Sucederá lo mismo que con la reforma electoral. Los partidos, a través de sus grupos parlamentarios, aprobarán en el tema de la seguridad y la justicia una suerte de Frankenstein que no tiene nada que ver con las exigencias del Estado mexicano para luchar contra la delincuencia pero que les permitirá autocomplacerse en sus pretensiones de poder. Si en la reforma política, para garantizar esos espacios, se terminó desdibujando todo el esquema electoral del país, en este caso es mucho más grave: por razones de coyuntura, por caprichos o falta de visión, lo que se está aprobando en el tema de la seguridad es insuficiente, ineficiente y sigue dejando la seguridad y la justicia sin instrumentos para luchar por ella.
Sucederá lo mismo que con la reforma electoral. Los partidos, a través de sus grupos parlamentarios, aprobarán en el tema de la seguridad y la justicia una suerte de Frankenstein que no tiene nada que ver con las exigencias del Estado mexicano para luchar contra la delincuencia pero que les permitirá autocomplacerse en sus pretensiones de poder. Si en la reforma política, para garantizar esos espacios, se terminó desdibujando todo el esquema electoral del país, en este caso es mucho más grave: por razones de coyuntura, por caprichos o falta de visión, lo que se está aprobando en el tema de la seguridad es insuficiente, ineficiente y sigue dejando la seguridad y la justicia sin instrumentos para luchar por ella.
El corazón de las reformas que se han presentado pasan por dos puntos que son los que han fallado una y otra vez: la centralización de la información y de la capacidad de operación en las policías y, sobre todo, en la obligatoriedad de los estados y municipios para llevar a cabo las acciones que se decidan en la Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ese es el tema, y el segundo punto determina la viabilidad del primero. No es verdad que la discusión en el congreso es sobre si el Consejo lo debe presidir el propio presidente o su secretario de seguridad pública, como se llame. La oposición del PRI y del PRD es a que los gobernadores y presidentes municipales se hagan responsables, en forma obligatoria, de lo que firman y aprueban. Quien presida el Consejo es secundario si sus integrantes tienen la prerrogativa de hacer lo que quieran. Y para colmo se está estableciendo en el dictamen de la reforma que si no se cumple con las obligaciones o requisitos que se han establecido para recibir apoyo presupuestal en temas de seguridad, las sanciones no pueden ser “económicas”. En otras palabras, que aunque los estados y municipios no cumplan con los compromisos que ellos mismos suscribieron, recibirán, íntegro, el dinero de los contribuyentes destinado a cumplirlos. Es una vergüenza: si los estados y municipios no cumplen no tendrían, como mínimo, que recibir los recursos destinados a ese fin. ¿Cómo los sancionarán los legisladores y quienes fallen?¿les harán escribir mil veces “debo cumplir con mis compromisos en seguridad” mientras siguen comprando camionetas de lujo con los recursos destinados a preparar o pagar policías, o para comprar equipo para sus fuerzas de seguridad?
Lo cierto es que, fuera de la fraseología vacía de muchos legisladores, no quieren asumir responsabilidades y quieren que se haga cargo de ellas la federación, pero no quieren resignar ni un gramo de poder a la propia federación, aunque eso signifique que no podamos tener el sistema de seguridad que el país requiere.
Dirán algunos legisladores, como Javier González Garza, que no le van a “regalar” las policías o espacios tan amplios de poder al secretario Genaro García Luna y que por eso no aprueban la centralización. Es una tontería: el tema no es el nombre del secretario de seguridad pública en turno (que en todo caso tiene controles dentro y fuera del ejecutivo, incluyendo sobre todo el legislativo, para normar su accionar) sino la estructura institucional que se diseña. Ningún país del mundo ha tenido éxito en la lucha contra la inseguridad con una estructura descentralizada, sin bases de datos comunes y obligatorias en su integración. Ese es el tema: el Sistema Nacional de Seguridad Pública se fundó desde 1994 y no ha logrado funcionar plenamente porque los estados y municipios no integran la información. No tenemos bases de datos de policías, de delincuentes, de funcionarios, de propietarios de automóviles o de bienes raíces. O mejor dicho, esos datos ahí están (hay una 300 bases de datos importantes sin centralizar ni cruzar), pero los gobiernos estatales, la mayoría de ellos, se niegan a integrarlos para no darle “tanto poder” a un área del gobierno federal, sin comprender, o quizás comprendiéndolo demasiado bien, que esa descentralización y falta de información es el espacio por donde se cuela y protege la corrupción y una de sus formas, que es la ineficiencia.
Para colmo, el centro de información y evaluación de policías que se planteaba será ahora dividido en tres: uno de información en sí; otro de acreditación y certificación de policías y un tercero de prevención del delito. ¿Cuál es la lógica?¿descentralizar una institución que se supone será creada para controlar el funcionamiento de las policías o simplemente dividirlo en tres para que el PAN, el PRI y el PRD “coloquen” en cada uno de ellos el mando que desean y quedarse así con un pedazo de poder?¿qué sentido tiene, sino es esa la razón que una oficina tenga la información, otra haga la evaluación y una tercera tome medidas de prevención si la lógica es que toda esa información se cruce para ser de utilidad?
El esquema, independientemente de quien encabece el poder ejecutivo debería ser sencillo: debe haber un sistema centralizado de seguridad, si se quiere con fuerte enclaves en cada uno de los estados de la federación (es preferible coordinarse con 32 que con casi dos mil cuerpos policiales como en la actualidad), que permita tener en forma obligatoria toda la información necesaria para generar inteligencia (el caso de Noé Ramírez Mandujano y la ignorancia sobre su pasado como desertor en la Marina es un ejemplo paradigmático de ello) y operación en todos los ámbitos de la seguridad. Las bases de datos y la capacidad de operación son las que harán la diferencia. El sistema nacional de seguridad pública ha cruzado cuatro sexenios sin los resultados que se esperan por una sencilla razón: sus resoluciones no son vinculatorias, no son una obligación para todos y cada uno de sus integrantes, desde el gobierno federal hasta la última de las presidencias municipales. Y los legisladores dicen que seguirá así…o peor.