Hace ya más de cuatro años, después de la marcha contra la inseguridad que se realizó el 27 de junio del 2004, se presentaron innumerables propuestas para mejorar la seguridad pública y en particular para atacar el fenómeno del secuestro, que tenía entonces índices tan altos como ahora. Sólo en el congreso se presentaron ocho grandes iniciativas para avanzar en esas reformas. El entonces presidente Fox ofreció una amplia propuesta que la mayoría de los legisladores y partidos consideraron insuficiente, pero que contenía algunos capítulos importantes para transformar el trabajo de las policías, de los ministerios públicos y del sistema judicial. También se aumentaban las penas para los secuestradores. Entre los partidos, Convergencia fue el que presentó una propuesta con algunos capítulos controvertidos pero sin duda era la que tenía mayor sustancia. En el plano político, poco después de la marcha, dejó la secretaría de seguridad pública federal Alejandro Gertz Manero, en el marco de un fuerte enfrentamiento con el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Y no pasó nada. En 2005 y 2006 bajaron un poco las tasas de secuestros, que volvieron a repuntar en 2007, hasta volver a llegar a niveles récord en este 2008.
Hace ya más de cuatro años, después de la marcha contra la inseguridad que se realizó el 27 de junio del 2004, se presentaron innumerables propuestas para mejorar la seguridad pública y en particular para atacar el fenómeno del secuestro, que tenía entonces índices tan altos como ahora. Sólo en el congreso se presentaron ocho grandes iniciativas para avanzar en esas reformas. El entonces presidente Fox ofreció una amplia propuesta que la mayoría de los legisladores y partidos consideraron insuficiente, pero que contenía algunos capítulos importantes para transformar el trabajo de las policías, de los ministerios públicos y del sistema judicial. También se aumentaban las penas para los secuestradores. Entre los partidos, Convergencia fue el que presentó una propuesta con algunos capítulos controvertidos pero sin duda era la que tenía mayor sustancia. En el plano político, poco después de la marcha, dejó la secretaría de seguridad pública federal Alejandro Gertz Manero, en el marco de un fuerte enfrentamiento con el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Y no pasó nada. En 2005 y 2006 bajaron un poco las tasas de secuestros, que volvieron a repuntar en 2007, hasta volver a llegar a niveles récord en este 2008.
Ahora la historia parece volver a repetirse sólo que con algunos, no demasiados, actores diferentes. Tras el secuestro y muerte de Fernando Martí, vuelven a manejarse todo tipo de propuestas, pero, en los hechos, nadie hace nada. El tema legislativo, aunado en este caso a las políticas estatales y municipales es el más grave. El presidente Calderón había enviado al Congreso, hace ya un año y siete meses, como parte de una amplia iniciativa de seguridad, la propuesta de aumentar penas a los secuestradores. Nunca fue atendida, no recibió ni siquiera la oportunidad de ser discutida en comisiones del senado, la cámara de origen. Con la muerte del joven Martí el tema volvió a la palestra y el presidente Calderón reenvió esa propuesta ahora a la cámara de diputados. E inmediatamente, de casi todos los sectores políticos se afirmó que la propuesta era insuficiente, y mientras unos pedían la aplicación de la pena de muerte otros consideraron que las penas mayores no inhiben a los secuestradores y se recordó, como si no lo supiéramos, que el 98 por ciento de los delitos quedan impunes. Lo mismo se dijo en 2004 y al año siguiente los partidos ya estaban demasiado preocupados en las elecciones como para ocuparse del tema de la seguridad.
Por supuesto que la sola iniciativa de aumentar las penas contra los secuestradores es insuficiente. Pero lo que termina siendo indignante es que no se haga nada. El hecho es que el gobierno federal presentó una iniciativa hace año y medio y no fue siquiera debatida. Yo no sé si la propuesta de Calderón era buena o mala, suficiente o insuficiente, pero lo que sí sé es que los legisladores ignoraron los temas relativos a la seguridad (la mayor preocupación de la ciudadanía y lo que tendría que ser la base sobre la cual se debe construir cualquier Estado moderno) porque estaban ocupados con su propia agenda política, incluyendo reformas electorales, políticas y debates petroleros inútiles, cuando la toma de tribunas les dejaba tiempo para otras cosas. Es de pena ajena que nos digan ahora que las iniciativas son insuficientes o serán inoperantes cuando no las discutieron y no legislaron en algún sentido. Nadie les pide que aprueben leyes que consideran insuficientes, pero sí que las debatan, las modifiquen si así lo consideran y que armen legalmente al Estado para combatir la delincuencia. Y como no lo hicieron en el 2004, tampoco lo están haciendo ahora.
Ese vacío se profundiza cuando nadie quiere hacerse responsable de lo que sucede. En la semana todo mundo trató de diluir su responsabilidad en la seguridad pública, adjudicando a las autoridades federales la exclusividad de la misma. Sin duda, el gobierno federal tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo, pero el 96 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del ámbito local, incluyendo los secuestros. Las fuerzas policiales estatales y municipales representan el 95 por ciento, aproximadamente, de los efectivos policiales totales, y sus recursos son infinitamente mayores que los federales. En realidad, tenemos, contando esos efectivos estatales y municipales, un policía cada 200 habitantes. Sólo las policías del DF son más, en número y equipo que todas las fuerzas policiales federales sumadas. Y no puede ser que los gobernadores, presidentes municipales y sus respectivos dirigentes partidarios ante la creciente inseguridad sólo miren para otro lado y pidan mayor participación de fuerzas federales. Pero como el manejo de las policías es útil y redituable para los mandatarios locales, tampoco quieren deshacerse del control de ellas. Quieren tener sus policías, sus presupuestos y sus prerrogativas, pero no quieren asumir ninguna de sus responsabilidades. Esas, las transfieren al ámbito federal. Pero cuando se habla de poner a las policías bajo un mando único, por lo menos en ciertos ámbitos de operación, por supuesto se oponen y piden mayor presupuesto para sus propias fuerzas de seguridad que, en la mayoría de los casos, son completamente ineficientes. Que se puede tener una política antisecuestro eficaz en el ámbito estatal lo demostró, el sexenio pasado, Juan S. Millán, en Sinaloa, con una fuerza operativa especial para ello. La experiencia acabó con esa administración.
Mucho debe cambiar en el ámbito federal para atender la seguridad pública y sin duda, sólo los aumentos de penas, son insuficientes. Pero si los legisladores, los partidos, los gobernadores y los presidentes municipales no asumen que este desafío también los involucra y no actúan con responsabilidad ante él será imposible detener la avalancha de la inseguridad.