El problema de fondo es la credibilidad. No hay credibilidad en el sistema de justicia. Y no la hay porque las averiguaciones están mal integradas; porque los jueces adoptan decisiones por lo menos extrañas; porque en ocasiones la política, en ese mar de confusiones, mete mano y decide hacia dónde, de acuerdo con el momento y la conveniencia, se debe dirigir la justicia.
El problema de fondo es la credibilidad. No hay credibilidad en el sistema de justicia. Y no la hay porque las averiguaciones están mal integradas; porque los jueces adoptan decisiones por lo menos extrañas; porque en ocasiones la política, en ese mar de confusiones, mete mano y decide hacia dónde, de acuerdo con el momento y la conveniencia, se debe dirigir la justicia.
El caso de Greg Sánchez es, en este sentido, uno más. Desde tiempo atrás existían acusaciones sobre el alcalde con licencia de Cancún, ahora candidato del PRD, PT, Convergencia al gobierno de Quintana Roo. Su partido, el PRD, estaba informado desde enero que se estaba integrando una averiguación previa en su contra. El propio Sánchez tuvo que rendir declaración como inculpado a principios de mayo. A nadie pareció importarle demasiado. En cualquier otro país, en esas circunstancias, el hombre no hubiera sido candidato y hubiera tenido que defender su caso en tribunales, su partido no le hubiera permitido serlo porque ello implicaría un descrédito para el partido y sus aspiraciones electorales. Pero en nuestro caso es al revés: se lo utiliza como un argumento más para demostrar una supuesta persecución política. Ahora Sánchez pasa de ser un sospechoso de tener conocimiento y relación con el asesinato del militar de más alto rango muerto en la lucha contra el narcotráfico, el general Mauro Enrique Tello Quiñones, a convertirse en víctima.
¿Está bien integrada la averiguación previa? Quien sabe. Lo cierto es que todo el equipo de seguridad del ex alcalde está preso por ese asesinato y él mismo está inculpado de manejos de lavado de dinero por movimientos que no se pueden explicar con base en sus ingresos. El PRD considera que es una víctima y lo equipara al michoacanazo que precisamente cumplió un año el mismo día de la detención de Greg.
¿Por qué puede hacerlo?. Porque en el llamado michoacanazo se negoció la justicia. Dicen en la PGR que los inculpados quedaron en libertad porque estuvieron mal integradas las averiguaciones previas, una forma de cargarle la responsabilidad a la anterior administración de la PGR. Pero el hecho es que la actual administración permitió, primero, que los detenidos fueran llevados del penal de Nayarit al de Morelia donde estaban en condiciones privilegiadas de detención y de donde han salido en libertad sin mayores problemas, a pesar de que muchos de ellos tenían en su contra acusaciones muy duras. Pero quedaron en libertad porque en un hecho insólito, sobre todo en casos de delincuencia organizada, la PGR no apeló la decisión del juez: si lo hubiera hecho, prácticamente ninguno de los detenidos por el michoacanazo estaría hoy en libertad. ¿Por qué no apeló? Nadie los sabe, la única casualidad es que eso se dio al mismo tiempo que se establecía la alianza electoral PAN-PRD. En este último le exigían al presidente Calderón una disculpa pública por haber detenido a esos funcionarios. Ahora se detiene a Greg Sánchez y se dice que es para apoyar al PRI.
Pero el propio PRI en Quintana Roo, apenas la semana pasada, estaba organizando manifestaciones de apoyo al ex gobernador Mario Villanueva Madrid, también acusado de relaciones con el narcotráfico y que después de cumplir una larga condena en México ha sido extraditado a Estados Unidos. Para el PRI local, la extradición de Villanueva también es parte de una operación política, en ese caso dijeron que para afectar las elecciones de Mérida.
Y en el PAN están igual. Su candidato en Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, tiene un auto de formal prisión acusado de tráfico de influencias y uso indebido de la función pública cuando era alcalde de la capital del estado. La acusación fue presentada por diputados del PRI pero en el PAN están convencidos de que fue impulsada por el gobernador, se supone que panista, Luis Reynoso Femat. No importa: se dice que es una maniobra política y en un hecho otra vez insólito el Tribunal Electoral le permite inscribirse como candidato a pesar de contar con un auto de formal prisión en su contra, lo que podría hacer suponer que incluso Greg Sánchez podría tener la misma suerte, con la diferencia de que Sánchez está detenido y Orozco no. Pero la norma es que nadie acepta las decisiones de la justicia. Y no las aceptan porque saben que éstas, con una presión adecuada, se pueden doblar.