Las líneas de investigación en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos se reducen y con ello se torna cada vez más complejo alcanzar una suerte de final feliz en toda esa historia. Las autoridades federales y estatales dicen estar trabajando en dos hipótesis básicas: el crimen organizado y una venganza, sobre todo después de que el EPR, a través de un comunicado, informara que esa organización no tenía en su poder a Diego e incluso lamentaran el secuestro.
Las líneas de investigación en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos se reducen y con ello se torna cada vez más complejo alcanzar una suerte de final feliz en toda esa historia. Las autoridades federales y estatales dicen estar trabajando en dos hipótesis básicas: el crimen organizado y una venganza, sobre todo después de que el EPR, a través de un comunicado, informara que esa organización no tenía en su poder a Diego e incluso lamentaran el secuestro.
La venganza puede ser una línea de investigación sólida. Diego, como abogado litigante, ha participado en innumerables casos muy controvertidos y con fuertes intereses contrapuestos. En ese sentido, son muchos los que pudieran tener de alguna forma cuentas pendientes que quisieran cobrar con el ex candidato presidencial. Algunos hablan incluso de conflictos que pudieran ingresar en ámbitos muy personales, incluso sentimentales. Todo puede ser, pero para pasar de la hipótesis, o la línea de investigación, a los hechos como que hay mucha distancia. Y si fuera un venganza no se entendería tampoco el secuestro: las cosas hubieran sido diferentes.
Algo similar ocurre con el crimen organizado. Por supuesto que existe la posibilidad de que algún grupo haya decidido agredir a un personaje público tan influyente y que además solía andar sin seguridad personal: en esta suerte de guerra contra el narcotráfico, todo lo que debilite al gobierno le ayuda a los grupos criminales y a nadie le tendría que caber la duda de que estos hechos han golpeado a la administración Calderón. Pero ésta no parece ser una acción típica del crimen organizado. Esos grupos quieren demostrar su poder: exhibirlo, desafiar al Estado. Un secuestro sin peticiones especiales, sin una reivindicación específica no le serviría al narcotráfico.
Por eso mismo la hipótesis de los grupos armados aparecía como más lógica: éstos pueden reivindicar o no el secuestro de inmediato y pueden contar con tiempos y espacios diferentes. El comunicado del EPR parece despejar dudas respecto a su hipotética participación. Pero, siendo la de mayor capacidad operativa, no es la única organización armada en el país: ha tenido varias fracciones, que operan con autonomía, se han intentado crear otros grupos que no tienen relación con esas viejas organizaciones y se han sucedido varios secuestros en distintos puntos del país que tienen, según las autoridades federales, todo la apariencia de haber sido realizado por grupos armados, a pesar de que el EPR ha declarado que desde tiempo atrás no está realizando secuestros. La posibilidad, entonces, de que alguno de esos grupos pudiera haber realizado el secuestro no está cancelada.
Un secuestro económico no parece tener demasiado sentido, salvo que se trate de grupos demasiado sofisticados o, paradójicamente, demasiado inexpertos. No se secuestra al que paga, dice la primera línea del manual de un secuestrador, y ello se debería aplicar doblemente a un hombre como Fernández de Cevallos.
La impresión que queda es que éste es un secuestro que tiene otros objetivos y lecturas. El lunes decíamos que podría equipararse al que sufrió Fernando Gutiérrez Barrios en diciembre del 97 y que nunca se supo, por lo menos públicamente, quién lo realizó y con qué objetivo, fuera de un pago de rescate que fue mucho menor a lo esperado. Y entre aquel Gutiérrez Barrios y éste Diego, aunque tengan poco que ver entre sí, aunque sus historia han estado muy separadas en el tiempo y el espacio político, existe muchos puntos de contacto: ambos se consideraban, con razón, como políticos desplazados del poder, a pesar del enorme caudal de información y relaciones que tenían o tienen en el caso de Diego; ambos mantenían diferencias internas con los grupos hegemónicos de su propio partido; los dos mantenían, pese a ello, posiciones de poder muy considerables en la administración federal (la influencia de Diego en la secretaría de Gobernación y la PGR es indudable). Y, por lo menos con lo que se sabe hasta ahora, el secuestro de Diego resulta tan oscuro como aquel de Gutiérrez Barrios que nunca se supo quién lo realizó y tampoco qué se negoció realmente en torno al mismo. El mayor valor de Diego en una circunstancia como ésta, cómo ocurría con Gutiérrez Barrios, es la información con la que cuenta el personaje, información que en el caso de Diego alcanza, y por mucho, no sólo el mundo de la política sino también al de los negocios. Gutiérrez Barrios fue liberado una semana después de su secuestro. Ojalá en el caso de Diego ocurra algo parecido pero que ahora sí sepamos qué ocurrió y quién fue el responsable de esos hechos.