Queremos un ejército organizado, adoctrinado y armado para defender nuestros límites geográficos de enemigos convencionales o para defender nuestra soberanía de acuerdo a los nuevos desafíos internos e internacionales que pasan desde el crimen organizado hasta el terrorismo?¿debemos estar preparados para una hipotética guerra contra Guatemala, Belice o Estados Unidos o nuestra prioridad y lo que necesitamos de las fuerzas armadas es lucha contra enemigos globales que ponen en peligro la soberanía como el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo?. No tenemos respuestas legales a esos temas o me temo que tampoco las estamos buscando.
¿Queremos un ejército organizado, adoctrinado y armado para defender nuestros límites geográficos de enemigos convencionales o para defender nuestra soberanía de acuerdo a los nuevos desafíos internos e internacionales que pasan desde el crimen organizado hasta el terrorismo?¿debemos estar preparados para una hipotética guerra contra Guatemala, Belice o Estados Unidos o nuestra prioridad y lo que necesitamos de las fuerzas armadas es lucha contra enemigos globales que ponen en peligro la soberanía como el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo?. No tenemos respuestas legales a esos temas o me temo que tampoco las estamos buscando.
Ley de seguridad nacional que parecía ir por buen camino, una vez más, se topó con diferencias importantes que siguen girando en torno a las posibilidades de intervención del ejército y la marina en la seguridad pública.
En realidad, como decíamos aquí el miércoles el tema en debate, aunque no se haya querido presentar de esa forma, sigue siendo el fuero militar. Distintos senadores aceptarían mecanismos mucho más flexibles de operación si se considerara aceptar que cuando se cumplan tareas de seguridad pública algunos casos de violaciones muy específicas pudieran resolverse en tribunales civiles. En las fuerzas armadas consideran que ello rompería mecanismos esenciales de control y disciplina. Sin embargo, en la medida en que las fuerzas militares se involucren cada vez más en temas de seguridad pública ese espacio, de una u otra forma, tendrá que abrirse.
Pero el problema va más allá y al definir las atribuciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se debería pensar en la configuración de nuestras fuerzas armadas del futuro. Existe el serio peligro de que los legisladores no cumplan con su encomienda en este periodo ordinario pero existe un peligro aún mayor que no aprobar esa ley: que aprueben una mala ley, con profundas imperfecciones, como ocurrió con el registro de celulares o como puede ocurrir con la ley antisecuestros. No puedo entender porqué entre nuestros legisladores se ha impuesto la idea de que elaborar una ley no puede hacerse en los tiempos en que lo reclama la sociedad y las instituciones y simultáneamente con eficiencia legislativa.
Lo cierto es que se deberían definir las atribuciones entrando a otro tema que suele ser tabú: ¿qué tipo de fuerzas armadas queremos?¿realmente queremos mantener un ejército equipo y armado, con una doctrina y lógica de servicio orientada a defender las fronteras del país contra enemigos convencionales o debemos darle un giro a una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía?. Veamos el tema desde un ángulo muy específico: ¿cuáles son las verdaderas amenazas a la seguridad nacional?¿una guerra con nuestros países limítrofes?¿o ese desafío ala soberanía pasa hoy mucho más por el crimen organizado en sus muy diferentes facetas?¿cómo se recuerda y se demanda más a las fuerzas armadas, por su defensa de fronteras o por su labor en temas de seguridad, incluyendo las labores de erradicación de drogas y ante desastres naturales con la aplicación del plan DN3?. Es obvio que la seguridad y la protección son fundamentales y son los que la ciudadanía respalda y respeta. Sumémosle a eso algo que todas las fuerzas militares de naciones del mundo relativamente desarrollado realizan: la participación en fuerzas multilaterales, como los cascos azules, en distintos conflictos internacionales, lo que conlleva múltiples beneficios pero que en nuestro caso está prohibido por ley.
En ese contexto nuestras fuerzas armadas quizás tendrían que cambiar buena parte de su doctrina y sus mecanismos de adiestramiento e instrucción. En realidad, estamos utilizando mucho más a las fuerzas armadas, sobre todo el ejército como una suerte de guardia nacional y quizás tendríamos que formarlo más en esa tarea que en las funciones de defensa de un arma tradicional, dejando éstas para cuerpos mucho más especializados dentro de la propia institución. Si los desafíos son el crimen organizado y la seguridad pública, debemos entrenarlo, darle doctrina y organización destinada a ello; si queremos que conviva con los ejércitos de la mayoría de las democracias permitirle hacerlo. Hoy, legalmente, las fuerzas armadas y el ejército están en una suerte de limbo legal que le pone trabas de operación en ámbitos en los que podría destacar aún mucho más por sus propias capacidades. Y ese limbo frena sus posibilidades de transformación institucional.