Difícilmente algo de lo que se diga hoy en el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá opacar la contundencia de las declaraciones de Nelson Vargas del miércoles, cuando se cumplían un año, dos meses y 16 días del secuestro de su hija Silvia. Habrá quienes festinarán, lo han hecho, la contundencia de sus afirmaciones; habrá, también lo han hecho, quienes dirán que en todo el proceso de investigación hubo muchos errores de todas partes y que resulta muy complejo resolver el caso porque ha pasado mucho tiempo. Pero no nos engañemos: Nelson tiene todo el derecho de exigirle a las autoridades mucho más, tiene todo el derecho de indignarse ante las autoridades.
Difícilmente algo de lo que se diga hoy en el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá opacar la contundencia de las declaraciones de Nelson Vargas del miércoles, cuando se cumplían un año, dos meses y 16 días del secuestro de su hija Silvia. Habrá quienes festinarán, lo han hecho, la contundencia de sus afirmaciones; habrá, también lo han hecho, quienes dirán que en todo el proceso de investigación hubo muchos errores de todas partes y que resulta muy complejo resolver el caso porque ha pasado mucho tiempo. Pero no nos engañemos: Nelson tiene todo el derecho de exigirle a las autoridades mucho más. Silvia no sufrió un accidente: fue secuestrada y la información que proporciona el propio Nelson no deja demasiados espacios a la especulación. Si su ex chofer es hermano de dos personas que encabezan una banda de secuestradores que utiliza el mismo modo de operación que quienes se llevaron a Silvia; si uno de esos secuestradores logró fugarse con complicidad de quienes lo estaban supuestamente custodiando; si apenas en la primera semana de noviembre, el ex chofer de Nelson fue arraigado y todavía no se logra establecer una conexión con el crimen, tiene todo el derecho Nelson Vargas de indignarse ante las autoridades.
Pero el caso de Silvia Vargas, como muchos otros, puede ser un ejemplo de porqué no funcionan las cosas. Los Vargas hicieron la denuncia en tiempo y forma sobre el secuestro; hubo elementos que se hubieran podido investigar a profundidad (el automóvil de Silvia abandonado en el centro de la ciudad, los mensajes de los secuestradores); hubo, me imagino porque ocurre una y otra vez, confusión respecto a quién se encargaba de qué aunado a la presión de quienes pudieran asesorar a la familia; si bien se entregó la lista de todos quienes habían trabajado para la familia Vargas en los últimos años y allí figuraba el nombre del ex chofer, nadie cruzó ese nombre con los de sus dos hermanos, desde entonces acusados de secuestro y de encabezar la banda de Los Rojos.
Quizás no se cruzó ese nombre por negligencia o hasta por complicidad, pero muy probablemente porque no tenemos todavía un sistema lo suficientemente eficiente para contar con toda la información de cada delincuente independientemente de la jurisdicción donde haya cometido el crimen. No lo tenemos porque a pesar de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se creó desde hace dos sexenios, no termina de ser obligatorio para los tres niveles de gobierno colocar en el mismo toda la información sobre delincuentes, policías, huellas, vehículos y aún hoy la mayoría de los estados se niega a que las decisiones del SNSP sean obligatorias para todos y cada uno de ellos.
El tema de la información es clave: no existe una institución, un espacio, un sistema que la concentre y la cantidad de información que se pierde o que, como en este caso aparece un año después de los hechos, pudiendo haber sido fundamental para resolver la investigación en tiempo y forma, terminan perdiendo parte de su utilidad.
No hubo un seguimiento del caso porque el de Silvia se terminó tratando como los tres o cuatro secuestros que se denuncian en el país cada día, y porque, además de los errores o insuficiencias que se pudieran haber cometido en el ámbito federal (sea en la SSP o en la PGR, es indistinto y sobre todo lo es, con toda razón, para Nelson) los estados, o por lo menos muchos de ellos, no cuentan con unidades antisecuestros eficientes, y las que existen en el ámbito federal, además de los casos de corrupción que se han detectado, son a todas luces insuficientes. Si además se trabaja con información escasa e incompleta, la situación termina siendo mucho más compleja aún. Muchos estados y muchos políticos insisten en que se debe federalizar el delito de secuestro pero no se federalizan atribuciones ni recursos humanos y materiales. Hoy la Policía Federal, por ejemplo tiene apenas el 4 por ciento de todas las policías del país. ¿En lugar de pedir la federalización de los delitos no se tendría que exigir que se cumpliera plenamente en los estados y el DF con sus obligaciones?¿si se plantea la federalización lo lógico no sería aceptar que también deben centralizarse en el ámbito federal recursos, responsabilidades y atribuciones?. Si no es así se terminará construyendo, como ocurre con el crimen organizado, una coartada desde los estados y municipios para no intervenir o hacerlo muy parcialmente en ese combate.
El presunto secuestrador se escapó dos veces, una en Guerrero, otra desde el hospital del Xoco. Obviamente tuvo que tener la complicidad de quienes lo custodiaban para hacerlo. Si no fue complicidad es peor, porque resulta inverosímil que un personaje de esa calaña, acusado de esos delitos, termine siendo custodiando por unos inútiles. Pero algo más está muy mal con nosotros mismos como sociedad: cuando se dio esa fuga uno de los auxiliares médicos fue retenido e interrogado por su presunta participación en esos hechos. Y en lugar de reclamar que se respetaran sus derechos pero también que quedara en claro si había cometido o no un delito, los médicos del hospital se movilizaron e hicieron bloqueos exigiendo la libertad inmediata del detenido cuando no podían saber si había sido o no cómplice o si su testimonio podía aportar algo. No podemos convertirnos en parte de las policías ni hacer su labor, pero si no se comprende que se debe colaborar en la denuncia y la investigación, el crimen siempre tendrá un margen de operación mucho mayor. Hay que tomar, como sociedad, los ejemplos de denuncia y participación de Nelson Vargas, de Alejandro Martí, de María Elena Morera, y muchos, muchos otros que han tomado ese camino. Todo esto debería estar presente hoy en la mesa del Consejo de Seguridad. Y en el interés de quienes de una u otra forma tienen la responsabilidad de la seguridad en el país, desde funcionarios hasta legisladores o jueces.