La marcha del próximo 30 de agosto, una marcha silenciosa, ciudadana y nocturna, destinada a exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión garantizar el derecho mínimo de la sociedad, que es la seguridad, está encaminada a ser una de las grandes jornadas cívicas, equiparable a aquella marcha de junio de 2004 contra la inseguridad. Allí estaremos y ojalá un movimiento similar pueda realizarse en todas las ciudades del país, para exigir, con toda razón, un ¡ya basta!, a la delincuencia y a las autoridades.
La marcha del próximo 30 de agosto, una marcha silenciosa, ciudadana y nocturna, destinada a exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión garantizar el derecho mínimo de la sociedad que es la seguridad, está destinada a ser una de las grandes jornadas cívicas, equiparable a aquella marcha de junio del 2004 contra la inseguridad. Allí estaremos y ojalá un movimiento similar pueda realizarse en todas las ciudades del país, para exigir, con toda razón un ¡Ya basta! a la delincuencia y a las propias autoridades.
Pero debemos aprender también de lo sucedido hace cuatro años. Entonces la marcha fue despreciada por el gobierno del DF, encabezado por López Obrador, que la calificó de un movimiento de “pirruris”. Fue, una vez más, una muestra de la soberbia y el autoritarismo de un personaje lejano de cualquier convicción realmente democrática. En buena medida pasó poco y nada en el DF porque pese a ser el centro de la actividad delincuencial, el entonces jefe de gobierno lo tomó como una acción política en su contra y la corrupción policial siguió sin ser molestada hasta el día de hoy. Como el ambiente de confrontación entre López Obrador y el gobierno de Fox estaba en uno de sus puntos más altos, los intereses políticos paralizaron a los legisladores, a los partidos y a los gobernantes. Hubo innumerables discursos, iniciativas, desgarramiento de vestiduras y pocos cambios realmente significativos. Incluso los movimientos en los funcionarios responsables de la seguridad, el propio Marcelo Ebrard en el DF y Alejandro Gertz Manero en el ámbito federal, se dieron por razones que nada tenían que ver con la exigencia ciudadana.
Ello no le quita, al contrario, trascendencia a esa marcha que ha entrado en la historia como la mayor movilización ciudadana, sin intervención de partidos políticos, de la historia reciente del país. Con todo lo que ello implica. Para la marcha convocada para el día 30, los partidos parecen haber aprendido la lección. Hoy el gobierno del DF, no descalifica a los ciudadanos y asegura que apoyará cualquier movilización ciudadana. Los dirigentes partidarios, incluyendo los legisladores, se apresuran a decir que participarán “a título individual”; la marcha ha sido implícitamente respaldada por el gobierno federal. Nadie en su sano juicio podrá estar en contra de la misma.
Por eso mismo, esa marcha, además de cuidar su organización, debe tener, a diferencia de la de 2004, objetivos mucho más concretos. En 2004, el documento que surgió de la marcha y de las distintas organizaciones que participaron en ella, contenía prácticamente todo un programa de seguridad pública, con algunos capítulos muy acertados, otros más discutibles, algunos urgentes y otros para el mediano y largo plazo: eran muchas acciones que no estaban, además, colocadas claramente en un orden de prioridades. Eso es lo que permitió a los gobiernos y legisladores, tomar algunas cosas, declarar sobre otras, anunciar proyectos o iniciativas sobre muchas de ellas y a la postre hacer muy poco.
Ojalá y los organizadores de la marcha del 30 aprendan de lo sucedido. En el ámbito de la seguridad hay muchísimo por hacer, pero si se va a exigir se debe comenzar por los eslabones que permitirán arrastrar toda la cadena. Y hoy, en buena medida, eso no pasa, aunque sin duda sea necesario, por el aumento de las penas o el establecimiento de la pena de muerte a los secuestradores, aunque es una medida que concita, ante la indignación popular, innumerables adherentes. El tema pasa por la corrupción de las policías y por la impunidad en los delitos. Se debe actuar en tres frentes simultáneamente: depurar a las policías y hacer que los gobernantes, a diferencia de lo que ocurre hoy, se hagan responsables de la integridad de los funcionarios que ellos mismos designan para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy, si un gobernante, federal, estatal, del DF o municipal, designa un mando policial o de seguridad y éste resulta ser un corrupto, no paga precio alguno, ni político ni legal. La depuración de las policías debe ir de la mano con la corresponsabilidad en ella de las autoridades. Si no es así, suele quedar como una promesa más en el papel. En el ejecutivo debe haber, en lo local y lo federal, una verdadera transformación del ministerio público, que además le quite el monopolio de la investigación y le dé a las víctimas la posibilidad de intervenir en el proceso. Allí, en el ministerio público se terminan perdiendo muchos de los hilos del combate al crimen, cuando se supera la barrera de la corrupción policial. Y en el congreso, como dijo el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, se deben establecer leyes claras y concisas que permitan a los jueces aplicarlas sin caer en zonas grises y dilaciones. El propio poder judicial, debe asumir su responsabilidad en ese sentido.
Hay muchísimo más por hacer y en buena medida se trata de acciones netamente políticas, de gobernabilidad del país, de los estados, las ciudades, los municipios, que deben acompañar este proceso. Pero ése es un ámbito donde la decisión debe pasar por las autoridades: es su responsabilidad, lisa y llanamente. En los capítulos de depuración policial, de cambios en los ministerios públicos, de simplificación del sistema legal, se puede actuar con rapidez y exigir a las autoridades acciones concretas y en el corto plazo. Quizás para el día 30, habría que exigir cuatro, cinco cosas muy concretas, que no admitan margen para la dilación ni para que caigan las propuestas en el juego de los políticos. Las aceptan o no.
Quizás también, el gobierno federal en primer lugar y en todo caso los locales, podría asumir, antes de esa fecha, los compromisos y las decisiones de gobernabilidad, que le den un contexto mucho más favorable a la movilización ciudadana.