Pocas posiciones políticas son tan apetecibles, no sólo por el servicio público que allí se puede proporcionar, como las presidencias de las comisiones de derechos humanos, sobre todo la nacional y la del Distrito Federal. Por ejemplo, el presupuesto para el 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue de 912 millones de pesos y su presidente tiene un status equivalente al de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como toda posición política de primer nivel, sumada al enorme grado de autonomía que se detenta, es objeto de una intensa lucha política por quedarse con ella.
Pocas posiciones políticas son tan apetecibles, no sólo por el servicio público que allí se puede proporcionar, como las presidencias de las comisiones de derechos humanos, sobre todo la nacional y la del Distrito Federal. Por ejemplo, el presupuesto para el 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue de 912 millones de pesos y su presidente tiene un status equivalente al de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como toda posición política de primer nivel, sumada al enorme grado de autonomía que se detenta, es objeto de una intensa lucha política por quedarse con ella.
En estas horas se deben designar en el senado y en la asamblea legislativa del DF, respectivamente, a los nuevos presidentes de ambas comisiones y para las dos existen sendas listas de personajes de todo calibre: ahí están los buenos, los malos y los feos, los que saben y defienden sinceramente los derechos humanos y los que se quieren aprovechar de ellos. Pero en ambos casos ya parece existir una lista de candidatos reales que están siendo negociados por los partidos. El problema es que a la hora de decidir no vayan siendo eliminados los buenos, como ha ocurrido por ejemplo con el IFE y terminen allí los que pueden ser apoyados por todos, porque no tienen un peso específico propio.
En la CNDH ha tenido preeminencia, hasta ahora, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: de allí salió Jorge Carpizo y luego Jorge Madrazo, mientras que Mirielle Rocatti, tenía el apoyo del gobierno del estado de México. La reemplazó, también respaldado por la UNAM, José Luis Soberanes Fernández que contó, en su momento, con un fuerte respaldo de la iglesia católica. Para esta ocasión nuevamente la UNAM, y el equipo de Jurídicas tiene un fuerte candidato: Luis Raúl González Pérez, quien fuera fiscal especial del caso Colosio (le tocó poner por lo menos orden en esa investigación que había destrozado Chapa Bezanilla), y quien tuvo un paso importante en la propia CNDH, sobre todo en el programa de protección de periodistas. Es, sin duda, uno de los principales aspirantes y sería un buen presidente de la Comisión.
Desde las corrientes más progresistas se impulsa a Emilio Alvarez Icaza, que concluye una muy exitosa gestión en la comisión del Distrito Federal. Hay quienes aseguran que Alvarez Icaza tendría el apoyo de Marcelo Ebrard (pese a que tuvieron desacuerdos serios y mucho más con López Obrador) y del PRD y que eso frenaría sus posibilidades. Pero tiene al apoyo de la mayoría de las asociaciones serias no gubernamentales. También está el ministro y ex presidente de la Suprema Corte, David Genaro Góngora Pimentel, que tendría el respaldo del perredismo y de un sector del PRI, al tiempo que otro ministro y ex presidente de la Corte, Mariano Azuela, tendría el respaldo del PAN y de otro sector del priismo. Los dos son, con sus grandes diferencias conceptuales y políticas, personajes irreprochables, la duda es si queremos hacer de la CNDH una extensión de la Suprema Corte y si la Comisión debe asimilar ese estilo de trabajo y operación. Hay más postulantes, entre ellos Gerardo Laveaga, con un perfil cercano al de González Pérez pero con su origen en la Escuela Libre de Derecho, lo que, paradójicamente podría operar en su contra aunque si se trabaran los otros nombres podría ser una opción intermedia viable.
Todos ellos son candidatos respetables, pero creo que si lo que se busca en la CNDH es un cambio de perspectiva, una participación mucho más activa al lado de las organizaciones no gubernamentales y un hombre con independencia y honestidad, la decisión tendría que recaer en Emilio Alvarez Icaza. Allí existiría la posibilidad real de modernizar conceptualmente la institución, darle, a tono con los tiempos, mayor autonomía y legitimidad a sus decisiones.
Para reemplazar a Alvarez Icaza en el DF hay muchos nombres: Mariclaire Acosta, que podría realizar muy bien esa labor; Patricia Colchero, que continuaría con la línea de Alvarez Icaza; Edgar Cortez, ex presidente del Centro Pro y muy cercano a López Obrador y Luis González Plascencia, impulsado por Soberanes. Todos pueden ser buenos. En lo personal creo que Mariclaire podría ser la mejor.