La detención de María Elena Ontiveros, apodada La Güera y su aceptación de que fue ella quien encabezó el retén mediante el cual se detuvo a Fernando Martí para su secuestro y posterior asesinato, termina de desfondar el caso de la procuraduría de justicia del DF sobre la banda de la Flor y sus principales personajes, Sergio Ortiz, el Apá, que falleció en prisión y Lorena Hernández, la Lore, quien supuestamente habría sido la que había participado en aquel retén, que ahora sabemos fue montado por La Güera.
La detención de María Elena Ontiveros, apodada La Güera y su aceptación de que fue ella quien encabezó el retén mediante el cual se detuvo a Fernando Martí para su secuestro y posterior asesinato, termina de desfondar el caso de la procuraduría de justicia del DF sobre la banda de la Flor y sus principales personajes, Sergio Ortiz, el Apá, que falleció en prisión y Lorena Hernández, la Lore, quien supuestamente habría sido la que había participado en aquel retén, que ahora sabemos fue montado por La Güera.
La investigación de la policía capitalina era fallida desde un inicio. Luego de aquella reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de agosto del 2008, cuando Alejandro Martí les exigió a los funcionarios presentes que si no podían con la seguridad se fueran, una exigencia que públicamente el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard aceptó, casualmente las autoridades capitalinas “resolvieron” el caso: los secuestradores y asesinos eran de la banda de la Flor, encontraron a su líder, Sergio Ortíz el Apá, quien acababa de sufrir un atentado que lo había dejado casi parapléjico y al borde la muerte y detuvieron a otras personas entre ellas la Lore, una mujer policía que estaba pasando de la AFI a la PFP al momento de su detención. El caso según las autoridades capitalinas estaba resuelto. Pero resultó que no era así. Nunca supimos cómo llegaron los investigadores del DF a Sergio Ortiz, tampoco a la Lore y los otros detenidos (sí hay uno que está detenido con datos firmes, el dueño de uno de los celulares de los que se hicieron llamadas en torno al secuestro). El Apá parecía relacionado con otros presuntos delitos, pero no había evidencia de que hubiera participado en el secuestro de Martí, salvo que tenía en un álbum una foto del joven. En el caso de Lorena, ésta siempre negó su participación y tiene en su favor una prueba contundente: el día del secuestro no estaba en el DF sino en Acapulco y sus abogados consiguieron de Capufe las imágenes de las cámara de seguridad de las casetas de la Autopista del Sol que permiten observarla desde su salida de regreso del puerto a la ciudad de México a partir de las once de la mañana de ese día. La investigación de la procuraduría capitalina no se sostenía y menos se sostiene ahora que la Policía Federal ha terminado de desarticular a los verdaderos responsables de ese y otros catorce secuestros.
Pero lo más importante es que en la investigación que encabezó Luis Cárdenas Palomino para la PF, se fueron atando todos los hilos sueltos que tenía el caso Martí; se fue encontrando a todos y cada uno de los integrantes de la banda que participó en ese secuestro. la banda de los Petriciolet; se ha detenido ya a todos sus integrantes y éstos aceptan su participación en los hechos; y los otros secuestrados que sobrevivieron a esa banda también los han identificado como sus plagiarios. Incluso se encontró la casa donde estuvo Martí y a su asesino material. Pero si eso no fuera suficiente, la PF tiene innumerables pruebas que los involucran, comenzando por un estudio de voces de quienes encabezaron las exigencias de rescate, que terminan exhibiéndolos.
Con todos esos elementos sobre la mesa, Lorena Hernández tendría que ser dejada en libertad de inmediato, pero las autoridades capitalinas no quieren dar su brazo a torcer porque lo perciben como una derrota política. Lo es, y cada día que esa mujer siga en la cárcel será una derrota más profunda aún.
La justicia capitalina hace ya muchos años que no acierta a resolver un solo caso importantes, y en muchos de ellos aparecen culpables que no lo son. Es el caso del asesinato de Paco Stanley, con la detención de Paola Durante, durante meses, sin poder comprobarle nada a ella ni a los otros detenidos. Hasta el día de hoy ese asesinato ha quedado impune. O más recientemente la agresión que sufrió Salvador Cabañas. O hace unos años, el asesinato de los policías en Tláhuac o el secuetro y muerte de la señora Cevallos Coppel, o los muertos del Lobohombo o del News Divine. La impunidad es la norma en la ciudad y ello se refleja en estos casos paradigmáticos.
Es verdad que no es un problema exclusivamente capitalino: podemos ver el desastre de investigación que llevó a cabo la procuraduría del estado de México en el caso Paulette. O la forma en que fueron liberados por la PGR los alcaldes y funcionarios de Morelos, acusados de participar en el cártel de la Familia Michoacana. Pero son estas historias que marcan a la sociedad (el caso Martí, el caso de Silvia Vargas, el de Paulette) los que ejemplifican para la ciudadanía la forma en que se hace (es un decir) justicia en el país. Por lo pronto la justicia es un problema para el presidente Calderón, pero se ha convertido en uno mucho más grave para dos precandidatos importantes: Peña Nieto y Ebrard.