Días atrás, el presidente Calderón reiteró algo que ya se sabía: que el crimen organizado está financiando campañas políticas, sobre todo a nivel local. En el pasado proceso electoral, a pesar de que el IFE no pudo comprobar ninguna irregularidad, las autoridades federales estimaban que en 106 distritos electorales, de los 300 en los que se divide el país, había algún tipo de presencia del narcotráfico en las campañas. Y aún está presente lo sucedido en Michoacán con la caída de alcaldes, funcionarios del gobierno estatal y hasta el hermano del gobernador Leonel Godoy, Julio César, elegido diputado federal y acusado de participar del cártel de La Familia.
Días atrás, el presidente Calderón reiteró algo que ya se sabía: que el crimen organizado está financiando campañas políticas, sobre todo a nivel local. En el pasado proceso electoral, a pesar de que el IFE no pudo comprobar ninguna irregularidad, las autoridades federales estimaban que en 106 distritos electorales, de los 300 en los que se divide el país, había algún tipo de presencia del narcotráfico en las campañas. Y aún está presente lo sucedido en Michoacán con la caída de alcaldes, funcionarios del gobierno estatal y hasta el hermano del gobernador Leonel Godoy, Julio César, elegido diputado federal y acusado de participar del cártel de La Familia.
Y como esos pudiera haber muchos otros casos: en las pasadas elecciones, por ejemplo, el PRI postuló (y ganó la elección) a Mario Anguiano como candidato a gobernador. Fue una decisión muy controvertida que, aparentemente impulsó el PRI local sin la simpatía de la dirigencia nacional. Había datos en su contra muy concretos. El entonces candidato y ahora gobernador tiene dos familiares directos presos por participar en el narcotráfico: su hermano Humberto, preso en México y su primo Rafael, preso en Los Angeles. Beatriz Paredes consultada sobre el tema se limitó a decir que las autoridades federales le habían informado que no había investigaciones abiertas con Anguiano y que por lo tanto no veía causal para que no fuera candidato.
Ahora se presenta otro caso. El alcalde Culiacán, Jesús Vizcarra quiere ser candidato a gobernador por Sinaloa y parece tener todo el apoyo del gobernador Jesús Aguilar, pero el problema es que en su caso existen, como lo adelantamos hace ya varios días, acusaciones serias que detonarían, si era designado candidato, durante su campaña. Pues bien, no se esperaron y estallaron ahora: reforma publicó fotos de hace años de Vizcarra con quien se asegura que es su compadre y socio, Ismael El Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más importantes del país. Y parece que existen numerosas fotografías posteriores a ese evento listas para ser dadas a conocer. Los señalamientos en ese sentido han sido insistentes a lo largo de los años y se han acumulado pruebas documentales, por lo menos de la cercanía del político con la familia del narcotraficante. También se ha mostrado interés por la creciente y rápida fortuna del también empresario. Ese interés persiste tanto en México como en Estados Unidos. Lo decíamos días atrás y lo reiteramos: los conflictos internos en el PRI, sumado a las acusaciones contra Vizcarra pueden dejarle la gubernatura sinaloense al PAN.
Cuando el presidente Calderón dijo que el narcotráfico penetraba las campañas, el coordinador del PAN en el senado, Gustavo Madero dijo que en su partido afortunadamente eso no ocurría. No es verdad, sucede en todos los partidos, sin distinciones ideológicas. Un caso: Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex alcalde de Reynosa y diputado, quiere ser y tiene probabilidades de serlo, candidato del PAN al estado de Tamaulipas. Pero como en el caso de Vizcarra, existen numerosos indicios de que el panista ha andado con malas compañías, desde una lejana detención por robo en los Estados Unidos hasta dudas mucho más recientes sobre sus relaciones. Y en su caso parecen existir pruebas documentales incluso mucho más sólidas que en otros. Se podrá argumentar que esa detención fue algo del pasado. Puede ser, pero, por ejemplo, un caso similar se dio hace algunos años en Monterrey, donde terminó a cargo de la seguridad local un personaje involucrado en el pasado en un secuestro, nadie quiso hacer caso de las advertencias y el resultado, por una u otra razón, fue la penetración de los Zetas en la ciudad, a los que ahora no saben cómo eliminar.
No puedo tener la certidumbre de que Vizcarra, Cabeza de Vaca o los funcionarios michoacanos acusados sean realmente parte de la estructura del narcotráfico, eso lo deberán decidir las autoridades. Pero en una situación como la que vive el país, los partidos, todos, deben ser extremadamente cuidadosos de no levantar sospechas en ningún sentido al respecto. Y hoy no parecen estar tomándolo en cuenta como deberían. No deberían ser candidatos quienes tengan en su contra sospechas ciertas, no estoy hablando de rumores, de que están involucrados con el narcotráfico. Debería ser un compromiso tácito, mínimo, de los partidos.