El viernes fue el día más violento del sexenio: un mínimo de 68 muertos (otros hablan de esta 89), tres por hora, fue el saldo de una jornada que se caracterizó por el cuarto ataque en Chihuahua contra un centro de tratamiento de adicciones que dejó en esta ocasión 19 víctimas en el centro cristiano Fe y Vida, al norte de la capital del estado.
El viernes fue el día más violento del sexenio: un mínimo de 68 muertos (otros hablan de esta 89), tres por hora, fue el saldo de una jornada que se caracterizó por el cuarto ataque en Chihuahua contra un centro de tratamiento de adicciones que dejó en esta ocasión 19 víctimas en el centro cristiano Fe y Vida, al norte de la capital del estado.
El ataque vuelve a poner sobre la mesa dos puntos que han sido una y otra vez subestimados: no hay control ni normatividad sobre el funcionamiento de los centros de tratamientos de adicciones en el país y, por eso, estos son utilizados cada vez más como verdaderos centros de operación de distintos grupos criminales, sobre todo de pandillas. Eso fue lo que ocurrió en los tres ataques anteriores en el estado de Chihuahua, no sabemos qué características tenía el llamado Fe y Vida, pero todo parece indicar que se ubica dentro de esa norma. Según la información previa los ejecutores eran del grupo de La Línea que son parte del cártel de Juárez y las víctimas de la Gente Nueva, que son parte del cártel del Pacífico. A su vez esos grupos están conformados por pandilleros, los primeros de los mexicas, los segundos de los artistas asesinos.
No debería llamarnos la atención de que eso suceda en Chihuahua, sino que no esté ocurriendo en otros puntos del país. En Michoacán, fue público que los albergues Gratitud, que se presentaban también con una mampara religiosa, eran un centro de reclutamiento, adoctrinamiento y operación de La Familia Michoacana. Por allí pasaron miles de jóvenes para ser captados, por las buenas o por las malas, por ese grupo criminal. Y lo mismo se repite en todo el país, sobre todo en las zonas más marginales.
Pero no existe control alguno sobre esos centros: estamos escandalizados por lo sucedido en la guardería ABC y se exige, con toda razón, justicia a los responsables. Pero olvidamos la enorme cantidad de víctimas que están internadas en muchos de esos centros que se han convertido en exactamente lo contrario de lo que pregonan. Hay, por supuesto, instituciones que trabajan en forma notable, tanto en el ámbito público como privado, en particular, por el efecto masivo de su labor, los Centros de Integración Juvenil. Pero ¿quién controla los que manejan algunas instituciones dizque religiosas que tienen métodos cavernarios para supuestamente “curar” a los adictos?¿quién controla los que manejan los grupos criminales para guardar en ocasiones a algunos de sus miembros que necesitan protección, para adoctrinar jóvenes, para darles entrenamiento, para usarlos, vaya paradoja, como centros de distribución de drogas?¿quién controla las casas de tratamiento de adicciones que se ha descubierto que han servido para mantener personas secuestradas, ya sea para pedir un rescate económico o como un escondite en la larga travesía de la trata de personas?.
Y no hay control porque nadie se quiere hacer responsable del mismo. La secretaría de Salud federal tiene una normatividad que no se aplica en los estados, y éstos y los municipios simplemente no hacen ni visitas a esos centros. Cualquiera puede instalarlos y comenzar a dar “atención” ya sea gratuita o no, y no pasa nada. Se olvida que la adicción es una enfermedad y de la misma forma en que nadie debería poder atender clínicamente a una persona sin estar preparado y certificado, en un lugar que cubra ciertas condiciones, lo mismo debería suceder en el caso de las adicciones. Y definitivamente no es así. Por eso los criminales se ensañan con algunos centros y utilizan otros para su beneficio. Las víctimas se suman, pero las autoridades, todas, prefieren seguir mirando hacia otro lado.
Decisiones y denuncias
Hoy la Suprema Corte deberá iniciar formalmente el debate sobre el dictamen previo del ministro Arturo Saldívar sobre el caso ABC. Un punto deberá ser discutido con cuidado y es el que ha generado mayor debate: la acusación de que el IMSS no atendió adecuadamente a las víctimas, lo que llevó a señalar como uno de los responsables a su director Daniel Karam. Hay un rechazo generalizado del sector médico (y de la propia UNAM, encabezada por un médico, el rector José Narro) a esa acusación, que no parece tener fundamentos. Pero el resto del dictamen no parece estar errado.
Un segundo tema llama la atención, la tendencia del PAN a denunciar todo como un trama preelectoral corrupta. Ahora el diputado Oscar Arce dice que la propuesta de crear policías únicas estatales “estará a prueba el 4 de julio”, porque “los priistas pueden utilizar las policías electoralmente”, como si no pudieran hacerlo, los priistas, los panistas y los perredistas, con las municipales aún con mayor facilidad. El sentido común es mucha veces el más escaso de los sentidos.