No deja de asombrarme la mezquindad con que la mayoría de los actores políticos, casi todos, suelen expresarse cada vez que deben analizar o discutir algunas propuestas fundamentales para el futuro del país. Ocurre con el petróleo y la energía, con lo fiscal, con la economía y lo electoral y ahora con la propuesta de reforma política.
No deja de asombrarme la mezquindad con que la mayoría de los actores políticos, casi todos, suelen expresarse cada vez que deben analizar o discutir algunas propuestas fundamentales para el futuro del país. Ocurre con el petróleo y la energía, con lo fiscal, con la economía y lo electoral y ahora con la propuesta de reforma política.
No habían pasado unas horas de que el presidente Calderón había anunciado su decálogo de propuestas cuando algunos actores ya señalaban que éstas habían sido tardías. Seguramente sí, pero lo cierto es que hace dos años, el propio congreso, con el beneplácito del ejecutivo, aprobó una contrarreforma electoral que en su mayoría sólo puede calificarse como muy negativa para los intereses de la ciudadanía. Y que tenían que pasar los comicios de julio para hacer una evaluación de la misma y hacer las reformas de la reforma. Por cierto, salvo Beltrones, no recuerdo que otros legisladores se hayan expresado públicamente a favor de realizar este tipo de reformas que están en el centro, con mayores o menores agregados, de todas las propuestas realizadas por los especialistas.
Se ha dicho también que es una iniciativa que acota las atribuciones del congreso y fortalece las de la presidencia. Es verdad y me parece muy bien que así sea. En los hechos, llevamos 15 años quitando atribuciones a la presidencia y transfiriéndolas de hecho al congreso y a los estados y nuestro sistema no ha ganado nada en términos de gobernabilidad, más bien al contrario. Nadie habla de restablecer las atribuciones metaconstitucionales de las que gozaba el presidencialismo mexicano, pero en la actual situación los instrumentos del ejecutivo, en la relación con otros poderes están muy restringidos y deben actualizarse. También es verdad que como han dicho algunos legisladores, otra vez Beltrones, faltan también reformas que establezcan límites al ejecutivo, como el tema del jefe de gabinete o la ratificación del mismo por el senado. Pero la lógica indica que todo eso es lo que tendrá que adicionar el congreso tomando en cuenta no crear un nuevo Frankenstein con adiciones de todo tipo.
Se ha dicho que la iniciativa busca debilitar a los partidos. Es una verdad a medias: el sistema de partidos saldría fortalecido de esta iniciativa, pero lo que sucede es que abre cauces a la participación ciudadana, con las candidaturas independientes por ejemplo, porque nadie en su sano juicio puede pretender, como ahora ocurre, que los partidos tengan el monopolio de la vida política de un país. Y si los partidos no entienden que su creciente descrédito está íntimamente ligado con la exclusión de la ciudadanía de la cosa pública no saben en realidad qué piensa y siente la gente. Ello, por sí sólo ameritaría una reforma de este tipo.
Pero la posición menos consecuente, por su peso específico, la expresó desde El Vaticano (¿para qué una gira por el Vaticano de un gobernador?) Enrique Peña Nieto, rechazando la reelección de presidentes municipales, diputados locales y diputados y senadores federales. Dijo el gobernador mexiquense, para explicar su oposición, que cada vez que se intentaba imponer la reelección hay estallidos sociales. Peña Nieto se equivoca y confunde la reelección presidencial con la de legisladores o munícipes. La reelección de éstos estuvo vigente en nuestro país hasta bien entrado el gobierno de Calles y no provocó estallido alguno: fue quitada de la constitución porque don Plutarco quería tener el control absoluto del partido y el sistema político. Y evitar esa reelección en un sistema de partido único le otorgaba esa posibilidad. ¿por qué oponerse, porqué tratar de espantar con el estallido social, y por sobre todas las cosas, porqué hacerlo desde el Vaticano? Pero además porqué establecer una “opinión personal” como dijo Peña Nieto, que se contrapone con las posiciones que han mantenido otros dirigentes de su propio partido sobre el tema, nuevamente Beltrones, sin expresar una propuesta, una visión integral de lo que se propone. Y un gobernador como Peña Nieto con tantas y tan justificadas ambiciones para el futuro, si va a participar en este debate (y es legítimo y deseable que lo haga) no sólo debería oponerse a puntos específicos de una reforma, debería mostrarnos cuál es su propuesta para el sistema político: qué país quiere gobernar y con qué instrumentos. En última instancia estas reformas no se aplicarían en este sexenio, sino en el próximo.