Son ocho los puntos que plantea el PRI, pero más exactamente el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, como parte de la reforma del Estado para la legislatura que comenzará en septiembre próximo. Los priistas están convencidos de que ganarán las elecciones del 5 de julio y que ello los coloca en punta en la carrera para el 2012, y la pregunta que quiere hacer Beltrones, dice el senador, es para qué quieren recuperar el poder. En sus propias palabras, el PRI debe recuperar el poder porque en el 2000 se dio la alternancia pero no la transición en el sistema. Y asegura que concretar la misma debe ser la misión del priismo.
Son ocho los puntos que plantea el PRI, pero más exactamente el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, como parte de la reforma del Estado para la legislatura que comenzará en septiembre próximo. Los priistas están convencidos de que ganarán las elecciones del 5 de julio y que ello los coloca en punta en la carrera para el 2012, y la pregunta que quiere hacer Beltrones, dice el senador, es para qué quieren recuperar el poder. En sus propias palabras, el PRI debe recuperar el poder porque en el 2000 se dio la alternancia pero no la transición en el sistema. Y asegura que concretar la misma debe ser la misión del priismo.
Muchos en el PRI podrán compartir la idea, la pregunta es si en ese partido no existe un ánimo más restaurador que reformista. Lo cierto es que Beltrones ha comenzado a hacer circular un documento que contiene sus ocho propuestas, sus ocho erres para realizar esa transición del sistema político.
¿Qué plantea Beltrones?. Ocho capítulos de reforma: el primero es la ratificación de los nombramientos del gabinete por el senado. Se establece que el presidente podrá persistir en la designación de un miembro del gabinete aunque no tenga apoyo senatorial y que, además, con el mecanismo se resuelve el caso de sustitución del ejecutivo en circunstancia de su ausencia total, mediante la prelación a favor del miembro del gabinete de mayor rango. Es una buena posibilidad, pero para que funcione adecuadamente se debe extender a todos los estados.
El segundo punto es la reducción del número de integrantes de las cámaras, de 500 a 400 en la de diputados, reduciendo en 100 a los de representación proporcional y eliminando la lista plurinominal en el senado, regresando a los 96 senadores, tres de cada estado: hoy los plurinominales de la cámara violan incluso el espíritu de la constitución porque no todos los estados tienen la misma representación. Es un punto inobjetable.
El tercero también lo es: la reelección legislativa y en municipios, que resulta imprescindible para fortalecer la carrera legislativa (y para evitar la actual simulación) y para darle mayor continuidad al trabajo municipal. También es un punto con amplio consenso. La cuarta R es la reorganización del gobierno federal, con una reestructuración de la administración pública para evitar duplicidades y mediante la reducción de altos mandos burocráticos. Puede ser, pero una vez más, es una medida que se debe extender del gobierno federal a los estatales. Y si no se debe reformular, también, el número de trabajadores públicos, de todo tipo. El problema es la maraña burocrática, como dijo ayer el gobernador Jesús Aguilar, que impide la aplicación de los presupuestos en tiempo y forma. Sin una revisión completa la reorganización se transforma sólo en un juego de organigramas.
El quinto punto es apelar al referéndum en las reformas constitucionales de importancia, con excepción de temas fiscales, electorales y de seguridad nacional. Es muy positivo pero se debe establecer con toda claridad quién convoca y con base en qué, sino en lugar de un instrumento democratizador puede convertirse en un mecanismo populista, como hemos visto en otras naciones latinoamericanas recientemente.
El sexto punto es quizás el más controvertido: la revocación de mandato en aquellos casos de notoria ineficiencia, incompetencia o conducta lesiva al interés público de los servidores públicos electos. Por más que se insiste que se deben establecer mecanismos estrictos para evitar los abusos y excesos, los mismos podrían ser inevitables o ser utilizados sólo como una expresión publicitaria. En todo caso, se pueden actualizar los mecanismos ya existentes en ese capítulo.
La séptima R es la rendición de cuentas. Nadie puede estar en contra pero la pregunta es cómo establecerla: la propuesta pide que se base en el Plan Nacional de Desarrollo combinado con el nuevo formato del informe presidencial, con la figura de la pregunta parlamentaria y la comparecencia bajo protesta de decir verdad. En realidad, lo que parece absurdo es el Plan Nacional de Desarrollo como una obligación sexenal: es una rémora de los planes quinquenales soviéticos. ¿En qué PND se podría haber previsto los ataques a Estados Unidos del 11-S o la actual crisis económica?¿con base en qué se podría establecer que el año pasado el petróleo estaría en 100 dólares y ahora en 35?. Establecer la rendición de cuentas con base en el PND no tiene sentido, porque el que no lo tiene es ese instrumento. Tampoco sancionar, como se dice, con base en el desempeño: esa sanción es la que establece o no la ciudadanía a la hora de ejercer el voto. El último punto es una regulación económica moderna en la cual diversas comisiones como la Cofetel, la reguladora de energía y la de competencia sean autónomas, funcional y operativamente.
Tres consideraciones: primero, las reformas se deben aplicar tanto al gobierno federal como a los estados. Hoy los gobernadores siguen ejerciendo muchas atribuciones que se quitaron al presidente, lo que debilita a las instituciones y la gobernabilidad. Segundo: si se van a rediseñar las relaciones de poder, es absurdo denunciar esas u otras reformas pensando que están destinadas en particular a una futura candidatura. Si fuera así jamás habría reforma alguna. Tercero, los partidos tienen que resignar parte de su poder y hoy sólo piensan en concentrarlo: la reciente reforma electoral es una demostración de ello. No puede haber una real redistribución del poder y reforma del sistema si los partidos controlan desde los spots hasta las candidaturas, desde los recursos que reciben y de los que no dan cuenta, hasta las posibilidades de expresión ciudadana. Si el poder debe ser redistribuido, el de los partidos debe ser disminuido en beneficio de la sociedad. La propuesta de Beltrones coloca, directa o indirectamente, todos esos puntos sobre la mesa.