Con la confirmación por los propios secuestradores de que el joven Fernando Martí fue muerto por órdenes del aún prófugo jefe de la banda de los Petriciolet, Abel Silva Petriciolet, porque no les llegó el dinero del rescate (cinco millones de pesos) que su padre Alejandro había entregado a quien fungía entonces como su “asesor” en la negociación del secuestro, Ernesto Mendieta, tanto éste como los integrantes de la policía judicial del Distrito Federal que intervinieron en esa entrega están en el ojo del huracán y la sospecha.
Con la confirmación por los propios secuestradores de que el joven Fernando Martí fue muerto por órdenes del aún prófugo jefe de la banda de los Petriciolet, Abel Silva Petriciolet, porque no les llegó el dinero del rescate (cinco millones de pesos) que su padre Alejandro había entregado a quien fungía entonces como su “asesor” en la negociación del secuestro, Ernesto Mendieta, tanto éste como los integrantes de la policía judicial del Distrito Federal que intervinieron en esa entrega están en el ojo del huracán y la sospecha.
Mendieta, el asesor de seguridad que fungió en los hechos como negociador de las familias Martí y Vargas Escalera, en los respectivos secuestros de sus hijos, ha pasado de ser un testigo de esos casos a convertirse en un hombre que le debe explicaciones a sus ex clientes y a las agencias de seguridad, por lo menos las federales.
Mendieta es un ex fiscal que trabajó con Samuel González Ruiz en la vieja UEDO, antecedente de la SIEDO (Samuel ahora es asesor de la bancada del PRD en temas de la reforma judicial y de seguridad) y que tuvo un papel importante en 1994 en la negociación del secuestro de Alfredo Harp Helú. Tiempo después se independizó, inició una agencia de asesoría en seguridad y, aunque formalmente esa actividad está prohibida en el Distrito Federal y otras entidades del país se convirtió en uno de los principales “negociadores” de secuestros.
Mendieta tiene una buena relación, de tiempo atrás, con las autoridades capitalinas, tanto con Marcelo Ebrard como con el anterior procurador Rodolfo Félix Cárdenas. También con la policía judicial capitalina y en más de una oportunidad, como ocurrió en el caso Martí aconsejó a las familias de los secuestrados que contrataban sus servicios a que no recurrieran a instancias federales y que tampoco realizaran las denuncias correspondientes. Ello porque, primero, tenía mejores relaciones con las policías capitalinas y segundo porque si se levantaba la denuncia, su actividad quedaba inmediatamente en la ilegalidad, porque es ilegal negociar un secuestro sin dar aviso a las autoridades. Esos dos consejos son los que lo tienen hoy en un espacio de sospecha. La actividad por cierto, es muy lucrativa: las empresas que se encargan de este tipo de asesoramiento, cobran por lo regular un 20 por ciento de lo que logran reducir de la cifra del rescate: si se solicita un millón de dólares por el rescate de una persona y se termina pagando un millón de pesos, por ejemplo, ellos suelen cobrar el 20 por ciento de esa diferencia entre lo que se pidió y lo que se pagó. Es un peligro en varios sentidos: a los negociadores les conviene alargar el proceso y bajar todo lo posible el monto a pagar porque con ello ganan más, pero eso puede poner en peligro la vida de las víctimas. Pero también, como exigen que no se realice la denuncia correspondiente, o que se efectúe, como recomendó Mendieta en el caso Martí, informalmente ante corporaciones “amigas”, se pierden las posibilidades de tener un seguimiento institucional de los casos y se puede prestar a la corrupción entre negociadores y agentes de seguridad, e incluso secuestradores.
La familia Martí siguió los consejos de Mendieta como luego lo hizo Nelson Vargas en el caso de su hija Silvia. No se realizó la denuncia y cuando se presentó se hizo ante la procuraduría capitalina, que estaba en pleno proceso de cambio por la crisis desatada por las muertes del caso News Divine y se trabajó con los policías judiciales del DF. No se le informó oficialmente ni a la PGR ni a la Policía Federal que son, con mucho, las instancias con mayor capacidad operativa en estos casos. Se llegó a un acuerdo con los secuestradores para el pago de cinco millones de pesos. Estos se entregaron en tiempo y forma. pero el dinero, ahora se sabe, no llegó a la propia banda criminal. Alguien se lo quedó en el camino. El chofer que llevó el dinero, un hombre con décadas trabajando para la familia Martí, está fuera de toda duda. Los secuestradores ahora detenidos (falta el jefe Abel Silva) dicen que no recibieron el dinero ni hay rastros de él. Quedan Mendieta y los mandos judiciales del DF que intervinieron en el proceso.
Peor aún, cuando el 21 de agosto del año pasado, Alejandro Martí presenta aquel crudo testimonio en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y pronuncia aquellas palabras que marcaron el encuentro: “si no pueden, renuncien”, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, públicamente le tomó la palabra y asumió el compromiso. Y milagrosamente unas horas después la procuraduría capitalina descubrió, sin que hasta el día de hoy nos explique cómo y porqué, que el secuestro lo hizo la llamada banda de la flor, detuvo a algunos de los integrantes, entre ellos un personaje llamado Sergio Ortiz y apodado el Apá, y a una policía de la AFI en tránsito a la PFP, la famosa comandante Lore. Y nos aseguran que ellos junto con unos hermanos Cañas, realizaron el secuestro. Pero no hay pruebas. Y hoy sabemos que esos personajes estaban siendo investigados desde tiempo atrás por otros secuestros, pero no hay antecedente alguno que los relacione con el caso Martí. En los hechos lo que se hizo en la procuraduría del DF fue tomar una investigación federal que estaba abierta sobre secuestro y colgarle el caso Martí adaptándolo a modo. Por lo menos eso es lo que se ve públicamente, luego de la detención de los verdaderos secuestradores. Tan es así que esta misma semana, El Apá fue consignado por delincuencia organizado por un juez federal, pero no por el secuestro de Martí sino por otros.
Nelson Vargas dijo que Mendieta lo extorsionó cuando fue el secuestro de Silvia. En el caso Martí las dudas crecen. ¿No es hora de que el procurador Miguel Mancera, un hombre honesto, exija la declaración de Mendieta y de los mandos judiciales involucrados en estos hechos, pero ya no como simples testigos?