Ayer aparecieron, en tres estados con fuerte presencia de los Zetas y los Beltrán Leyva, 16 narcomantas dirigidas al presidente de la república que “respetuosamente” (¿recuerda usted la fórmula?) le informaban al presidente Calderón de los presuntos vínculos del secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna y de su equipo, con el narcotráfico, protegiendo al cártel de Sinaloa. Como única novedad y quizás como resultado de la reciente incorporación del general Javier del Real a la SSP, se acusaba también al ejército de ello, incluso se dice que los grupos de reacción inmediata son en realidad los sicarios de esa organización criminal.
Ayer aparecieron, en tres estados con fuerte presencia de los Zetas y los Beltrán Leyva, 16 narcomantas dirigidas al presidente de la república que “respetuosamente” (¿recuerda usted la fórmula?) le informaban al presidente Calderón de los presuntos vínculos del secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna y de su equipo, con el narcotráfico, protegiendo al cártel de Sinaloa. Como única novedad y quizás como resultado de la reciente incorporación del general Javier del Real a la SSP, se acusaba también al ejército de ello, incluso se dice que los grupos de reacción inmediata son en realidad los sicarios de esa organización criminal.
En este espacio nos hemos hecho el propósito de no divulgar los mensajes de los grupos criminales, porque ello sólo es una forma de difundirlos y de colaborar, conciente o inconscientemente, en su propia estrategia de medios para debilitar a las fuerzas del Estado. Pero en este caso, es importante retomar el punto porque resulta un capítulo más en la escalada, cada día más virulenta y vacía que se realiza contra las dos únicas áreas del gobierno federal con capacidad de operación contra el crimen organizado: el ejército y la secretaría de seguridad pública y su titular, García Luna. Asombra que los “respetuosos” narcotraficantes se den tiempo de hacer narcomantas, de unificar textos, de colgarlas en distintos lugares de la república como si no tuvieran otra actividad más importante. Pareciera que la propaganda negra, que saben que será amplificada por algunos medios y retomada por ciertos grupos políticos, les resulta más eficiente que las armas. Y las narcomantas se cruzan entonces con las extorsiones, los chantajes, los asesinatos violentos y masivos para conmocionar a la sociedad (se pueden comprender los ajustes de cuentas, pero si no es por desarrollar una táctica de terror no tiene sentido decapitar, como ocurre, a un muerto; arrojar cuerpos en la puerta de una escuela o asesinar a parejas o hijos de delincuentes rivales). El crimen organizado ha descubierto que como consecuencia de nuestra propia debilidad social, es más eficiente la propaganda negra (que realizan con eficiencia y aliados insospechados) que enfrentarse abiertamente a las fuerzas del Estado. Tanto lo han logrado, que en la pésima reforma del sistema de seguridad pública que acaban de votar los diputados han logrado dos objetivos centrales para que la lucha contra la inseguridad no avance: quitarle atribuciones a la dependencia encargada de garantizar la seguridad a nivel federal y balcanizar la toma de decisiones, dejando en la oscuridad el principal propósito que animaba a esa reforma: que los estados y municipios se hicieran responsables, en forma obligatoria, de coordinar sus acciones de seguridad con la federación. Y el argumento utilizado para aprobar ese disparate legislativo estuvo animado por los mismos objetivos que enarbolan los narcotraficantes: “quitarle poder” a García Luna y, al mismo tiempo, pedir pero rechazar la presencia del ejército y la marina en la lucha contra el crimen organizado.
¿Por qué García Luna y ahora en forma cada vez más destacada el ejército?. Porque la PFP y las fuerzas armadas, incluida la marina, son las únicas con el despliegue territorial suficiente como para intentar cumplir esa tarea: la PGR no tiene capacidad de despliegue territorial similar y por eso no aparece en estos mensajes, aunque muchos grupos criminales suelen utilizar uniformes similares a los de la AFI. Lo cierto es que esa diferenciación, sumada a las diferencias reales que existen en distintas áreas de seguridad y que son alimentadas por estas mismas campañas de medios y propaganda, son los que hacen a éstas más eficientes. Si a eso se suma el que la nueva ley de seguridad confirma que las fuerzas estatales y municipales seguirán descentralizadas y ejerciendo una colaboración sólo voluntaria con las autoridades federales, el debilitar a las fuerzas armadas y la Policía Federal es clave para la estrategia del crimen organizado: si éstas son inmovilizadas o se sumergen en un vendaval de acusaciones recíprocas, si continúan teniendo éxito la división interna en el gobierno federal y la falta de visión de los legisladores, gobernadores y presidentes municipales, los grupos criminales (y las organizaciones políticas ultrarradicales que apuestan por la violencia) saben que las fuerzas de seguridad no podrán controlarlas por incapacidad, debilidad estructural o corrupción.
No nos engañemos, ¿desde cuándo los narcotraficantes se dedican a tender mantas, desde cuando resulta que sus operadores son también jefes de relaciones públicas, desde cuándo están tan interesados en “respetuosamente” informarle al presidente de la república quiénes son los supuestos infiltrados?. No dudo que la Policía Federal debe crecer, cambiar, ser más eficiente y hacer un esfuerzo aún mucho mayor por limpiar sus filas. Tampoco que la función de nuestras fuerzas armadas no es la de combatir la inseguridad pública y que sería deseable contar con fuerzas civiles que pudieran realizar plenamente esa tarea. Pero, mientras desde el propio congreso se torpedea el fortalecimiento de las áreas de seguridad, mientras los estados y municipios regatean su participación en ese combate, mientras la propia Policía Federal no termina de construirse plenamente, ¿qué institución del Estado está en condiciones de dar ese sustento de seguridad?. Sólo las fuerzas militares. Y si éstas, por una parte, buscan ser debilitadas y, por la otra, el principal impulsor de una fuerza policial civil sólida, centralizada y con capacidad de operación en todo el país, está bajo un golpeteo injusto y sin sustento, lo único que queda de manifiesto es una convergencia, conciente o no, de intereses de grupos criminales con grupos políticos y de poder que debilitan y balcanizan al Estado.