Todo indica que la reforma laboral no será siquiera discutida en este periodo ordinario, no importa que en términos sociales sea un de las iniciativas más importantes y sensibles para la ciudadanía, sobre todo para esa enorme franja de jóvenes de entre 15 y 25 años que no estudia ni trabaja, ni tiene, tampoco, incentivos para hacerlo, como no los tienen los empleadores para crear esas plazas de trabajo.
Todo indica que la reforma laboral no será siquiera discutida en este periodo ordinario, no importa que en términos sociales sea un de las iniciativas más importantes y sensibles para la ciudadanía, sobre todo para esa enorme franja de jóvenes de entre 15 y 25 años que no estudia ni trabaja, ni tiene, tampoco, incentivos para hacerlo, como no los tienen los empleadores para crear esas plazas de trabajo.
México es uno de los países del mundo donde más caro es crear una plaza laboral y donde los trámites son más complejos y engorrosos. También es uno de los países más caros del mundo a la hora de despedir un trabajador. Lo que ello ha provocado es un notable incremento de la informalidad y de trabajadores que lo hacen por honorarios o por un pago por fuera, sin ningún resguardo o derecho laboral. En la actual lógica, se fortalecen las cúpulas de los sindicatos, aunque, salvo aquellos ligados a monopolios públicos o la educación, todos tienen cada día menos afiliados con una movilidad laboral cada día menor. No hay espacio en ellos ni para los jóvenes ni para las mujeres, mucho menos para los hombres de mediana edad que están buscando un nuevo empleo.
La consecuencia directa de un sistema tan rígido, como siempre sucede en estos temas, es un sistema laboral que vive cada día más en la informalidad y unas dirigencias sindicales cada vez más inamovibles. Y eso se ha recrudecido ante la crisis económica: en lugar de buscar proteger las fuentes de trabajo, los sindicatos (y los partidos que tienen intereses políticos y económicos en ellos) lo que han tratado de preservar es a las propias dirigencias y sus recursos, aunque ello termine afectando a millones de mexicanos sobre todo, insistimos, a los más jóvenes.
Apenas ayer, luego de que ya se había aprobado otra reforma en febrero pasado, el gobierno español, uno de los más afectados por el paro derivado de la crisis y dentro de Europa uno de los que tenía un sistema laboral más rígido (con todo, infinitamente más flexible que el nuestro), decidió proponer una segunda reforma laboral para combatir el desempleo. Entre las medidas propuestas se encuentran una ampliación de las bonificaciones a quienes contraten jóvenes, mujeres o personas con discapacidad, reducciones fiscales, y sobre todo impulsos y bonificaciones empresariales para programas de empleos por contrato para el sector más castigado, los jóvenes de 16 a 24 años, sobre todo si éstos se terminan convirtiendo en empleos permanentes.
En México no podemos hacer algo así porque el sistema no lo permite. No hablemos ya de realizar una reforma laboral en febrero y sacar adelante otra en abril, como están haciendo los españoles, para paliar con rapidez los efectos de la crisis en los empleos permanentes. Lo que resulta asombroso en nuestro caso es que estas reformas están planteándose desde 1995: estaba casi decidida cuando Santiago Oñate era secretario de trabajo y su contraparte empresarial era Carlos Abascal y la sindical Juan Millán. No se sacó porque se decidió postergarla por razones políticas, luego de la crisis que azotó al país en esos años. Todos y cada uno de los siguientes secretarios del trabajo la tuvo sobre su escritorio y con el paso de los años se fueron agregando unos temas, quitando otros, realizando todos los ajustes necesarios. Hasta que por primera vez en dos décadas y media se decidió presentarla ante el congreso. Nadie puede alegar que no conoce el tema y que no ha sido discutido hasta el hartazgo. Mucho menos que se requiere un diagnóstico más preciso. Todos los partidos, todos los actores involucrados en esta historia saben perfectamente qué es lo que hay que hacer.
Pero la reforma ha sido desechada por la mayoría de los partidos sin siquiera molestarse en leer lo que dice la iniciativa: nunca es tiempo, siempre hay agendas políticas que abordar, pero lo cierto es que se imponen los intereses, los dirigentes sindicales que se dicen priistas o de izquierda pero que están unidos por la permanencia de décadas en el poder, un poder que no están dispuestos a resignar en lo más mínimo. Y saben que si se flexibiliza el mercado laboral, millones de jóvenes y no tan jóvenes saldrán beneficiados pero, aunque sea muy parcialmente, su poder se terminará erosionando. Y financian partidos y movimientos con demasiado dinero como para que los diputados lo permitan. La gente, los jóvenes, los desempleados pueden seguir esperando.