, pero en otros, anteriores (versiones del propio GDF decían para defender a Joel Ortega que no estaba enterado al detalle de lo sucedido porque había en ese momento nueve operativos simultáneos) se cometieron las mismas violaciones, incluyendo la detención y el fichaje de los menores de edad, aunque no estuvieran cometiendo delito alguno.
El gobierno capitalino y su partido, el PRD, más allá de la caída de Ortega y Félix Cárdenas, deben tomar decisiones de fondo respecto a su futuro que pasan, básicamente por el tipo de relación que quieren con la ciudadanía y su propia forma de entender y ejercer el poder. Que esta decisión tengan que tomarla al mismo tiempo que, como todo lo indica, tendrán que anular la elección interna de su dirigencia, por la enorme cantidad de irregularidades detectadas, no es una casualidad: es, simplemente, un síntoma más de una enfermedad que deberían frenar de una vez.