La Operación Limpieza, así ha sido denominada por la PGR, puede ser uno de los capítulos más importantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se ha realizado en muchos años. Dependerá de la profundidad y de la seriedad con que ésta se lleve a cabo pero también de la decisión, que parece existir en el gobierno federal y tendrá que ser acompañada por las autoridades locales, de avanzar realmente en este esfuerzo.
Sin confundir los señalamientos, filtraciones o rumores con complicidades reales y comprobables. Si la Operación Limpieza logra avanzar con toda la profundidad posible pero con certidumbre jurídica y resultados en los juzgados y no mediáticos, logrará lo que no se pudo hacer en muchos años.
En otro tema, ponga atención en el seminario con figuras nacionales e internacionales sobre perspectivas económicas que organizará el secretario de Finanzas de Sinaloa, Oscar Lara, en ese estado. Es mucho lo que estará en juego en el mismo.
La Operación Limpieza, así ha sido denominada por la PGR, puede ser uno de los capítulos más importantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se ha realizado en muchos años. Dependerá de la profundidad y de la seriedad con que ésta se lleve a cabo pero también de la decisión, que parece existir en el gobierno federal y tendrá que ser acompañada por las autoridades locales, de avanzar realmente en este esfuerzo. De alguna manera, con todas las comparaciones que pudieran realizarse esta operación podría equivaler a la llamada Manos Limpias, que provocó un verdadero terremoto político en Italia, que terminó llevando mucho más lejos todo el proceso hasta prácticamente desarticular, a fines de los 80, la clase política que había gobernado el país desde la post guerra, enjuiciando desde el líder democristiano, Giulio Andreotti hasta el socialista y ex primer ministro Bettino Craxi. La corrupción y el involucramiento con el crimen organizado había llegado a tantos y de tantas maneras en la política italiana que fue necesario, luego de las muertes de Aldo Moro y de Giovanni Falcone, entre muchos otros, instrumentar y dar curso a una limpieza institucional que, sin embargo y a pesar de sus éxitos, ha dejado aún en etapa de reconstrucción a las instituciones italianas. Es comprensible, más de mil 200 hombres y mujeres del sector público y privado terminaron siendo juzgados por aquella operación.
Es un antecedente pero quizás no debería, o podría ser un equivalente real. Primero, por la profundidad de aquella operación, que terminó contando con el respaldo real de todas las fuerzas políticas que veían cómo ellas mismas se estaban desarticulando a enorme velocidad por la corrupción. Segundo, porque la propia Unión Europea presionó a Italia para que tomara algunas de esas acciones que homologaran su seguridad y confianza jurídica con el resto de los países de la región. Y tercero porque la Operación Limpieza no puede convertirse, no debe serlo, en una caza de brujas.
Y en ello hemos cometido errores graves, que no pueden repetirse: el más notable fue aquel tristemente célebre proceso que encabezó Pablo Chapa Bezanilla, de la mano con otros funcionarios en la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo. Aquel fiscal especial, pretendió desenmascarar las redes de la corrupción y de la violencia política y en lugar de avanzar con certidumbre jurídica y pruebas, lo que hizo fue un espectáculo mediático, inventando pruebas, culpables, comprando testigos, construyendo complots y utilizando hasta brujas para confirmar sus “investigaciones”, en la cual el trabajo científico y serio fue reemplazado por la filtración a los medios y por un mal trabajo de los propios medios que, en muchas ocasiones, no verificamos la información que nos era proporcionada y que en la mayoría de las ocasiones se componía de medias verdades o mentiras rotundas. El daño que le hizo el periodo Chapa Bezanilla a la confianza de la ciudadanía en la justicia sólo es equivalente al que le hizo a las propias investigaciones que encabezó: si alguien hubiera querido impedir que se tuviera alguna certeza histórica sobre los asesinatos del cardenal Posadas, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu tendría que haber hecho exactamente lo que hizo Chapa Bezanilla.
El ejemplo en contrario se dio en dos casos: primero, en el de Jesús Gutiérrez Rebollo, que en 1997 era zar antidrogas del Estado mexicano, y que llegó a ese cargo con el aval del gobierno mexicano y del estadounidense, y con una larga cadena de éxitos. El problema es que esos éxitos se habían forjado a través de la información que uno de los grupos del narcotráfico, el que encabezaba entonces, Amado Carrillo, le proporcionaba sobre sus rivales. Fue investigado y descubierto por el propio ejército y se tuvo la decisión de encauzarlo y procesarlo públicamente, aún siendo conscientes del daño que ello podría provocar a la imagen de las fuerzas armadas. Pero la decisión fue ejemplar porque se basó en pruebas, datos e investigaciones duras, comprobables, verificables. Y en ese momento, no debilitó sino que fortaleció al propio ejército y a la lucha contra el narcotráfico.
Otro caso es el del ex gobernador Mario Villanueva, aunque allí se pusieron de manifiesto muchos de los problemas que se pueden presentar ahora. La investigación sobre los nexos de Villanueva con el crimen organizado comenzó prácticamente desde el inicio de su gestión y duró cinco años. Teniendo pruebas, solicitudes de extradición de Estados Unidos, documentos sólidos que incluso lo involucraban con funcionarios extranjeros que fueron socios suyos, no se pudo detener a Villanueva porque tenía el respaldo del congreso local: sólo unos días antes de que entregara el poder, el entonces gobernador se dio a la fuga para no ser detenido inmediatamente después de que dejara ese cargo público. Y aún así se tardó años en poder detenerlo. Sin embargo, la información era tan contundente que, para la opinión pública, salvo su propia clientela política, no hubo dudas de la corrupción de Villanueva.
Ahora el tipo de investigación es diferente. Es una enorme oportunidad de limpiar el sistema de justicia y de recuperar la credibilidad. El desafío es hacerlo bien, con solidez, con pruebas duras y no a fuerza de delaciones o narcomantas. Sin confundir los señalamientos, filtraciones o rumores con complicidades reales y comprobables. Si la operación Limpieza logra avanzar con toda la profundidad posible pero con certidumbre jurídica y resultados en los juzgados y no mediáticos, logrará lo que no se pudo hacer en muchos años.
En otro tema, ponga atención en el seminario con figuras nacionales e internacionales sobre perspectivas económicas que organizará el secretario de Finanzas de Sinaloa, Oscar Lara, en ese estado. Es mucho lo que estará en juego en el mismo.