Mañana será la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí estarán, deberán estar, el presidente Calderón, los miembros de su gabinete relacionados con el área de seguridad y todos los gobernadores, incluyendo el jefe de gobierno del DF. La agenda de medidas a tomar debe ser muy concreta y en buena medida ya fue planteada desde la semana pasada por México Unido Contra la Delincuencia. Pero el problema central, toral, para comenzar debe pasar por dos puntos: la depuración y centralización policial y la labor de los ministerios públicos, el federal y los locales. Todo lo demás es importante: el observatorio ciudadano, las modificaciones legales, el aumento de las penas, los nuevos penales. Pero sin recuperar a las policías y sin hacer cumplir las leyes, todo lo demás terminará siendo accesorio.
Mañana será la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí estarán, deberán estar, el presidente Calderón, los miembros de su gabinete relacionados con el área de seguridad y todos los gobernadores, incluyendo el jefe de gobierno del DF. La agenda de medidas a tomar debe ser muy concreta y en buena medida ya fue planteada desde la semana pasada por México Unido Contra la Delincuencia. Pero el problema central, toral, para comenzar debe pasar por dos puntos: la depuración y centralización policial y la labor de los ministerios públicos, el federal y los locales. Todo lo demás es importante: el observatorio ciudadano, las modificaciones legales, el aumento de las penas, los nuevos penales. Pero sin recuperar a las policías y sin hacer cumplir las leyes, todo lo demás terminará siendo accesorio.
El tema de las policías sigue siendo el problema central. Y si bien en la lucha partidaria se insiste en que el problema es del gobierno federal, lo cierto es que esa instancia es parte del problema, sin duda, pero la responsabilidad de los estados y municipios es enorme. Puede ser que el gobierno federal se haya equivocado de estrategia o que está haya sido incompleta o que no se haya podido implementar efectivamente, pero la mayoría de los gobiernos estatales lisa y llanamente han renunciado a ejercer su obligación de garantizar la seguridad y se han limitado a pedir más ayuda y más recursos a la federación en lugar de asumir sus propias responsabilidades. El hecho, el dato duro es que cerca del 98 por ciento de todas las policías del país son estatales y municipales y un porcentaje similar de delitos son del ámbito local y de todos esos terminan siendo castigados apenas entre un uno y un dos por ciento. Hay unas mil 600 corporaciones policiales con uniformes diferentes, equipos diferentes, armamento diferente, mandos diferentes, sin conexión de información e inteligencia, en muchas ocasiones dentro de una misma ciudad o municipio. Y la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales simplemente se han lavado las manos y no han participado activamente en el proceso de depuración de sus policías y de ser parte de una estrategia global de combate al crimen. Incluso no han utilizado recursos públicos con tal de no someterse a algún tipo de control de sus policías. Es verdad que el gobierno federal ha tenido confusión, ha enviado señales cruzadas e incluso con su política de operativos (desde el punto de vista del narcotráfico y como se daba la situación en diciembre del 2008, una decisión acertada y necesaria) pudo haber coadyuvado a que los gobiernos locales tomaran distancia del federal y que no hubiera una estrategia articulada. También es verdad que no queda claro cuándo y en qué interviene la Policía Federal, si la AFI depende o no de la PGR (en los hechos no), y cuándo y cómo deben actuar el ejército y la marina. Pero a eso se le debe sumar el caos policial, la superposición de tareas, la competencia, la corrupción registrada en las policías locales.
El tema de las policías es técnico, por su supuesto, y debe pasar por la depuración y la centralización, pero debe ser entendido y abordado como un tema central para la gobernabilidad del país. Insistimos en un punto: si no se comprende que la seguridad depende de la política y de ésta la gobernabilidad, estaremos, como sociedad y país, haciendo un esfuerzo inútil o de corto plazo. La depuración y la centralización, deberá ir de la mano con el otorgamiento de mayores atribuciones a ciertas fuerzas de seguridad y por ende de un mucho mayor control y responsabilidad de las propias autoridades, de todos los niveles, en el accionar de sus propias policías.
Por supuesto que debe haber un observatorio, un control ciudadano, pero el Estado se debe hacer responsable de garantizar la seguridad, no descargarla en la ciudadanía.
El tema del ministerio público es clave: es verdad que existen reformas que ya se han aprobado, pero el plazo de implementación es demasiado largo. El ministerio público debe perder el monopolio de la investigación, se debe convertir en una suerte de fiscalía y ello debe avanzar, rápidamente, no en ocho años, con la implementación de juicios orales, con la simplificación de las penas y los procesos y con la depuración y mayor eficiencia policial.
Si en el Consejo de Seguridad de mañana, como en la marcha del sábado 30 y en otras acciones civiles o gubernamentales, se amplía una y otra vez la agenda de las cosas que se deben hacer en el ámbito de la seguridad se estará equivocando el camino: debe haber una agenda específica, con temas concretos, pocos y verificables en el corto plazo. Y a partir de allí ir construyendo lo demás. Lo que sí debe quedar claro es la estrategia y los principios: se lo puede llamar como se quiera, desde tolerancia cero hasta lucha cultural contra el crimen, pero lo cierto es que lo que no puede seguir es la impunidad y la ruptura de las reglas.
Y éstas no pasan sólo por la delincuencia común u organizada. Existe, sobre todo en la ciudad de México y el área metropolitana, pero también en el resto del país, una cultura de la ilegalidad que es la que fomenta y sustenta la inseguridad. Si se puede bloquear una calle, se pueden tomar oficinas públicas o privadas, se puede transitar con vehículos privados o de transporte público sin papeles; si se pueden invadir terrenos o propiedades con complicidad oficial; si se construyen carreteras que no van a ningún lado; obras públicas que no se concluyen; cuando se distribuye dinero público sin siquiera un padrón de beneficiario y no pasa nada; si para los amigos hay justicia y gracia y para los enemigos la justicia a secas, será muy difícil avanzar luego de esos primeros pasos. Ahí está el verdadero desafío: pasa por la legalidad y la gobernabilidad del país y de la sociedad.