En medio de la epidemia de influenza, el congreso cerró su periodo ordinario dejando muchos pendientes, incluyendo la aprobación de algunas de las leyes relacionadas con la seguridad pública que tantos conflictos y reclamos han generado. Lamentablemente, con lo aprobado, sobre todo por la mezquindad que en el tema han mostrado los priistas, nadie podrá estar satisfecho.
En medio de la epidemia de influenza, el congreso cerró su periodo ordinario dejando muchos pendientes, incluyendo la aprobación de algunas de las leyes relacionadas con la seguridad pública que tantos conflictos y reclamos han generado. Lamentablemente, con lo aprobado, sobre todo por la mezquindad que en el tema han mostrado los priistas, nadie podrá estar satisfecho.
Lo más lamentable es la reforma a la ley de la policía federal realizada por el senado. En la cámara de diputados se había alcanzado un buen acuerdo, funcional y que se mantenía en los actuales límites constitucionales: se establecía que la policía federal podía, como lo estableció la reforma constitucional, realizar investigaciones en forma autónoma, bajo el control del ministerio público que conservaba el mando sobre la policía investigadora, la AFI. Era un mecanismo que podía en muchos sentidos ser perfectible pero que le permitía a la policía federal ampliar sus atribuciones y poder dedicar su esfuerzo a realizar las investigaciones que son el corazón de cualquier institución de ese tipo, más aún si el día de mañana se pretende que reemplace a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
El gusto duró poco: en el último día de sesiones del periodo ordinario, el senado reformó la ley enviada por los diputados y la regresó a la cámara de origen con modificaciones que como dijeron algunos legisladores (Jesús Murillo Karam y Fernando Castro Trenti entre los más propagónicos) le recortaba atribuciones a la Policía Federal. ¿Qué es lo que hicieron? Como constitucionalmente no pueden modificar el hecho de que la PF pueda investigar, reformaron la ley para que no lo pueda hacer con autonomía y todo paso de la investigación deba pasar por el ministerio público, incluyendo la intercepción de comunicaciones telefónicas que ahora la PF no podrá solicitar directamente a un juez sino que tendrá que pasar por el MP para que éste a su vez la solicite. Es una tontería derivada de la guerra política apenas disimulada de algunos priistas con el secretario de seguridad pública. ¿Se imagina el proceso para pedir una intervención telefónica derivada, por ejemplo, de la llamada de un secuestrador si para ello la PF, que es la que suele tener un grupo especializado en estos casos, debe pedir autorización primero al MP, éste enviarla al juez, el juez contestarle al MP y finalmente regresarla a la PF?¿tiene algún sentido un mecanismo tan burocrático en un tema que, además, por sus propias características debe ser confidencial?¿quién podrá garantizar la confidencialidad, que no se filtre información, que las autorizaciones lleguen a tiempo?¿qué ocurrirá cuando los agentes actúen como se dice “en caliente” y luego los abogados defensores de los delincuentes argumenten que, en realidad, se violó la ley?
Porque son muchos los casos en que por esas decisiones legales se termina dejando en libertad a presuntos delincuentes. Hace unos días, Jesús Ortega presentaba como una gran adquisición de su partido, el PRD, al ex jefe de giras de la presidencia con Vicente Fox, Nahum Acosta, como su candidato a presidente municipal de Agua Prieta, Sonora. Dijo que Acosta había sido acusado injustamente y había sido difamado. No es verdad.
Acosta estuvo detenido acusado de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, que tiene su principal centro de operaciones precisamente en Agua Prieta, Sonora. Fue detenido en la residencia presidencial y el entonces presidente Fox reconoció que “el narcotráfico había infiltrado Los Pinos”. La base de la acusación, que provenía de investigaciones de los Estados Unidos y de México, eran las cintas grabadas con conversaciones telefónicas entre Arturo Beltrán Leyva y Acosta, además de otros testimoniales, pero las grabaciones, proporcionadas por los Estados Unidos (un país que le había quitado la visa a Acosta diez años atrás, cuando se descubrió que siendo encargado de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Torreón, había entregado, con su firma al calce, credenciales del INM a un grupo de narcotraficantes, entre ellos Amado Carrillo Fuentes), eran el factor determinante en la acusación. Las grabaciones se certificaron a ambos lados de la frontera y los peritos decidieron que eran las voces de Beltrán Leyva y de Acosta y que las cintas no habían sido alteradas. Pero el juez decidió que no podía aceptar las grabaciones como prueba, prefirió ignorar los hechos y dejar en libertad a Acosta. Hoy es el flamante candidato perredista en la tierra de sus amigos, los Beltrán Leyva.
Pero el punto es que éste es el esquema que privilegiaron los senadores con sus reformas a la ley de policía. Un esquema en el cual, al complejizar los procesos, los hace más vulnerables, menos eficientes y deja huecos por los cuales los delincuentes tienen mayores espacios para evadir la ley.
Por su parte, los diputados aprobaron también la ley de narcomenudeo. En general tiene aspectos positivos, aunque le falta lo principal. Muchos pusieron su atención en las cantidades de droga que puede portar una persona sin hacerse acreedor de una sanción penal e incluso se llegó a comentar que eso implicaba la legalización de las drogas. Es absolutamente falso: lo que se hizo fue establecer un parámetro para que las cárceles no se llenen de adictos en lugar de traficantes, y para no convertir automáticamente a un adicto en un delincuente. Las dosis que se pueden portar son muy pequeñas y de todas formas si una persona es detenida portando esa cantidad puede tener responsabilidades civiles. Ese es un aspecto positivo de la ley. La negativa es que los legisladores decidieron que las autoridades locales pueden participar en la lucha contra el narcomenudeo, pero no establecieron que esa debe ser una obligación, no una opción de las autoridades locales. Y la ley todavía debe pasar por el senado, donde nada indica que vaya a ser mejorada.