Decía Abba Eban, un célebre diplomático israelí, que “los hombres y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todos los demás recursos”. La pregunta en el inicio de este mes de septiembre, el último mes de López Obrador en el poder, es si realmente hemos agotado todos los recursos previos, todo el arsenal de insensateces, para poder comenzar con cierta “sabiduría”, me conformaría con sensatez, la próxima administración..
Creo que todavía no. Creo que estamos comenzando el mes más peligroso del sexenio con un mandatario que no entiende que se va y que tampoco entiende el legado que le deja a su sucesora, un presidente que quiere dejar una huella histórica que no comprende que se puede convertirse en una herencia maldita para la próxima administración y para el país.
En este mes de septiembre el presidente López Obrador ha impuesto una agenda legislativa absurda para quien está a días de abandonar el poder y de dejarlo en manos no sólo de su propio partido sino de la sucesora que él mismo eligió. La reforma judicial rechazada dentro y fuera del país, pero sobre todo dentro del propio poder judicial, no tiene sentido alguno, implica una labor de destrucción de la justicia, de las carreras judiciales, paralizará al sistema durante meses y puede ocasionar que se rompa el más importante instrumento articulador de nuestra economía: el TMEC con Estados Unidos y Canadá y que no se renueve el acuerdo comercial con la Unión Europea.
Está en manos de Claudia Sheinbaum tratar de moderar un proceso que es irracional, comenzando por la propia redacción de la iniciativa aderezado con la visión presidencial de que “el derecho no es muy complicado”. Resulta casi imposible que la reforma no sea aprobada, pero faltan entre 18 y 30 leyes secundarias que se deben redactar para que mínimamente pueda funcionar, aunque en una lógica de aplanadora autoritaria con solo la reforma constitucional se podrían comenzar a imponer decisiones incluso sin las leyes secundarias que la respalden.
Pero la iniciativa de reforma está tan mal planteada y redactada, que se pueden tomar tiempos y plazos para transformarla en algo sensato. Un ejemplo, hay abogados y jueces especializados en derecho penal, administrativo, familiar, civil, internacional, se quieren imponer los jueces sin rostro para crimen organizado (una figura que ya fracasó en otros países, pero ese es otro tema), que toma años, en algunos casos décadas, formar. En la iniciativa no se habla de división alguna, es algo así como todo para todos, se ignora la capacitación, la antigüedad, la experiencia, y el área de especialización. Imagine, por ejemplo un juez especializado en derecho familiar que sea enviado a Tamaulipas para delitos de crimen organizado.
Si simplemente se pensara en establecer con claridad los requisitos para ejercer y ser evaluado en cada una de las ramas de la justicia, tendríamos una espacio para debatir de verdad y ver qué se puede y debe cambiar en el sistema de justicia.
Entiendo que el objetivo del presidente López Obrador, más allá de cualquier otra cosa, es cambiar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Es una suerte de venganza política que no se quiere ahorrar. Salvo que se pueda frenar todo el proceso veo casi inevitable que no logre esa decisión tan desacertada como inamovible en su agenda y que tendrá que hacer suya la futura presidenta.
Si existieran mayores plazos y posibilidades de reelaboración de la reforma se podría avanzar en pasos mucho más sensatos, incluso teniendo que asumir esa cambio o evaluación de ministros: en primer lugar, no comenzar por la justicia federal sino por la local que es literalmente una zona de desastre y donde más afectada es la población. En el ámbito federal existen inconsistencias y puede haber espacio para la corrupción, en el local la justicia se hace de la mano con el gobernador en turno y la gente suele quedar desprotegida en un sistema que no tiene contrapesos. Ahí habría que comenzar.
En el plano federal más allá de que ser puedan mover o no los ministros, que es lo que quiere López Obrador y quizás también Claudia, se tendría que separar claramente la Corte, para temas constitucionales, del Consejo de la Judicatura Federal, con presidencias separadas y a partir de ahí poder ir reconstruyendo el sistema.
Esa y muchas otras son las medidas que se podrían implementar incluso en el marco de esta reforma tan desafortunada para reducir unos costos que pueden ser definitivos para el futuro de la administración Sheinbaum. La pregunta es si se comprenderá que ya se han agotado todos los recursos para evitar ese choque de trenes con la realidad que terminará siendo catastrófico para nuestro futuro.
Estados Unidos y el Mayo
La negativa de Estados Unidos de proporcionar información sobre lo sucedido con la caída de El Mayo Zambada es tan contundente como la desconfianza. Un ejemplo, cuando comenzó, tarde, la FGR la investigación sobre el tema, pidieron a sus homólogos estadounidenses que recibieran a un grupo de ministerios públicos para tener información sobre lo sucedido.
Después de muchas consultas, ese grupo fue recibido en El Paso (donde está detenido el Mayo y donde están, dentro del área de Fort Braggs, las mayores instalaciones antidrogas del gobierno estadounidense), se los recogió en el aeropuerto en una camioneta, se los llevó a una oficina, les pidieron que esperaran y ahí estuvieron unas seis horas sin que nadie los recibiera. Apareció entonces un oficial estadounidense, les dijo que había concluido la sesión informativa y los llevó de regreso al aeropuerto. No puede haber un mensaje más contundente.