La crisis económica provocará una fuerte caída en los ingresos; se reducirán los empleos, quizás hasta en un porcentaje tan importante como 300 mil; la más optimista de las previsiones estiman que el crecimiento de la economía será de cero. Se podría esperar que en un momento tan complejo los partidos políticos podrían solidarizarse con la situación que vive el país y ajustar sus gastos de campaña. Pero no será así, los partidos a pesar de la crisis económica tendrán más recursos que nunca y lo recibirán de recursos públicos.
La crisis económica provocará una fuerte caída en los ingresos; se reducirán los empleos, quizás hasta en un porcentaje tan importante como 300 mil; la más optimista de las previsiones estiman que el crecimiento de la economía será de cero. Se podría esperar que en un momento tan complejo los partidos políticos podrían solidarizarse con la situación que vive el país y ajustar sus gastos de campaña. Pero sabemos que no es, que nunca ha sido, así. Los partidos acaban de aprobarse a sí mismos, modestos 3 mil 600 millones de pesos para gastos de campaña en este 2009; una cantidad a la que debe sumarse lo que reciben, en forma gratuita, en tiempos de publicidad a través de todos los medios de comunicación electrónica y a los recursos que se les destinará en cada una de las entidades en las cuales habrá elecciones locales. Pero además se debe considerar que los partidos pueden recibir recursos de sus militantes y aportes privados. Es un paquete de miles de millones de pesos que se puede utilizar con enorme discrecionalidad.
Alguien podrá argumentar que esa derrama económica en realidad podría beneficiar a la economía en un año electoral, pero el hecho es que, en todo caso los recursos quedan para la estructura de los partidos, ya que al haber quedado fuera el dinero destinado a publicidad de radio y televisión la mayor parte va al trabajo interno de las propias fuerzas políticas. Se argumentará que en realidad se ha realizado un ahorro respecto a lo gastado en las últimas elecciones intermedias, en el 2003, de cerca de mil millones de pesos, pero es falso: los partidos recibirán unos mil millones de pesos menos, aunque en aquellos comicios participaron más partidos pero, además, en aquella ocasión gastaron más del 60 por ciento de sus recursos en propaganda en radio y televisión. Ahora recibirán esos tiempos en forma gratuita. En otras palabras, para reducir o para simplemente equiparar el gasto de hace seis años, los partidos tendrían que haberse reducido, por lo menos, un 60 por ciento de sus ingresos, y sólo lo hicieron en aproximadamente un 20 por ciento: sencillamente, los partidos políticos, en medio de la crisis económica tendrán más recursos que nunca y lo recibirán de recursos públicos.
Todo ello es parte de una legislación electoral que ya muestra sus insuficiencias desde el inicio de las precampañas para julio. Apenas en esta semana en el IFE y en el Tribunal Electoral se han topado con tres graves problemas derivados de la nueva legislación, problemas que no tienen respuesta: el de la publicidad negativa, que el propio Trife reconoció que no puede prohibirse salvo que violen ciertas disposiciones legales muy específicas que no tienen relación directa con lo electoral; el de la supervisión de los recursos de los personajes “políticamente expuestos”, una forma de calificar a todos los personajes políticos del país cuyas cuentas, recursos, el de sus familiares y empresas relacionadas, si nos atenemos a la letra de la ley, podrán ser auditados por la secretaría de Hacienda y ser investigados por el IFE si existiera alguna denuncia en particular. La eficiencia del mecanismo está tan en duda como su legitimidad: con menos facultades que en la actualidad, en los comicios pasados se auditó a más de 8 mil personajes públicos y sólo se inició una investigación formal contra uno de ellos. Sólo quedan dos posibilidades: nuestra clase política es una de las más honestas del mundo o el mecanismo de investigación puede servir para muchas cosas menos para detectar ingresos ilícitos en los recursos de nuestros políticos y sus partidos.
El tercer tema es una demostración de la sobre regulación electoral que hará esta campaña una de las peores experiencias de los últimos años. Lo que estuvo en debate es si los partidos, en este caso el PAN pueden hacer publicidad con base en los resultados de las políticas públicas, en particular las sociales y en el caso que se debatió en torno al seguro popular. Cualquiera podrá decir que simplemente, la lucha electoral se basa en la defensa de la labor del gobierno que emanó de un partido contra la visión en su contra de los partidos de la oposición. Es una visión simplista por supuesto, pero en última instancia toda elección no es más que una suerte de plebiscito respecto a la labor de un gobierno en funciones y la ciudadanía decide si castiga o premia a su partido. Impedir que el partido en el poder defienda y apoye las medidas del gobierno es tan absurdo como prohibir que las oposiciones lo critiquen.
Sería un tema de simple lógica política, si no fuera porque la letra de la legislación es tan confusa e intenta sobre regular en tal grado las cosas que convierte algo que debería ser parte de la actividad normal de los partidos en un galimatías. Tanto que en la sesión del consejo general del IFE la legalidad de ese tipo de publicidad se aprobó con cinco votos contra cuatro. Y ahora el tema quedó en manos del Trife porque el PRI recurrió a él. No deja de ser significativo que incluso los representantes de los partidos reconozcan desde ahora, como lo han hecho tanto Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, como Roberto Gil, del PAN, que existe una regulación excesiva en esos y otros temas, pero han terminado debatiendo sobre la letra de la ley no sobre el fondo.
Es absurdo, y quedan pendientes aún muchos otros temas relacionados, como el anterior, con la libertad de expresión, ya que todo lo que han debatido los partidos hasta ahora gira en torno a su propio derecho a expresarse pero no han tomado en cuenta, ni tampoco lo han hecho en la ley, los derechos de la ciudadanía. Y vendrá desde la próxima semana un tema mayor: el de las candidaturas y las impugnaciones de quienes sean excluidos. Claro, con 3 mil 600 millones en la bolsa los problemas son, siempre, más llevaderos.