Independientemente de los acuerdos de última hora que se puedan sacar en el congreso, resulta evidente que este periodo ordinario de sesiones que comenzó el primero de febrero pasado, concluirá como habíamos adelantado hace semanas, sin la aprobación de una sola ley, de una sola reforma significativa.
Independientemente de los acuerdos de última hora que se puedan sacar en el congreso, resulta evidente que este periodo ordinario de sesiones que comenzó el primero de febrero pasado, concluirá como habíamos adelantado hace semanas, sin la aprobación de una sola ley, de una sola reforma significativa.
Se podrá argumentar que en el senado podrían salir reformas a la ley de seguridad nacional (con capítulos que tendrían que ser revisados mucho más profundamente) e incluso algunos dicen que también podría aprobarse la tan demorada y cuestionada ley antisecuestros. Pero lo cierto es que, por encima de las insuficiencias de esas u otras iniciativas, difícilmente pasarán del senado a la cámara de diputados y por lo tanto se tendrá que esperar a un periodo extraordinario o hasta septiembre para abordarlas.
Lo grave en todo caso es lo que queda en la congeladora legislativa: aproximadamente unas 650 iniciativas de ley están esperando ser por lo menos discutidas, dictaminadas o desechadas. La eficiencia del congreso es, en ese y en muchos otros sentidos, lamentable. En este periodo ordinario se quedarán varadas desde la prometida reforma política hasta la urgente reforma laboral. Se prometió en diciembre que en febrero se comenzaría a discutir la reforma fiscal integral y ni siquiera se habló de ella. Y se podría continuar con una larga lista de incumplimientos legislativos, más notables, es verdad, en la cámara de diputados pero ni remotamente exclusivos de ella.
Es verdad que la torpeza con que se operaron las alianzas PAN-PRD con todo lo que giró en torno a las mismas, incluyendo aquel pacto firmado por las dirigencias el PRI y el PAN para no avanzar en ese tipo de alianzas a cambio de apoyos legislativos en diciembre pasado, dificultó aún más todo el proceso. Las alianzas PAN-PRD no van a funcionar salvo casos muy aislados y a dos meses de las elecciones lo cierto es que parecen haber ocasionado el efecto contrario al que se buscaba: consolidarán las posiciones del PRI. Pero en esa misma lógica las alianzas han servido, como decía Gómez Mont, al PRI para tener una magnífica coartada para bloquear toda la agenda legislativa y, en cuanto pueden, para tratar de restarle facultades al ejecutivo federal en beneficio del legislativo o de los ejecutivos estatales.
La acción del priismo en ese sentido es consecuente con sus propios intereses. Se podrá argumentar, y ello es válido sobre todo para la reforma política en discusión, que al PRI con las posibilidades serias que tiene de regresar a Los Pinos no le conviene debilitar las facultades del ejecutivo federal. Se equivocan quienes lo consideran así: el PRI gobierna hoy dos tercios de los estados del país y el porcentaje puede seguir aumentando. Sus gobernadores se han convertido en el nuevo modelo político en personajes mucho más poderosos que nunca antes durante los 70 años de la hegemonía de su propio partido. En el pasado un gobernador del PRI estaba sujeto a los dictados de un presidente priista con enormes poderes: en los últimos gobiernos del tricolor, salvo y parcialmente en el gobierno de Ernesto Zedillo, el número de gobernadores que fueron cambiados desde la presidencia alcanzó a casi dos tercios del total en cada administración. Y la designación de sus sucesores se decidía en Los Pinos.
Hoy, si vemos lo ocurrido con las candidaturas a gobernadores priistas para el próximo 4 de julio, podemos comprobar que en todos los casos los mandatarios locales en turno han designado a sus sucesores. Y esos mismos mandatarios resultan intocables por el gobierno federal. Y nadie en el PRI quiere perder esos espacios ganados al ejecutivo federal que, aunque hacen menos eficiente el funcionamiento de la maquinaria gubernamental, consolida a los grupos de poder locales y, paradójicamente, le vuelven a otorgar al PRI una capacidad electoral que había perdido.
Por eso no sale la reforma política, por eso el PRI quiere que se ratifique a los miembros del gabinete en el senado, que no se reduzca el número de legisladores, que no haya reeleción. Y por eso los priistas, con la mira en el 2012, no se ponen de acuerdo entre sus senadores y diputados. Quizás después del 4 de julio pudieran cambiar algunas cosas, quizás se podrán aprobar algunas iniciativas pero si los resultados se dan como hoy se perciben, estas tendencias en lugar de debilitarse se seguirán fortaleciendo.