Soy de los que cree que la maldad, de alguna forma, existe, es real. Todos la hemos conocido arropada en ocasiones, en intenciones supuestamente filantrópicas o humanitarias. Pero pocas veces se la puede personificar en forma tal evidente como en la historia de Marcial Maciel. Esa es una historia de profunda maldad escudada en la fe. Las denuncias sobre Maciel trascienden, sin lugar a dudas, el ámbito religioso, de la fe. El fundador de la orden de los Legionarios de Cristo sumó en vida una larga serie de atropellos y delitos que deben ser investigados no sólo por las autoridades eclesiásticas y la propia orden sino también por las autoridades civiles.
Para mis amigos Alfredo Harp Helú y José Narro Robles, en estas horas difíciles
Soy de los que cree que la maldad, de alguna forma, existe, es real. Todos la hemos conocido arropada en ocasiones, en intenciones supuestamente filantrópicas o humanitarias. Pero pocas veces se la puede personificar en forma tal evidente como en la historia de Marcial Maciel. Esa es una historia de profunda maldad escudada en la fe. Las denuncias sobre Maciel trascienden, sin lugar a dudas, el ámbito religioso, de la fe. El fundador de la orden de los Legionarios de Cristo sumó en vida una larga serie de atropellos y delitos que deben ser investigados no sólo por las autoridades eclesiásticas y la propia orden sino también por las autoridades civiles.
No se trata de un ataque personal ni mucho menos religioso. Conozco hombres y mujeres de diversas formas relacionados con los Legionarios de Cristo que tienen una vida irreprochable, pero precisamente por eso resulta desconcertante que la propia Iglesia Católica que ha sido tan vehemente y rápida para tratar de revertir leyes con las que no está de acuerdo siga guardando silencio, realizando una investigación ultrasecreta que lleva ya años, que se nos diga que no se sabía de las andanzas de Marcial Maciel y que no tome medidas drásticas ante una serie de hechos que resultan mucho más peligrosos para la iglesia y para la dignidad de las personas que cualquier ley que, en última instancia, ofrece derechos para quien desee hacer uso de ellos.
Lo que sabemos es que la mayor preocupación de la orden, antes de reconocer nada, es blindarse económicamente, evitar que tenga que pagar indemnizaciones muy altas como le ocurrió a diversos arzobispados de los Estados Unidos por distintos escándalos sexuales que, con todo, empalidecen ante el record de Maciel. Puede ser comprensible en una institución que se supone posee bienes por unos 28 mil millones de dólares a nivel mundial y que fue la principal operadora financiera del Vaticano desde el escándalo del banco Ambrosiano, comprensible también por la solicitud de algunos de los supuestos hijos de Maciel que le pidieron a la orden una indemnización de 26 millones de dólares por haber ocultado los fechorías de su padre. Pero demuestra una falta de compromiso, comprensión y sensibilidad ante un tema que debería lastimar a la iglesia en lo ético, lo espiritual, en la fe, mucho más que en sus bolsillos. No sé, no soy ni remotamente experto en el tema, si la orden estará condenada a desaparecer ante el descubrimiento público de tantas lacras de su creador, pero lo que es seguro es que sin una suerte de expiación pública, sin una confesión que transparente los hechos y la realidad, su credibilidad social se verá irremediablemente vulnerada.
Pero mientras la orden y el Vaticano deciden qué hacer, las autoridades no pueden seguir ignorando el tema. La PGR y otras autoridades que tan rápido actuaron, como la propia iglesia, para tratar de frenar legalmente leyes como la del aborto o la del matrimonio de parejas del mismo sexo, no han dicho una palabra sobre el tema Maciel. Pareciera que incluso no se quiere profundizar en él y se olvidan que, como decía ayer Héctor Aguilar Camín, estamos ante una historia que involucra demasiados componentes en una orden que, por ejemplo, es propietaria de una amplísima red de instituciones educativas de todo nivel y que puede ser propiedad privada, pero que forma parte del entramado de la educación pública en el país. No se trata de prejuzgar ni iniciar persecuciones, sino de supervisar qué sucede en ese ámbito; se trata de avanzar en las denuncias que desde tiempo atrás se han presentado; se trata de indemnizar a quien corresponda indemnizar. Lo ocurrido en Estados Unidos o en Irlanda con casos similares, pero políticamente no tan graves como el de Marcial Maciel, debería ser una norma a seguir por las instituciones eclesiásticas (que terminaron aceptando esas culpas y castigos más que a regañadientes) pero sobre todo por las autoridades civiles. Decía Edmund Burke que “para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”. Y aquí no se está haciendo nada.